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La jueza Mariana Mota, que hoy asumirá como magistrada civil, tenía a su cargo 50 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura por ser derivados de la causa contra Juan María Bordaberry, que también estaba en su sede.

Mota ocupaba la titularidad del juzgado penal de 7° turno desde marzo de 2009, pero en forma sorpresiva la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió su traslado a la sede civil de 1° turno, cargo en el que prestará juramento en la mañana de hoy.

La resolución de la Corporación se le notificó a la magistrada el miércoles, aunque no se le indicaron las razones que generaron el traslado. En lugar de Mota la SCJ designó a la jueza Beatriz Larrieu, hasta ahora magistrada suplente.

El traslado de Mota causó malestar en las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que valoran como muy positivo el trabajo de la magistrada en la materia.

De hecho, Mota concentraba en su juzgado unos 50 casos de homicidios, desapariciones y torturas durante la dictadura. Ese total representa poco menos de la mitad de causas que están en curso.

Para presentar cualquier denuncia, se debe concurrir a la Oficina Distribuidora de Asuntos del Poder Judicial, que le asigna el juzgado. Pero si el caso está relacionado a uno ya en curso, la denuncia se incorpora a ese expediente.

Así, el abogado Óscar López Goldaracena, denunciante en varios causas de derechos humanos, dijo a El País que la sede que tenía Mota a su cargo centraliza tantos casos ya que la mayoría se iniciaron como derivaciones del "expediente madre" que se seguía contra el exdictador Juan María Bordaberry, fallecido en julio de 2011.

Bordaberry fue procesado en diciembre de 2006 por la jueza Graciela Gatti, quien por entonces estaba al frente del juzgado penal de 7° turno. La jueza le imputó diez homicidios registrados durante el gobierno de facto que él encabezó.

En febrero de 2010, ya con Mota a cargo de la sede, Bordaberry fue condenado a 45 años de prisión por 11 delitos de lesa humanidad (9 desapariciones y 2 homicidios políticos) y el delito de atentado a la Constitución, por el golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

Si bien la causa contra Bordaberry se cerró tras su fallecimiento, los casos conexos a ese expediente se siguen investigando, dijo López Goldaracena. "Con todos los desaparecidos en el período de Bordaberry se formó un expediente para cada uno en la medida que se fueron aportando datos", explicó.

MOVILIZACIÓN.

Mota jurará hoy ante la SCJ en su nuevo destino. A las 10:30 diversas organizaciones sociales se manifestarán frente a la sede de la SCJ en apoyo a la magistrada y rechazo a su traslado.

En la convocatoria que ayer circuló en las redes sociales, se indicó que la intención es rendirle un "reconocimiento" a Mota ya que "retomó y proyectó la mejor historia uruguaya de independencia republicana de poderes y de compromiso valiente por la tutela de los Derechos Humanos".

La movilización es promovida, entre otros, por la Federación de Estudiantes Universitarios, la agrupación de madres y de hijos de desaparecidos y agrupación de ex presos políticos Crysol.

Mota ha sido duramente cuestionada por los centros sociales militares ya que consideraron que su proceder en torno a los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no fue imparcial.

Por ejemplo, en 2011 la jueza asistió a la "Marcha del Silencio" que todos los 20 de mayo realizan familiares de desaparecidos y organizaciones sociales. Por ese hecho la SCJ abrió una investigación contra la jueza, la que si bien terminó sin consecuencias, se cuestionó el accionar a la magistrada.