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La asonada de ayer en la Suprema Corte de Justicia y el anuncio del Frente Amplio de que citará a los ministros para que expliquen el traslado de la jueza Mariana Mota, provocó el rechazo de la oposición y resistencia en la propia Corporación.

Convocados por el Pit-Cnt y organizaciones vinculadas a denuncias contra militares de la dictadura (1973-1985), decenas de personas coparon al mediodía la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), mientras otras decenas manifestaban en el pasaje Derechos Humanos de Plaza de Cagancha en contra del traslado de Mota de un juzgado penal a otro civil.

Mota es la jueza que concentraba medio centenar de denuncias contra militares de la dictadura. Ayer juró como jueza en lo civil, acatando una decisión de la SCJ comunicada esta semana. (Ver página A/7).

La SCJ denunció el copamiento y los incidentes en el juzgado de Gabriela Merialdo, que hoy sábado tomará declaraciones a los policías que actuaron en el desalojo de la sede del Poder Judicial.

El traslado de Mota fue también criticado desde el gobierno. El canciller Luis Almagro declaró a La Diaria que con la medida de la SCJ solo quedan contentos "los dinosaurios" en desmedro de "las víctimas".

En la misma línea, el senador frenteamplista Enrique Rubio anunció ayer mientras se desarrollada el copamiento de la SCJ, la convocatoria de los ministros al Parlamento para que expliquen el traslado de Mota. "Entendemos que las explicaciones que se han dado por algunos voceros son insuficientes o contradictorias y es bueno desde el punto de vista institucional que estas cosas se aclaren porque de lo contrario se provoca una erosión institucional", dijo Rubio.

Para Rubio, con la decisión de la SCJ de trasladar a Mota "hay un grupo de gente, de violadores de derechos humanos, que está festejando". Según dijo, "por razones de transparencia democrática es imprescindible que la Corte brinde explicaciones".

Por su parte, el Partido Comunista y el Pit-Cnt abonaron ayer la polémica con dos comunicados donde critican a la SCJ, respaldan a Mota y cuestionan el procedimiento policial que desalojó a los manifestantes.

"Repudio a la provocadora y activa presencia de fuerzas de choque en el marco de una manifestación popular, pacífica y justa", dice la declaración del PCU sobre el proceder de los subalternos del ministro del Interior, Eduardo Bonomi (MPP).

El Pit-Cnt, en tanto, dijo que el traslado de Mota debe entenderse en el marco de las "intrincadas tramas de intereses que siguen apostando a perpetuar la impunidad" por los crímenes de la dictadura. Además, denuncia "una suerte de gatopardismo existente en todos los niveles" del Estado "con relación a sus obligaciones en torno a las violaciones a los derechos humanos" y que Mota es "una nueva víctima" de esto.

Al igual que Almagro y Rubio, la declaración del Pit-Cnt hace referencia al "regocijo" que el traslado de Mota despertó entre los militares detenidos en la cárcel de Domingo Arena, y apoya el planteo del Frente Amplio de que los ministros de la SCJ expliquen la medida en el Parlamento.

"No nos encontramos en un estado feudal, sino en un estado democrático donde como ciudadanos dirimimos nuestros conflictos ante tribunales de justicia en los que debemos tener confianza y explicaciones satisfactorias de sus decisiones", concluye la declaración del Pit-Cnt.

"BESTIAS".

Así como el gobierno, el Frente Amplio y el Pit-Cnt se alinearon en contra de la SCJ, en la oposición fue unánime el respaldo a la actuación de los ministros de la Corte y en que no corresponde que vayan al Parlamento a explicar sus decisiones.

"Creo que la Suprema Corte no le debe rendir cuenta acerca de las medidas que toma en el ejercicio de su competencia. Así como nosotros no le rendimos cuenta a la Corte de las medidas administrativas que tomamos, tampoco la Corte nos debe dar cuenta de las medidas administrativa que tome", dijo a El País el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay).

Pasquet consideró una "injerencia parlamentaria que supondría una lesión al principio de separación de poderes" la citación de la SCJ.

Su compañero de bancada y líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, fue en el mismo sentido que Pasquet, y agregó: "Como integrantes de un poder del Estado debemos tener especial respecto al Poder Judicial, tenemos que guardar silencio y respeto por sus decisiones. El día que vivimos hoy es triste para las instituciones".

Para el expresidente y senador Luis Alberto Lacalle (Unidad Nacional) tampoco corresponde citar a la SCJ al Parlamento. "Es tan posible que concurra la Suprema Corte como que los cardenales del Vaticano respondan a una convocatoria del Frente Amplio", dijo Lacalle.

"No pueden convocar a la Suprema Corte, porque de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional y a la teoría de separación de poderes que es la rige en todos los países democráticos, la Suprema Corte es independiente y sus fallos y decisiones pueden ser susceptibles de critica pero no de contralor parlamentario. No sean bestias, no la pueden convocar", concluyó.

En tanto, el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), coincidió en que es inviable la convocatoria a la SCJ. "Rige el principio de separación de poderes, por ejemplo el Poder Legislativo puede citar a los ministros pero no al presidente", explicó Larrañaga.

Y el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, denunció que la citación del Frente Amplio es "un intento terrible de presión" sobre el Poder Judicial, y consideró un "desacato" la manifestación de ayer frente a la sede de la SCJ.

"UNA LOCURA".

Un ministro de la SCJ, que pidió reserva de su nombre, mostró ayer su sorpresa ante el anuncio de la citación al Parlamento. "Habrá que verlo, pero no creo que existan antecedentes de algo así", dijo a El País. "Normalmente, en un año se trasladan unos 100 jueces y ningún legislador pide explicaciones por eso", agregó.

"La Corte no puede evaluar cada traslado como si fuera un drama o una complicación institucional. Los traslados de penal a civil o a otra materia no son extraños, sino que son el devenir de la carrera judicial", dijo el magistrado, que recordó que dos de los actuales ministros de la SCJ (Jorge Ruibal Pino y Julio César Chalar) en su momento pasaron de la materia penal a la civil.

Por su parte, el constitucionalista Martín Risso dijo a El País que "es una locura" plantear una invitación a la SCJ para que explique el traslado de la jueza Mota, porque de esa forma se violaría el principio de separación de poderes.

"Sería una suerte de presión del Poder Legislativo en un asunto que es privativo del Poder Judicial", explicó Risso.

SENADOR DEL FRENTE AMPLIO

Hay un grupo de violadores de derechos humanos que está festejando. Por razones de transparencia democrática es imprescindible que la Corte brinde explicaciones".

SENADOR DEL PARTIDO NACIONAL

Es tan posible que concurra la Suprema Corte de Justicia como que los cardenales del Vaticano respondan a una convocatoria del Frente Amplio. No sean bestias, no la pueden convocar".

SENADOR DEL PARTIDO COLORADO

La Corte no le debe rendir cuenta de las medidas que toma en el ejercicio de su competencia. Citarla sería una injerencia parlamentaria que supondría una lesión a la separación de poderes".

PRESIDENTE PARTIDO INDEPENDIENTE

La citación del FA es grave. El Poder Legislativo no tiene facultades de control sobre el Poder Judicial, si así fuera estaríamos dando pasos ciertos hacia un sistema no democrático".

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) se apresta a declarar en los próximos días la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2011 y por la cual se interpretó la ley de Caducidad elevando los plazos de prescripción de los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985).

La ley 18.831, en su artículo 1°, señala: "Se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986".

Y en el artículo 2° de la ley se estableció que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley".

La ley cuestionada fue aprobada para evitar que los delitos cometidos durante la dictadura prescribieran después del 1° de noviembre de 2011, fecha tope establecida según la interpretación jurídica mayoritaria.

Sin embargo, la ley 18.831 fue impugnada por decenas de militares indagados en casos de homicidios, desapariciones y torturas, quienes alegaron que la ley penal no puede aplicarse en forma retroactiva.

Según informó ayer el diario El Observador, entre los cinco ministros de la SCJ hay mayoría para declarar la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de Caducidad. La sentencia se firmaría la próxima semana, según indicó a El País una fuente judicial.

En mayo de 2011, la Corporación concluyó que los delitos cometidos durante la dictadura son delitos comunes y no de lesa humanidad, en cuyo caso no operaría la prescripción. Esa tesis es mantenida por tres de los cinco miembros que actualmente integran la SCJ.

El abogado y exjuez Federico Álvarez Petraglia, quien representa a varios expresos políticos que denunciaron torturas, dijo a El País que si la SCJ declara la inconstitucionalidad de la ley 18.831, "prescribirían todos los casos salvo los que tienen personas condenadas".

"Si esta ley se declara inconstitucional ya no se podrá avanzar en ninguna otra causa que no implique a ninguno de los procesados y condenados, quienes podrán ser investigados hasta que mueran, porque en relación a ellos no hay prescripción", explicó.