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La relación entre el presidente José Mujica y el Congreso de Intendentes sufre fisuras. Un bloque de jefes comunales plantearán hoy en la reunión de Anchorena su desacuerdo con el cobro de más impuestos al agro.

La declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) generó incertidumbre entre las intendencias, que ya contaban con US$ 60 millones para la compra de maquinaria vial.

El tema estará sobre la mesa en la reunión de Anchorena III a la que convocó para hoy el presidente José Mujica. El intendente de Florida, Carlos Enciso (Unidad Nacional) dijo a El País que no es partidario de subir la contribución inmobiliaria rural para recaudar lo que no se logró con el ICIR.

"No estamos de acuerdo con aumentar la contribución rural que empareja a todos por igual, porque no es justo que sean los productores pequeños los que paguen las consecuencias de este bloqueo del ICIR", explicó el intendente blanco.

La otra alternativa que manejó el gobierno para suplir la recaudación del ICIR pasa por la creación de un nuevo impuesto al agro. Para Enciso, las soluciones a la inconstitucionalidad del ICIR no pueden pasar "por avalar un fácil aumento tributario o por la imposición de nuevos impuestos".

Para recaudar los US$ 60 millones que se pensaban conseguir mediante el cobro del ICIR, Enciso plantea que las intendencias paguen un 7% de impuestos patronales al Banco de Previsión Social en lugar del 16,5%. El 9,5% que no aportarían al BPS pasaría directamente a manos de las intendencias para realizar obras de caminería rural. "La renuncia fiscal que debe hacer el BPS no desequilibrará los presupuestos siderales que tiene", justificó Enciso.

Como segunda opción, el intendente propuso que se descuente el IVA a las compras que hagan las intendencias. De acuerdo a sus cálculos, con esta disposición las comunas reunirían US$ 70 millones por año.

Anoche, la bancada de intendentes del Partido Nacional analizaba estos planteos para obtener los fondos que no se podrán recaudar por medio del ICIR. "Lo importante es no quedar avalando fácilmente la lógica de crecimiento de impuesto por parte del gobierno. Marcar un matiz y una diferencia instrumental de fondo", señaló el intendente de Florida.

Enciso aseguró que su planteo tiene el respaldo de los jefes comunales de la región centro sur (Flores, Durazno y San José), todos ellos alineados con Unidad Nacional. Sin embargo, indicó que no se trata de una propuesta "sectorial", porque también pueden haber apoyos en Alianza Nacional.

Además, llamó a dar una discusión de fondo sobre la conveniencia de que sean las comunas las que tengan la responsabilidad de hacer obras de caminería rural. "¿El sector forestal es un problema de las intendencias o de la logística del país?", preguntó. También consideró que el llamado impuesto "el que rompe paga" era "más justo", porque "sectores no ganaderos, como los forestales, no aportan nada por el usufructo de las carreteras".

El intendente de Rivera, Marne Osorio (Propuesta Batllista) dijo a El País que la tributación rural debe estar vinculada al uso de la caminería rural y "no a la filosofía de la concentración de la tierra".

A su vez, opinó que el incremento de la contribución inmobiliaria rural no es de justicia tributaria. "La contribución es un impuesto que no discrimina muchos aspectos que hacen a la producción y, es evidente, tal vez no sea de justicia gravar de igual manera a un productor menor que a aquel de mayor porte", agregó.

Osorio explicó que la inconstitucionalidad del ICIR preocupa a las intendencias, porque en el caso de Rivera se adquirió maquinaria por un total de US$ 2 millones como parte del adelanto a cuenta que prometió la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).