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La tensión entre el Frente Amplio y el Poder Judicial va en aumento. Ayer desde la coalición de izquierda se acusó a la Suprema Corte de Justicia de defender el "poder hegemónico" y se reconoció la preocupación por la posición de sus ministros.

El traslado de la jueza Mariana Mota de una sede penal a otra civil -tenía a su cargo más de 50 causas vinculadas a delitos cometidos por militares durante la dictadura (1973-1985)- generó bronca en el Frente Amplio (FA).

Este hecho, sumado a la declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y un posible fallo anulatorio de la ley interpretativa de Caducidad, puso en alerta a la coalición de izquierda.

El diputado y secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, dijo a El País que si bien se respeta la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el caso Mota, no se la puede tomar "como una verdad absoluta". En el FA "hay preocupación con que las expresiones de la Suprema Corte estén colidiendo con las definiciones parlamentarias", admitió Pardiñas. Y opinó que "es evidente que de consagrarse todas estas resoluciones, la mayoría de la Suprema Corte está interpretando las normas en forma bastante diferente a lo que es el sentir no solamente del Frente Amplio, sino también en el caso de la jueza Mota de las organizaciones sociales".

En la misma línea, el senador y secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, criticó desde su muro de Facebook las decisiones de la SCJ, a las que vinculó al "poder hegemónico".

"Pienso que hay cosas que pueden verse aisladas unas de otras y no está mal. Pero a veces conviene unir hechos que parecen no relacionarse a primera vista. Entonces uno empieza a aproximarse un poco más a la realidad y, con ello, a la verdad. Por ejemplo, estoy haciendo el ejercicio de unir traslado de Mota con posible inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Caducidad y con la anunciada inconstitucionalidad del ICIR. Y eso me va llevando a ver cómo se mueve el poder hegemónico, cómo no se pueden tocar algunas vacas sagradas".

Según Lorier, "las superestructuras jurídico-políticas actúan para defender los intereses dominantes. La tierra no se toca y a los criminales violadores de los Derechos Humanos tampoco. Eso nos quieren decir. Por eso, qué bien que han hecho (Hugo) Chávez, (Rafael) Correa y Evo (Morales) modificando la Constitución por la vía democrática".

En tanto, "con todo respeto" el vicepresidente Danilo Astori opinó ayer que "sería conveniente que la Suprema Corte hiciera conocer los fundamentos del traslado, sería una contribución enorme para disminuir la tensión y le daría solidez a la decisión que ha tomado".

En declaraciones a los canales 4 y 12, Astori señaló que como ciudadano le gustaría que la propia SCJ tomara, en el ámbito de su independencia, "la iniciativa de divulgar las razones para el traslado de Mota".

Ayer, el Secretariado Ejecutivo del FA respaldó la convocatoria al Parlamento a los ministros de SCJ, para que brinden explicaciones sobre el traslado de Mota. La coalición reclamó "transparencia" al máximo organismo judicial, y se preocupó en aclarar: sin que ello afecte "la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado".

En la declaratoria se solicita la explicación de los motivos del traslado de Mota a fin de "descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados".

Los ministros de la SCJ analizarán si es procedente o no la convocatoria una vez que esta les sea cursada formalmente. Mientras tanto, no harán comentarios sobre el tema, dijo a El País el magistrado Jorge Larrieux.

Por otra parte, el FA rechazó las declaraciones provenientes de la oposición "que pretenden poner en duda la adhesión de nuestra fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la República. Nuestro pueblo conoce bien quiénes pagaron el más alto precio, con sacrificio de su vida y su libertad, para defender y recuperar la democracia en este país", asegura.

A su vez califica de "hipocresía lamentable" que blancos y colorados se presenten como defensores de la independencia judicial cuando "hasta hoy amparan la ley de Caducidad".

La declaratoria del FA se aprobó por unanimidad luego de un informe del diputado José Bayardi, quien ya cursó la invitación a la SCJ para que concurra a la Comisión de Constitución.

El vicepresidente del Frente Amplio Juan Castillo dijo que la resolución resume el sentir de la coalición en el entendido que "no se puede dejar confundir un pedido de información con una violación del principio de separación de poderes".

Si bien ayer en el Secretariado del FA no se trató directamente la sentencia de la Corte vinculada al ICIR y a la posible anulación de la ley interpretativa de Caducidad, ya surgieron reacciones a estas decisiones judiciales. El diputado Luis Puig (PVP) dijo a El País que denunciará a la SCJ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que declare inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad.

El tema estará a consideración de la Mesa Política prevista para el próximo viernes 22.

OPOSICIÓN.

El traslado de la jueza Mota también fue analizado ayer por el Directorio del Partido Nacional, desde el cual se reclamó respeto por la separación de poderes "como un principio básico de la democracia". Además, los nacionalistas respaldaron "toda decisión que, en el ejercicio de su competencia, adopte el Poder Judicial".

El senador Sergio Abreu (Dignidad Nacional) fustigó al FA y al gobierno por la convocatoria de la SCJ al Parlamento. Dijo que los hechos "son una moderna versión del `febrero amargo` de 1973. ¿El presidente y el Frente no saben que en vez de reformar la Constitución tienen que cumplirla?". Abreu se refería al libro Febrero Amargo del senador colorado Amílcar Vasconcellos (1915-1999) que relata el desacato militar de febrero de 1973 al no aceptar la designación de Antonio Francese como ministro de Defensa, hecho que despejó el camino para la disolución del Parlamento en junio de ese año.

Abreu dijo que respaldará al Poder Judicial para que "el febrero no derive en junio del 73; con otro ropaje (de cuño caribeño) pero con la misma intención de restringir libertades y manipular la Justicia".

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (CEN), expresó ayer que "nunca antes el traslado de una magistrada había sido públicamente cuestionado por sectores políticos, ni mucho menos resistido por las vías de los hechos". Los colorados calificaron de "asonada" a la protesta que tuvo lugar frente a la SCJ el pasado viernes 15 y aseguraron que la misma "configuró un hecho con apariencia delictiva".

Además consideraron que la anunciada citación del FA a los ministros de la Corte "carece de sustento constitucional, lesiona el principio republicano de separación de poderes y constituye una forma de presión política sobre el Poder Judicial".

Por su parte, el Partido Independiente también aprobó ayer una declaración en la que respalda al principio de separación de poderes, rechaza la citación de la SCJ y repudia los incidentes del viernes.

CONVOCATORIA.

La citación de la SCJ a la comisión de Constitución y Códigos de Diputados será analizada mañana miércoles 20 en la reunión de la comisión, donde el Frente Amplio tiene cinco de sus nueve integrantes.

El presidente de la comisión, Pablo Iturralde (Alianza Nacional) dijo a El País que prefirió consultar primero con la comisión la convocatoria, porque entendió que "no correspondía". "Lo que me parece más correcto es que el plenario defina. En lo personal no estoy de acuerdo con invitar y no voy a acompañar la iniciativa", señaló Iturralde.

El legislador sostuvo que la Constitución habilita a la jueza Mota a impugnar la decisión de la SCJ ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo si entiende que la decisión no es fundada.

El diputado Pablo Abdala (Corriente de Acción Renovadora) marcó una "paradoja" en el discurso del FA vinculado a los derechos humanos. "Me llama mucho la atención la sensibilidad que generó el traslado de la jueza Mariana Mota cuando este es el mismo Frente Amplio que se negó a votar escasos recursos para que los jueces pudieran capacitarse en temas de derechos humanos", advirtió Abdala.

El Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales fue gestado por la Presidencia en mayo de 2011. Tenía por objetivo combatir la concentración de la tierra y por eso gravó a las superficies mayores a 2.000 hectáreas. Se acordó con los Intendentes que la recaudación se destinaría a la caminería rural, y así se logró su apoyo. Desde la oposición, e incluso desde el sector del vicepresidente Danilo Astori, se advirtió sobre la inconstitucionalidad del impuesto. La Suprema Corte recibió 127 recursos y les dio la razón, haciendo caer el impuesto. Desde el gobierno se la acusa de "defender los intereses de los ricos".

La jueza penal Mariana Mota procesó al exdictador Juan María Bordaberry y manejaba más de 50 causas vinculadas a los derechos humanos. Se había convertido en una jueza respetada y admirada por el Frente Amplio y las organizaciones civiles. La decisión de la Suprema Corte de trasladarla a la órbita civil, un trámite administrativo ordinario que en general no toma estado público, generó un profundo malestar en la izquierda. El Frente Amplio exige que la Suprema Corte explique los motivos del traslado, al tiempo que el pasado viernes, cuando Mota asumía su nuevo destino, manifestantes coparon la sede de la Corporación y debieron ser desalojados.

Trascendió que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se apresta a declarar la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2011 y por la cual se interpretó la ley de Caducidad elevando los plazos de prescripción de los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985). El fallo provocaría que se archive la mayoría de las causas que investiga la Justicia por violaciones a los Derechos Humanos. Se trata del tema que mayor fricción genera entre la izquierda y los ministros de la Suprema Corte. Fuentes del gobierno dijeron que sería "imperdonable" un fallo que "entierre" las investigaciones.

La Suprema Corte debe pronunciarse sobre recursos presentados por acreedores de Pluna que denuncian la inconstitucionalidad de la ley que habilitó la quiebra de la aerolínea. De considerarse inconstitucional, provocaría una sucesión de situaciones muy complejas desde el punto de vista administrativo y legal, considerándose nulos muchos de los pasos dados por el gobierno con los activos de la empresa y los aviones. Además, la Justicia del Crimen Organizado sigue investigando causas vinculadas al cierre, como por ejemplo todo lo relativo a subasta de los aviones, hecho que dejó comprometido al presidente del BROU, Fernando Calloia.