Dos de los sectores más importantes del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista (PCU), salieron hoy a atacar con dureza a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, organismo que, por cuatro votos en uno, declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad.

El MPP, partido del presidente José Mujica, afirmó en un comunicado que la resolución es "un obstáculo en el camino de la búsqueda de la verdad y justicia". Y entiende que con esta resolución, "la mayoría de la SCJ es responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República".

Por eso, este importante sector del partido de gobierno recorrerá "los caminos legales conducentes a determinar la responsabilidad de la SCJ en las decisiones adoptadas".

El PCU, por su parte, fue aún más duro y además de rechazar la decisión, afirmó que la SCJ "asume la responsabilidad institucional de violar la sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH. que ordenó al Estado, del cual es parte la SCJ, garantizar la investigación y la condena a los crímenes de lesa humanidad".

También acusó a los miembros del máximo órgano judicial del país de "defender la impunidad de los peores delincuentes de la historia nacional" y que "individualmente nunca hicieron nada para enfrentar la impunidad, nunca investigaron (…) pasaron dos décadas callados. ¿Van a seguir callados?".

El sector comunista también los hace responsables de "la suerte de los juicios" y de explicar a los familiares la decisión. Por último se advierte que se apoyarán "todas las iniciativas para recusar y anular este fallo impresentable, tanto a nivel nacional como internacional".

PVP. El Partido por la Victoria del Pueblo, por su lado, promoverá la denuncia de la SCJ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, confirmó el diputado Luis Puig a EL PAÍS digital.

El tema fue elevado hoy a la mesa política del Frente Amplio en busca de su respaldo. De prosperar, Puig afirmó que "todas las organizaciones sociales se pondrán a trabajar en busca de los afectados y víctimas por la normativa" que son los que pueden concretar la denuncia.

Sectores y organizaciones sociales convoca a una concentración a realizarse en la Plaza Libertad el lunes 25 a las 19 horas por "verdad y justicia".