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El MPP impulsará un juicio político contra la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la declaración de inconstitucional de una ley de octubre de 2011 que dejó sin efecto la ley la Caducidad. Además amenazan con una denuncia internacional.

En una semana la SCJ declaró inconstitucional dos leyes impulsadas por el Frente Amplio: la no prescripción de los delitos amparados en la ley de Caducidad y el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). Además la Corporación se negó a concurrir al Parlamento para explicar el traslado de la jueza Mariana Mota de una sede penal a otra civil. Mota tenía a estudio medio centenar de expedientes vinculados a violaciones de los derechos humanos contra militares.

Estas decisiones desataron la ira en el Frente Amplio, al punto que varios de sus principales legisladores pusieron en tela de juicio la independencia de los ministros de la SCJ.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) decidió ayer impulsar un juicio político contra la Corte, aun sabiendo que no cuenta con los votos para promoverlo. La oposición calificó la iniciativa del MPP como "un atropello" a la Justicia. Se puede iniciar un juicio político a la SCJ por violación de la Constitución o en casos de delitos graves. Para hacer efectiva la denuncia se requiere una mayoría especial de dos tercios de votos en el Senado.

El MPP impulsa el juicio político en el entendido que la Corte "es responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también, de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República". En un comunicado, el MPP advirtió que "se recorrerán los caminos legales conducentes a determinar la responsabilidad de la Corte en las decisiones".

La primera senadora del MPP, Lucía Topolansky, dijo ayer que "no es casual que el artículo tercero (de la ley 18.831), el cual fue declarado inconstitucional, se refiera a los delitos de lesa humanidad. Los mismos que Uruguay reconoció al firmar diversos tratados internacionales".

En Facebook el diputado Alejandro Sánchez (MPP) calificó a los ministros de la Corte de "dinosaurios amantes de la impunidad, que pretenden negar la Justicia".

El Partido Comunista (PCU), por su parte, rechazó la declaración de inconstitucionalidad de la SCJ "por sus motivaciones políticas, que las tiene y son inocultables". El PCU indicó que la sentencia "no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un conjunto de decisiones y de inacciones conducentes a un solo objetivo: garantizar la impunidad de los violadores de los derechos humanos". Para los comunistas, la SCJ "defiende, por intereses políticos, un concepto de derecho arcaico, superado y en desuso, y va contra toda la jurisprudencia y los convenios internacionales". La declaración del PCU asegura que la Corte "ha demostrado ser funcional a los terroristas de Estado y ha tomado partido a favor de la impunidad y de los impunes". En ese sentido agrega que los ministros (de la SCJ) "nunca hicieron nada durante todo su desempeño en el sistema judicial para investigar y enfrentar la impunidad".

El senador y secretario general del PCU, Eduardo Lorier, dijo a El País que está a favor de estudiar un juicio político a la Corte. Además, promoverá una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la redacción de un proyecto de ley para cambiar el sistema de designación de jueces. La idea es que se informen las razones de los traslados para brindar "más transparencia al sistema", sostuvo Lorier.

La presidenta del Frente Amplio, senadora socialista Mónica Xavier, dijo a El País que "es un hecho doloroso que la mayoría de la Corporación no piense de la misma manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos", que condenó al Estado uruguayo en el caso de la desaparición de María Claudia García de Gelman, fallo que sirvió de excusa para promover la ley que dejó sin efecto la Caducidad.

La mayoría de los sectores frenteamplistas están de acuerdo con denunciar a la SCJ ante organismos internacionales. Ayer, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) presentó en la Mesa Política del FA una nota en ese sentido.

El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) dijo a El País que su sector promoverá la denuncia contra la Corte "en todos los organismos internacionales" y trabajará en la redacción de una ley de judicaturas para regular los traslados y ascensos de los magistrados.

"Se suele confundir al Poder Judicial con las gestiones de la Suprema Corte. Las gestiones deben estar reguladas, sino los jueces quedan desprotegidos", aseguró Rubio. Respecto al planteo del MPP, indicó que la posibilidad de un juicio político "se debe analizar con frialdad".

El diputado socialista Julio Bango dijo a El País que ayer fue "un día de luto para los derechos humanos" y aseguró que "la decisión de la Suprema Corte entra en conflicto con la Convención de Derechos Humanos" de la OEA.

El diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio) señaló que "desde el punto de vista de sensibilidad todo lo que vaya en ocultamiento de los crímenes cometidos en la dictadura es negativo para la sociedad".

DISCORDES.

Por su parte el diputado Víctor Semproni (Espacio 609) dijo que la posibilidad de hacer un juicio político a la Corte "es inviable" y señaló que el fallo "es indiscutible" porque se trata del máximo órgano judicial.

En respuesta a la declaración de inconstitucionalidad, el Frente Amplio y diversas organizaciones sociales (entre las que se encuentran Pit-Cnt, Fucvam) convocaron ayer a una marcha "por verdad y justicia" para el próximo lunes 25 a las 18 horas en Plaza Libertad.

El vocero de Familiares de Desaparecidos, Óscar Urtazun, dijo a El País que esa organización no convoca a la marcha del lunes, porque desde hace varios meses se organiza un festival de murgas para ese mismo día a las 19.30 en el Velódromo con el objetivo de recaudar fondos. Urtazun dijo que el juicio político "es una medida para cuando ya se está tocando fondo" y señaló que hay que trabajar sobre la base de que los poderes "no son inmaculados y deben tener una independencia de poderes, que últimamente no se está dando".

El fallo de la Suprema Corte de la Justicia fue considerado por el Pit-Cnt como una nueva "afrenta", junto con el traslado de una sede penal a otra civil de la jueza Mariana Mota, al "objetivo democrático de nuestro pueblo hacia la verdad y la justicia".

El coordinador de la central sindical, Marcelo Abdala, aclaró que no haría valoraciones jurídicas, pero aseguró que el fallo "atenta a una parte de las condiciones para que en nuestro país no haya nunca más dictadura ni terrorismo de Estado".