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La sede de la Suprema Corte contará con vigilancia especial debido a la marcha de hoy contra el fallo que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de Caducidad. El juicio político a la Corte pierde fuerza.

Una marcha contra el fallo del pasado viernes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el análisis que el Directorio del Partido Nacional hará sobre las críticas a la Corporación Judicial por parte del Frente Amplio -que incluyen la posibilidad de un juicio político que planteó el MPP- marcarán este lunes.

El Frente Amplio, el Pit-Cnt, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos y otras organizaciones sociales convocaron a una concentración hoy lunes a la hora 18 frente a la SCJ contra la decisión de declarar inconstitucional la ley interpretativa de la caducidad.

Con el antecedente de la ocupación de la Corte el pasado 15 de febrero por el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil, habrá medidas especiales de seguridad para la concentración de hoy.

Aunque a la hora de la movilización la Corte no estará operativa (el Poder Judicial trabaja en horario matutino en verano), las autoridades ya coordinaron un operativo de seguridad para evitar incidentes. Habrá un importante despliegue policial que incluirá el vallado de la sede de la Corporación, dijeron fuentes judiciales a El País.

En esta jornada están previstas dos actividades públicas en la SCJ, para las cuales también está prevista una vigilancia especial con el objetivo de prevenir cualquier tipo de incidente. A la hora 10 prestarán juramento abogados recién recibidos y a la hora 11 se realizará una actividad protocolar en la cual cuatro jueces prestarán juramento como nuevos ministros del Tribunal de Apelaciones.

Además de la concentración ante la Corte, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos realizará un festival artístico en el Velódromo Municipal desde la hora 19.45, que fue programado antes de que se conociese el fallo de inconstitucionalidad de la SCJ el pasado viernes. El festival tiene como objetivo juntar fondos para esta organización y en el mismo actuarán grupos de Carnaval.

El Directorio del Partido Nacional analizará lo ocurrido a raíz de la sentencia de la SCJ, en especial las críticas que surgieron desde el Frente Amplio, que desde filas blancas son vistos como presiones a la Justicia y un ataque a la separación de poderes.

El senador y precandidato Sergio Abreu adelantó que propondrá una declaración de respaldo a la SCJ "para que no se politice la Justicia". "No puede haber ninguna concesión a dudas sobre la administración de la Justicia, porque esto ya lo vivimos y el partido tiene que reforzar la fuerza de la ley y el Estado de Derecho", sostuvo

Abreu también hará un planteo sobre el tema económico y tributario y centrará su mensaje en "no más impuestos", expresó a El País.

SIN APOYO. En tanto, pierde fuerza la posibilidad de un juicio político a la Suprema Corte de Justicia que planteó el Movimiento de Participación Popular (MPP).

La propuesta no recibió el apoyo de otros sectores del Frente Amplio -con excepción del Partido Comunista- ni de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos y dirigentes del propio MPP comenzaron a relativizarla.

Entre ellos, la senadora y esposa del presidente José Mujica, Lucía Topolansky, quien en declaraciones a radio El Espectador aseguró que "respeta los fallos" y que no está resuelto iniciar un juicio político a la Suprema Corte de Justicia, el que de prosperar debe ser decidido por todo el Frente Amplio y no será por sentencias sino por las respuestas que no brindó la Corporación al Parlamento respecto del traslado de la jueza Mariana Mota de Penal a Civil.

"Si no contesta hay que discutir si eso dispara el mecanismo de juicio político. Es por este caso no por los fallos. Además los fallos tienen dos visiones, porque hay un ministro que no votó", afirmó. Adelantó que si el traslado de Mota se ajusta a todas las normas "no hay nada que hacer":

El sábado, la Dirección del MPP emitió una declaración en que ratificó la declaración del Secretariado Político del sector. La misma señaló que la mayoría de la Suprema Corte es "responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también, de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República". También acusa a la SCJ de "incumplimiento" de procedimientos para el traslado de la jueza Mota, lo que "resulta ineludible vincular dicho acto con la posterior declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831". Por ello, el MPP asegura que se recorrerán los "caminos legales conducentes a determinar la responsabilidad de la SCJ en las decisiones adoptadas".

Óscar Urtazun, vocero de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos dijo que esa organización no se planteó nunca impulsar o apoyar un juicio político a la Suprema Corte de Justicia, si bien se está claramente contra la sentencia referida a la ley interpretativa de la Caducidad.

"Me parece un descalabro institucional, desmesurado", dijo Urtazun. "Sí estamos poniendo dudas en cosas de la SCJ, porque la sentimos divorciada de la justicia", al desconocer los tratados internacionales", aclaró. "Vamos a seguir comunicándonos con los movimientos sociales y de derechos humanos para ver nuevos caminos" con el fin de obtener justicia, expresó Urtazun. A su entender, "el signo de la Corte es negativo" a los intereses de los familiares de desaparecidos, "fundamentalmente después de su nueva integración".

"Perdimos en calidad, en respeto a tratados internacionales, en confianza a la Corte. La comunidad internacional está mirando hacia nosotros. Ya se manifestó la ONU y seguirán habiendo manifestaciones" contrarias al fallo, acotó.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó ayer domingo su "grave preocupación" luego de que la Suprema Corte de Justicia declarase inconstitucionales algunos artículos de la ley 18.831 de 2011, que dejó sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848), cuestionando así la sentencia.

"Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país", expresó la Alta Comisionada.

"Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional", concluyó Pillay. La sentencia, adoptada por los magistrados "abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, violando el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación", señala el comunicado de la Alta Comisionada.

El comunicado califica de "alarmante noticia" el fallo y recuerda el traslado de la jueza Mariana Mota.