El juicio que investigará los crímenes cometidos en los años 70 y 80 en el marco del denominado Plan Cóndor, comenzará mañana martes en Buenos Aires. El único extranjero en declarar será el uruguayo Manuel Cordero.
El exdictador argentino Jorge Videla es el principal imputado en esta causa referida al Plan Cóndor (de coordinación represiva entre dictaduras de América del Sur).
"Se trata del primer juicio que investigará globalmente el Plan Cóndor y entiendo que es el primero en su tipo en América Latina", dijo a la agencia AFP Carolina Varsky, una de las abogadas de la querella que representa a víctimas argentinas y uruguayas.
Se conoce como Plan Cóndor a la coordinación de acciones represivas de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que estuvo en marcha entre mediados de los años de 1970 y de los 1980.
Varsky precisó que en la causa están mencionadas un centenar de víctimas de nacionalidad uruguaya, chilena, paraguaya y argentina.
Videla (1976-81), de 87 años, se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados (ya tiene dos condenas a prisión perpetua) junto a otros 25 imputados, entre ellos el exdictador argentino Reynaldo Bignone y su compatriota el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez (siete perpetuas), ambos de 85 años.
La causa llega a juicio oral luego de 14 años durante los cuales la justicia había pedido las extradiciones de los fallecidos exdictadores Alfredo Stroessner de Paraguay y Augusto Pinochet de Chile.
El único extranjero que enfrentará a los tres magistrados del Tribunal Oral será Manuel Cordero, un excoronel y agente de inteligencia del Ejército uruguayo, recordó la abogada.
Cordero se encuentra en prisión domiciliaria en Buenos Aires desde hace dos años y está imputado en 11 casos, entre ellos la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman. Es señalado por decenas de testigos como responsable de violaciones a los DD.HH.
En 2004, Cordero se trasladó a la frontera con Brasil, transformándose en prófugo de la Justicia uruguaya. En ese entonces el juez penal José Balcaldi (actual ministro de un tribunal de apelaciones) lo acusó en un juicio por desacato en un juicio por apología del delito.
Se asentó en la ciudad de Santana Do Livramento hasta que en agosto del año 2009 el Supremo Tribunal Federal de Brasil votó conceder su extradición a Argentina.
TESTIMONIOS. "Lo que ahora debemos probar es la existencia de una asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para perseguir y eliminar opositores en cualquiera de esos países, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos", dijo Varsky.
"Para la prueba -continuó- contamos con los testimonios de sobrevivientes y mucha documentación, entre ella papeles desclasificados de Estados Unidos que comprometen a Washington", explicó.
A raíz de estos documentos, el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral había enviado en agosto pasado un exhorto al departamento de Justicia de Estados Unidos para interrogar a Henry Kissinger, exsecretario de Estado entre 1973 y 1977, pero no obtuvo respuesta alguna.
La abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales argentino (CELS) también destacó el aporte que significó para la causa los llamados "Archivos del terror", que fueron encontrados por el abogado paraguayo Martín Almada en una estación de policía de Asunción.
Según Almada, un militante por los derechos humanos, el Plan Cóndor fue presentado por primera vez a finales de 1975 por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos), que prestó su colaboración para llevarlo adelante.
"Entendemos que será un juicio muy largo porque hay muchos testigos y mucha documentación para analizar", dijo Varsky, al recordar que solo en Paraguay se encontraron cinco toneladas de papeles.
Pese a los 14 años que lleva el juicio y las cuatro décadas de algunos de los crímenes de lesa humanidad que se investigan, los familiares de las víctimas "están ansiosos y esperan conseguir justicia", afirmó la letrada a la AFP.