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MARÍA INÉS LORENZO

La ilusión de Giselle Rodríguez se desmoronó en cuestión de segundos. Hace más de un año el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca llamó a un concurso para personas con discapacidad. En las bases del mismo no se detallaban las tareas de los dos cargos que se ofrecían, aunque sí los requisitos. Como Giselle (36 años) los cumplía no dudó en presentarse, más allá de su ceguera.

Transcurrió la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Recién hace un mes se inició la segunda etapa de la convocatoria, momento en el cual se citó telefónicamente en día y horario fijo a quienes se habían presentado.

Todo indicaba que Giselle aún tenía posibilidades de participar. Sin embargo, cuando llegó al edificio público se le informó que las personas con discapacidad visual no podían desempeñar los cargos, esa vez sí mencionados: auxiliar administrativo y laboratorista.

"¿Por qué no especificaron con anticipación las condiciones que había que tener? Además, y dejando eso de lado, una persona ciega o con baja visión puede realizar perfectamente tareas administrativas siempre que tenga una computadora con un programa de lector de pantalla", dice Giselle, bastante indignada.

El Ministerio jamás tuvo la intención de herir la sensibilidad de las personas ciegas, según se expresó desde esa cartera. De todas maneras, no fue posible entrevistar al director Homero Rodríguez para conocer más en detalle el error. Se afirmó desde la sección de Registro y Control que "Rodríguez tiene la agenda completa y no suele hablar con la prensa". Pero, en referencia al concurso, la funcionaria aclaró: "no se realizó como tendría que haber sido, pero no fue por mala voluntad".

Sin embargo, no se trata de un caso puntual de un ministerio, sino de una problemática bastante más compleja a nivel público. Existe real falta de experiencia a la hora de armar las bases de los concursos para personas con capacidades diferentes, y se tiene muy poco conocimiento con respecto a las tareas que esos trabajadores pueden desempeñar o no, de acuerdo a los cargos.

De todas maneras, vale aclarar que, por primera vez y desde hace dos años, se está cumpliendo, aunque no adecuadamente, con la ley 16.095, artículo 42, promulgada en 1989, que obliga al Estado, a los gobiernos departamentales y a las personas de derecho público no estatales a contratar personas impedidas, en una proporción no menor al 4% de sus vacantes.

Se intenta, no se cumple del todo, ni tampoco con buenos resultados. Los hechos saltan a la vista ya que los puestos de trabajo ofrecidos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por ejemplo, fueron sólo dos, cuando deberían haber sido veinticinco. La situación no es nada menor si se tiene en cuenta que el 90% de las personas con discapacidad en el país carecen de trabajo.

Según el Instituto Nacional de Estadística, cerca del 8% de los uruguayos tiene algún tipo de discapacidad, lo que significa más de 200 mil personas privadas de la vista, el oído, o con problemas intelectuales, motrices y psíquicos.

¿SEPARAR O NO? Las frustraciones a la hora de conseguir un empleo no son exclusivas de personas privadas de la vista como Giselle. También quienes tienen discapacidad auditiva, motora, psíquica e intelectual se han topado desde siempre con barreras de todo tamaño y color para lograr insertarse en la sociedad.

El director de la Comisión Nacional del Discapacitado, Alberto Della Gatta, igual aboga que se debe valorar que en los dos últimos años ingresaron a trabajar unas 150 personas con distintos tipos de impedimentos en varios organismos públicos como BPS, OSE y la Administración Nacional de Puertos.

En todo caso, aclara que, hasta el momento, el panorama laboral sigue enfrentando escollos y algunas decepciones.

Luis Lassalle (34), por ejemplo, representa a una de las 30.000 personas sordas que viven en el país. Es diseñador gráfico y puede mantener una conversación sin necesidad de recurrir constantemente a las señas. Sin embargo, sigue peleando contra viento y marea para conseguir trabajo. "Si no es fácil para los demás, imaginate para quienes tienen discapacidad", se lamenta con voz tartamuda, y cuenta su última frustración.

Se presentó a un llamado que realizó el BPS para ocupar cargos administrativos hace alrededor de un año pero solamente logró participar en la primera instancia de la prueba. Según Luis, en el momento de realizar las evaluaciones competía con personas que tenían un dedo de menos, lo que en cierta manera lo dejaba en desventaja. "Una persona que no escucha o no ve siempre tendrá más impedimentos que alguien que le falta un dedo, por ejemplo", reflexiona.

Justamente por ello es que tanto Lasalle, de la entidad que nuclea a los sordos, como desde la Unión de Ciegos y la Asociación Down del Uruguay, se considera que los llamados de trabajo deberían realizarse de manera separada, no sólo para no generar falsas ilusiones sino también para no lastimar a las personas.

"No pueden hacerte ir y preguntarle a un ciego, por ejemplo, si logra leer en tamaño 16 de letra como ha sucedido", cuenta decepcionada Natalia Guala, quien tiene baja visión, e integra la Unión Nacional de Ciegos.

Al parecer, según el director de la Asociación Nacional del Discapacitado, Della Gatta, resulta prácticamente imposible que eso suceda al menos por el momento ya que hasta en la propia medicina no se logra diferenciar con exactitud los diferentes tipos de discapacidad.

Giselle y Luis no pretenden soluciones mágicas de un día para otro. Se quedarían contentos si tan solo, en las convocatorias laborales, se detallaran bien las características de cada trabajo, algo que para ellos por el momento no ha sido la regla sino la excepción.

"Es verdad que existe inexperiencia por parte de algunos organismos públicos pero de a poco se está progresando", alega Della Gatta.

FALTA COHERENCIA. Tener la posibilidad de elegir una institución para terminar el colegio, u obtener un título universitario, por ejemplo, son experiencias que varias de las personas con capacidades diferentes desconocen, sobre todo, quienes tienen deficiencias intelectuales y auditivas.

Es así que luego también tienen menos posibilidades a la hora de conseguir un empleo. Las bases de casi todos los llamados que se realizan para estas personas tienen como requisitos haber finalizado el liceo, tener conocimientos informáticos o ser profesionales.

La situación es más compleja todavía si se toma en cuenta que la mitad de los individuos sordos (15.000) no sabe leer ni escribir, porque apenas han tenido acceso a la enseñanza primaria, según explica Omar Pereira a través de señas que Beatriz Olivera interpreta con palabras, en la Asociación Nacional de Sordos.

Existe una única escuela (la 197) y un liceo (el 32) en Montevideo a los que pueden acudir las personas sordas, pero recién desde hace once años, indica Pereira.

Si bien actualmente hay algunas instituciones convencionales que han incorporado intérpretes de señas, no debe olvidarse que varios de quienes tienen más de 40 años recién ahora cuentan con la posibilidad de finalizar el liceo.

Lejos de restarle importancia a la situación de las personas ciegas y sordas, aquellas que padecen deficiencias como el Síndrome de Down o el resto de las discapacidades intelectuales, también le preocupan mucho a Della Gatta.

"Ellos siempre son más ignorados por la sociedad porque aún hoy no tienen acceso a ninguna educación integral, es decir, junto a niños sin ese tipo de problema", se lamenta el director.

Quienes padecen Síndrome de Down, por ejemplo, viven en la sociedad y aunque resulte contradictorio, al mismo tiempo no forman parte de la misma, agrega.

De las 2.400 personas que padecen ese mal en Uruguay, son contados con los dedos de una sola mano quienes trabajan en organismos públicos.

Y aunque en el imaginario colectivo se crea que no son lo suficientemente capaces, lo cierto es que pueden desempeñar tareas rutinarias que no requieran un esfuerzo intelectual grande, explica Della Gatta.

Los hechos lo evidencian. Varias sucursales de los supermercados Ta-Ta, ubicadas en Salto, Tacuarembó, Mercedes, Canelones y Montevideo han contratado en los últimos años a personas que padecen Síndrome de Down para que empaqueten y embolsen productos, según señala María Helena Dabezíes, quien integra el equipo de trabajo de la Asociación Down.

Los resultados han sido realmente auspiciosos. "Ellos se desenvuelven de manera independiente, además de que se sienten valorados y felices", agrega.

SIN RECURSOS. La mitad de las personas con capacidades especiales (53,2%), mayores de 14 años, reciben ingresos por transferencias ya sea a través de pensiones del BPS -que rondan los 2.500 pesos mensuales-, subsidios o alguna que otra donación.

Si no fuera por esa ayuda, tanto Giselle Rodríguez, Luis Lassalles como el resto de quienes tienen deficiencias, se verían casi obligados a contar las monedas para sobrevivir hasta fin de mes. Pero además, la discriminación también se observa en los porcentajes de remuneraciones. El promedio salarial de los discapacitados es 37% inferior al que recibe el resto de las personas.

Aunque tanto desde el ámbito público como privado se vienen desarrollando programas para revertir esas situaciones, lo cierto es que aún resta un largo camino por recorrer.

Actualmente, una de las mayores preocupaciones de Della Gatta tiene que ver con la falta de servicios educativos y laborales en el interior del país, lo cual lleva a que las personas con capacidades diferentes tengan que trasladarse, sí o sí, a la capital, como por ejemplo a estudiar.

Existen uruguayos que, peor aún, no acceden a la enseñanza porque les implica gastos de transporte, alimentación y vivienda que muchas familias no pueden pagar.

La realidad indica que la pobreza y la discapacidad también corren de la mano ya que, como expresa Della Gatta, el 80% de las personas con deficiencias generalmente pertenece a los sectores sociales y económicos más bajos de la sociedad.

Desde hace más de un año, en distintas sucursales de los supermercados Ta-Ta (18 de Julio y Yaguarón, Montevideo Shopping y 18 de Julio y Roxlo) de la capital, se desempeñan tres personas que padecen Síndrome de Down.

Ellos trabajan cuatro horas, de lunes a viernes, y su rutina consiste en reponer productos comestibles como arroz o fideos en las góndolas de los supermercados, según explica Anabella Nuñez, gerenta comercial de la sucursal Ta-Ta, ubicada en 18 de Julio y Yaguarón.

"Las tareas son rutinarias para que ellos las puedan llevar adelante sin problema", agrega Nuñez, y cuenta que cuando recién comenzaron a trabajar se los guiaba permamentemente.

Hoy, en cambio, se desenvuelven solos y de lo más bien, aclara.

Nicolás Pan (27 años) que tiene Síndrome de Down, trabaja en Ta-Ta de 18 y Yaguarón, y tanto él como sus compañeros de trabajo y hasta la gerenta, están muy contentos por cómo se desempeña en el ámbito laboral, pero también valoran otros aspectos.

"Él es sumamente responsable y compañero. Los chicos con este tipo de discapacidad son cariñosos, e irradian en el ambiente una alegría que realmente da ganas de trabajar al resto de las personas. Cuando llegan siempre saludan con un beso. Son realmente un ejemplo de vida para todos nosotros", finaliza Anabella Nuñez.

90% Cifra que representa la cantidad de personas discapacitadas en Uruguay que no tienen trabajo.

200 mil Cantidad estimada de personas que hay en el país con algún tipo de discapacidad.

80% De la gente discapacitada generalmente pertenece a los sectores sociales y económicos más bajos.

SEXO. Hay más integrantes del sexo femenino con capacidades diferentes (8,2% del total de mujeres) que del masculino (7%).

EDAD. Del total de discapacitados, 50% tiene 65 o más años, 18,4% entre 50 y 64 años, 12,9% entre 30 y 49 años. Niños y jóvenes representan 17,9%.

NECESIDADES. El 40% de los discapacitados necesitan ayuda para desplazarse fuera del hogar, 15,5% para moverse incluso en su vivienda, 21% para cuidarse de sí mismo, 15,6% para relacionarse con los demás y 20,7% para integrarse al aprendizaje.

CAUSAS. El 51,2% de los discapacitados considera que su dificultad se origina en una enfermedad, 20,8% la considera de nacimiento, 17,5% la atribuye al envejecimiento y 9,4% a secuelas de accidentes.

DEFINICIÓN. Según el artículo 2 de la ley 16.095, "se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral".

Fuente: INE.

El artículo 42 de la ley 16.095 establece que: "El Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes. Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario (...)". Las personas que presenten discapacidad -de acuerdo a lo definido en el artículo 2 de la misma ley (ver recuadro)- y que quieran acogerse a esos beneficios, deberán inscribirse en el registro de Discapacitados que funciona en órbita de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado.

Si bien el panorama laboral de los discapacitados en algunos organismos públicos es, hasta el momento, un tanto desorganizado, en el sector privado se realizan decenas de cursos de preparación para que éstas personas logren insertarse en la sociedad.

El programa Procladis, por ejemplo, que es gestionado por la Junta Nacional de Empleo, capacitó en los últimos nueve años a 1.100 personas tanto con insuficiencias psíquicas y motrices como auditivas e intelectuales. Señala el psicólogo y también coordinador de Procladis, Eduardo Cívoris, que los concursos que allí se realizan no están diferenciados de acuerdo a los distintos tipos de deficiencias, pero sí se detallan desde un comienzo las características que las personas deben tener y los cargos a ocupar.

Las empresas que solicitan a Procladis personas con capacidades diferentes son Caputto (Salto), Azucitrus (Paysandú), Pamer (Mercedes), Hotel Argentino (Piriápolis), Ombúes de Lavalle (Colonia), y algunas estaciones de servicio, panaderías, supermercados, entre otros.

En total, Procladis lleva realizados 68 cursos para postulantes con diferentes deficiencias: 23 de ellos en Montevideo, 13 en Paysandú y el resto en los demás departamentos.

La discapacidad es un problema de la salud pero también del sector educativo, indica Cívoris. "Es un derecho humano. Por eso intentamos incluir a la persona a la sociedad como trabajador y no como discapacitado", dice Cívoris.

También existe el programa Ágora, que es financiado por la Fundación ONCE para América Latina, y capacita a personas ciegas o con baja visión.

Por más información: Procladis: 410 10 78. Ágora: 915 72 13.