1/1:  20070901 Economía 400x400 (El País)

La actitud de no facilitar información sobre contaminación ambiental se ve reforzada por un fuerte sesgo de la actual administración en proteger al máximo los emprendimientos productivos y reducir a un mínimo la divulgación de cualquier efecto lateral que pueda entorpecer su puesta en marcha y/o funcionamiento, afirmó el ecólogo social Eduardo Gudynas, secretario general del Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes). A continuación se publica un resumen de la entrevista.

-¿Cómo se relacionan los conflictos ambientales con la economía de un país?

-En los últimos años han proliferado en Uruguay y en varios países de la región las controversias que plantean diversos grupos sociales en el espacio público por tener visiones distintas, usualmente contrapuestas, sobre cómo aprovechar los recursos naturales y el impacto de los proyectos en el entorno. Estos conflictos ambientales no pueden ser reducidos a una explicación simplista de que son el resultado de grupos de vecinos desinformados o renuentes al progreso tecnológico. En cada una de estas disputas siempre hay un fuerte componente económico que está relacionado con las inversiones, el funcionamiento de las industrias y las políticas de Estado.

-¿Hasta qué punto los conflictos ambientales pueden afectar la economía de un país?

-Generan entorpecimientos y trabas a los procesos económicos como, por ejemplo, a los proyectos de inversión. Sus efectos negativos son tanto para el inversor privado como para los grupos vecinales que deben invertir recursos, especialmente tiempo, en esas disputas. También el Estado se ve perjudicado porque una situación de ese tipo puede detener una inversión ventajosa o provocar reacciones ciudadanas que eventualmente deriven en una escalada de protestas sociales. Por lo general, los gobiernos municipales son los más afectados por los efectos ambientales negativos, aunque eso no parezca tan claro en Uruguay. En efecto, las intendencias municipales a menudo cargan con el peso económico por la reparación ambiental frente a impactos como la acumulación de contaminantes en el suelo y el agua.

-¿Qué consecuencias económicas trae aparejado un escaso control estatal del cumplimento de las regulaciones ambientales?

-Las debilidades o faltas de monitoreo y de cumplimiento de la legislación ambiental pueden ser aprovechadas por los inversores privados para reducir sus costos operativos. Esas prácticas de "competitividad espuria" afectan negativamente a la comunidad empresarial porque representan señales negativas que incitan a otros empresarios a incumplir la normativa ambiental. Si se comprueba que quienes actúan ilícitamente reciben escasas sanciones o tienen altas posibilidades de pasar desapercibidos, nunca habrá suficientes incentivos para que los empresarios actúen responsablemente en materia ambiental.

-¿Qué incidencia tiene la aplicación de medidas de calidad ambiental en el costo total de una inversión productiva?

-En Uruguay puede tener un peso significativo en muy pocas empresas, concentrándose en las industrias química, petroquímica y extractiva. Toda la evidencia comparada indica que la aplicación de normas ambientales en los demás sectores, especialmente en la industria manufacturera, incide escasamente en el costo total de la operación, siendo de sólo el 3%, en promedio, en los países industrializados. En realidad, no es un factor determinante para la competitividad ya que representa un costo muy pequeño en el total de la producción. No puede decirse que se deban reducir las exigencias ambientales para no ahuyentar a las inversiones.

-¿Cómo incide la regulación ambiental en las políticas económicas del Estado?

-La calidad de los productos, sobre todo en el sector agro-alimentario que es clave para el país, resulta esencial para acceder a nichos de alto consumo en los mercados externos. Por lo tanto, el cumplimiento de buenas medidas ambientales favorece a las exportaciones.

Opacidad

-¿Cuáles son las fuentes de información en materia ambiental en Uruguay?

-Existe una gran disconformidad entre los analistas, algunos actores empresariales y organizaciones ciudadanas con las fuentes de información ambiental. Si bien la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) está a cargo de algunos aspectos muy importantes de la protección y control de los recursos naturales, otras áreas de relevancia están en manos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la Dirección de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la OSE y las intendencias municipales. Todos esos niveles presentan un denominador común: es difícil acceder a la información sobre contaminación ambiental.

-¿No se puede elaborar una lista que incluya a las empresas más contaminantes de Uruguay?

-Lamentablemente, no estamos en condiciones de hacerlo porque nos falta la información necesaria. En caso de que esos datos existieran, no son accesibles al público. A veces aparece alguna información sectorial como, por ejemplo, los niveles de contaminación en toda la cuenca de un curso de agua, pero no se identifica a los responsables. La opacidad en la información es una constante en Uruguay. Esa falta de información fidedigna provoca una reacción lógica de la ciudadanía que comienza a sospechar de todos los agentes.

-¿No puede la gente obtener mayores elementos de juicio en las audiencias públicas en el proceso de evaluación del impacto ambiental que realiza la Dinama?

-Esa instancia es un encuentro único acotado, en donde sólo se reciben cuestionamientos de la parte supuestamente afectada. En cambio, debería existir la posibilidad de sostener un diálogo durante varias sesiones, en las cuales los vecinos pudieran formular preguntas y recibir respuestas tanto del inversor privado, para que explique su proyecto, como del Estado, para verificar si realmente está evaluando y contemplando las preocupaciones vecinales. Los empresarios deberían ser los principales aliados de los grupos ambientalistas para reformar el sistema de audiencias públicas a efectos de hacerlo más transparente, lo cual quizás acortaría la duración de estos conflictos.

Opiniones encontradas

-¿Qué obras proyectadas podrían ser motivo de disputas ambientales?

-Varios grupos vecinales se consideran amenazados por el posible impacto ambiental resultante de la construcción de la planta de pasta de celulosa de Ence en Conchillas (Colonia), la fábrica de fertilizantes de Isusa en Soriano, la planta de clinker en Treinta y Tres, la usina de residuos urbanos sólidos en Empalme Olmos, etc. Sin embargo, existen otros vecinos en esas mismas localidades que le dan la bienvenida a esos emprendimientos por representar una salida laboral para la población. Esa problemática exige un análisis a nivel vecinal, departamental y nacional.

-¿Qué se requiere para solucionar ese tipo de conflictos ?

-Exige una buena información en cuanto al impacto en el ambiente y a los beneficios que el proyecto trae para los vecinos. Eso requiere establecer otro tipo de relación con el público durante la evaluación del impacto ambiental. Hasta ahora todas las consultas terminan con muchos vecinos disconformes debido a que la información está errada, es incompleta o resulta insuficiente.

-¿ Cómo se pueden resolver los problemas ambientales que se plantean a nivel departamental o de toda una región?

-Existe una laguna legal por falta de un marco normativo de ordenamiento territorial. Es probable que algo pueda resolver la nueva ley sobre esta materia que está a estudio del Parlamento. Por ejemplo, si se concretan emprendimientos de alto impacto potencial en el ambiente, tales como la forestación, el cultivo de la soja, se van a ver afectados los intereses ganaderos y agrícolas. Por lo tanto, el Estado y los gobiernos municipales deben empezar a estudiar cuidadosamente cómo se va a gestionar ese tipo de explotaciones. Allí debe privar una actitud de entendimiento entre la administración central y la departamental porque lo peor que nos podría pasar es que se desate una especie de "guerra de las patentes" en materia ambiental.

Además, aún está pendiente saber en qué zonas del país se van a realizar actividades de alto impacto ambiental, cuáles van a ser reservadas para la preservación ambiental o el turismo y cómo se van a traspasar los beneficios de una zona a otra, porque la mayor parte de la gente lógicamente va a querer vivir en las zonas no contaminadas.

-A nivel nacional, ¿qué tipo de controversia social puede generar un proyecto productivo?

-Hay que hacer las "cuentas-país". ¿Cuál es la ganancia efectiva de Uruguay si recibe una inversión por un cierto monto, pero se le restan las exoneraciones tributarias, los beneficios de las importaciones en admisión temporaria, las exenciones a la contribución inmobiliaria municipal, el régimen de zonas francas, los incentivos a las exportaciones, los costos generados por eventuales accidentes y pérdidas de recursos naturales, etc.? En el pasado, esas cuentas las hacía la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ahora no está claro qué ente cumple esa tarea, lo cual es otra fuente de opacidad en la información. Lo importante es que la toma de decisiones sobre las estrategias de desarrollo no puede ser sólo un problema contable, ni puede confundirse con los indicadores macroeconómicos. La experiencia externa indica que una parte considerable de las megainversiones extranjeras generan poco empleo y constituyen una carga para los recursos del país, la política exterior y el ambiente.

-¿Cuál es la situación en materia ambiental en Uruguay?

-Se pueden determinar grandes tendencias relacionadas con el deterioro de recursos naturales en el medio rural como, por ejemplo la erosión, la contaminación de suelos y aguas por agroquímicos y la pérdida de fauna y flora nativa, mientras que en las ciudades nos enfrentamos a dificultades con los residuos sólidos y contaminación, especialmente de efluentes líquidos en los cursos de agua. Pero sólo en algunos casos se puede avanzar con más detalle, precisamente por la opacidad en la información.

-¿A qué obedece esa renuencia en proporcionar información sobre el deterioro del medio ambiente?

-Existe abundante evidencia de que el Estado tiene un monitoreo poco riguroso sobre emprendimientos contaminantes que no cumplen con la normativa ambiental, no se aplican las sanciones correspondientes o se otorgan plazos que contemplan situaciones especiales para amparar supuestos beneficios económicos. Es así que hay un número creciente de denuncias de incumplimiento de la normativa ambiental por una papelera en Juan Lacaze y por diversas curtiembres -por ejemplo, en Florida-, según informó el semanario Qué Pasa de El País el pasado 8 de agosto.

-¿Qué gravedad le adjudica a esas denuncias?

-En países desarrollados frente a casos semejantes, si una fábrica reiteradamente incumple las exigencias ambientales, es clausurada hasta que cumpla con la normativa. En Uruguay, en cambio, se suelen otorgar excepciones para que, supuestamente, no se afecten las fuentes de trabajo. Hay un ejemplo que demuestra cómo se dirime el incumplimiento de las regulaciones ambientales por la lógica convencional uruguaya. Al plantearse en la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) el dilema de aplicar o no una sanción a tres curtiembres de Nuevo París que estaban contaminando un arroyo, de acuerdo con los informes técnicos municipales, se sopesaron, por un lado, los impactos ambientales negativos y, por otro, el impacto que podía tener esa medida en la economía de la empresa y, potencialmente, en las fuentes de trabajo. Ahí se registró nuevamente una opacidad en la información ya que nunca estuvo claro cuál era el nivel de incumplimiento ambiental, si bien la ex directora de Desarrollo Ambiental de la IMM declaró a la prensa que el valor de los productos químicos vertidos tras el tratamiento de los cueros era cada vez mayor y, por tanto, más tóxico.

-¿Qué enseñanzas se pueden extraer de ese caso?

-De esa forma se desvirtúa uno de los roles básicos del gestor público, que debe atender el bien común, y se pone en entredicho sus capacidades de liderazgo político. Si la IMM, otra intendencia, o un ministerio no dan señales claras de que están asegurando la mejor calidad del ambiente, esa actitud inmediatamente alimenta las sospechas de los vecinos y alienta la generación de un conflicto social en materia ambiental. El saldo final es aún peor. Ante la denuncia vecinal de incumplimiento de la normativa vigente para preservar el ambiente, la inacción del gestor público, debido a la existencia de un supuesto beneficio económico para la comunidad, le crea un conflicto ambiental que erosiona tanto la economía local como su propia legitimidad política.

El ecólogo social Eduardo Gudynas, uruguayo, 47 años, es secretario general del Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes). Ha sido consultor, entre otros, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Agencia Alemana de Cooperación (GTZ). Es autor de varios libros sobre conservación y desarrollo sostenible publicados en América Latina y España. Se desempeña como docente en postgrados de varios países de la región.

-¿A qué atribuye Ud. la opacidad de la información de los organismos públicos encargados del control ambiental?

-Es parte de la cultura uruguaya no facilitar el acceso a la información que debería ser pública. En este caso, esa actitud se ve reforzada por un fuerte sesgo de la actual administración en proteger al máximo los emprendimientos productivos y reducir a un mínimo la divulgación de cualquier efecto lateral que pueda entorpecer su puesta en marcha y/o funcionamiento.

-Entonces, ¿no tienen algún fundamento los razonamientos de los ambientalistas de Gualeguaychú de que el Estado uruguayo, por su pequeñez, no va a poder sancionar a Botnia si no cumple con la normativa ambiental?

-Ese argumento es muy endeble porque todas las agencias ambientales del Mercosur son pequeñas en relación al sector productivo que tienen que monitorear en cada uno de sus países. Ni que hablar de los controles en la materia en Argentina o Brasil. En realidad, si hubiera un poco más de sentido común, las autoridades ambientales de Argentina y Uruguay deberían cooperar mutuamente en la vigilancia de toda la cuenca compartida del río Uruguay.

Por otra parte, no tiene sentido tratar de determinar si los habitantes de Gualeguaychú tienen razón o no a esta altura del conflicto. Esos vecinos ya están firmemente convencidos de están ante un peligro inminente de contaminación por la planta de Botnia y, por tanto, cualquier hipótesis de trabajo que presente Uruguay debe tener en cuenta esa seria limitación.

-¿Qué mecanismos podrían contribuir a solucionar el conflicto argentino-uruguayo por la planta de Botnia?

-Esa situación quizás abra las puertas a nuevas estrategias para dirimir disputas mediante arbitrajes o de resolución de controversias que utilizan una metodología especial para cuestiones ambientales que ya se ha ensayado en otros países. En Perú, existen conflictos ambientales aún más graves por los impactos de la minería en el aire, suelo y agua, que adquieren grados de suma violencia con la ocupación de empresas del sector extractivo.

En esos casos, se aplican metodologías que proporcionan información fidedigna a las partes en pugna, lo cual generalmente va acompañado por un cambio en la forma cómo los privados administran un emprendimiento productivo. La respuesta de la empresa nunca puede expresar que no va a fallar el proyecto ni ocurrir un accidente, sino que debe indicar cómo actuará cuando eso suceda, aplicando instrumentos que aseguren el menor daño ambiental.

-En el caso particular de la planta de Botnia, ¿actuaron las autoridades uruguayas correctamente al dar el visto bueno al informe de impacto ambiental presentado por la empresa?

-La administración anterior otorgó a Botnia un permiso ambiental inicial autorizando el comienzo de las obras y admitía el supuesto de que se iban a otorgar sucesivos permisos a medida que se cumpliera cada etapa. Sin embargo, la habilitación secuencial no se aplica en ningún megaproyecto porque una vez que se empieza una obra de ese porte no se la puede detener por la mitad. Esa mala decisión del gobierno del Dr. Batlle debería ser tenida en cuenta por la actual administración cuando se le plantee una solicitud similar. También se le debe exigir a los megaemprendimientos un seguro ambiental por anticipado, como instrumento imprescindible para su autorización.