1/1:  20080519 Economía y Mercado 500x500 (El País)

Chile ha logrado que, en cierto modo, coexistan la vitalidad propia de los grandes puertos, con todas sus connotaciones sociales, y la visión muy conservadora de la sociedad local. A la vez, tiene también una institucionalidad que funciona razonablemente bien en comparación con el resto de América Latina, sostuvo el politólogo uruguayo David Altman, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En diálogo con ECONOMIA & MERCADO, Altman analizó las diversas similitudes y diferencias políticas y sociales entre Chile y Uruguay. A continuación se publica un resumen de la entrevista.

-¿Cómo evalúa la gestión de la presidenta Bachelet luego de dos años de su gobierno?

-Su gestión ha tenido notorios claroscuros con respecto a lo que se podía esperar. Uno de los grandes pecados que cometió Bachelet durante la campaña electoral fue prometer una gestión absolutamente innovadora. Su discurso giró en torno a gobernar con cierta independencia del poder clásico de los partidos políticos, darle el gobierno a los ciudadanos y tener una mayor sensibilidad por los sectores más desprotegidos. Pero ese enfoque funcionó más desde un punto de vista discursivo que en la práctica solamente durante los primeros meses de su administración. Antes de cumplirse su primer año en La Moneda, tuvo que hacer un reajuste ministerial, lo que implicó la vuelta de las prácticas políticas de macroacuerdos, de consensos, etc. a las que Chile ya estaba acostumbrado. La promesa de un "gobierno ciudadano" no fue más allá de la creación de algunas comisiones asesoras al Poder Ejecutivo sobre temas muy sensibles, tales como seguridad social, educación, reforma electoral, etc. Los informes que prepararon esas comisiones terminaron, en una gran mayoría, archivados en algún cajón del despacho presidencial.

-¿Qué tipo de herencia recibió Michelle Bachelet de la administración anterior?

-Fue una herencia bastante mixta. Por un lado, su predecesor le entregó una economía sumamente equilibrada, pero también le dejó un problema que es la propia figura de Lagos. Mientras Bachelet carece de un carisma fuerte, el ex primer mandatario tenía un perfil de estadista y rasgos cuasi autoritarios, lo cual se adecua con el tradicional endiosamiento que los chilenos hacen de sus presidentes. Esta característica difiere diametralmente de la visión de los uruguayos, quienes respetan al presidente pero no le atribuyen poderes especiales.

Por otro lado, la Presidenta tuvo la mala suerte de tener que ejecutar diversos proyectos aprobados en la administración anterior que, en muchos casos, se han convertido en un serio dolor de cabeza para el gobierno y para toda la población como, por ejemplo, el sistema de transporte público de la capital chilena llamado Transantiago, cuyo funcionamiento ha generado un verdadero caos en el área metropolitana.

-¿Cómo ha evolucionado el índice de aprobación de gestión presidencial en las encuestas de opinión pública más recientes?

-Ese índice venía en picada a fines del año pasado como consecuencia de los titubeos de la Presidenta para solucionar algunos conflictos que eran más que previsibles. Sin embargo, el nivel ha comenzado a recuperarse ligeramente en los últimos meses, luego que Bachelet se encerró en La Moneda y dejó de hacer declaraciones públicas. No obstante, hay que tomar con cuidado la última medición, en la cual la Presidenta alcanzó una aprobación en torno al 50%. La razón es que el trabajo de campo de esa encuesta se realizó antes de la destitución de la ministra de Educación y de que se produjera el escándalo del Hospital de Curepto, que fue inaugurado con una "puesta en escena" en donde no había pacientes verdaderos ni se contaba siquiera con los equipos médicos.

-De todos modos, ¿no le parece satisfactorio un respaldo de la mitad de los encuestados a la gestión presidencial?

-Hay que tener en cuenta que los presidentes chilenos, a diferencia de sus colegas uruguayos, tienen habitualmente un apoyo del 60% o 70% de la gente. Por otra parte, la metodología utilizada en las encuestas locales es bastante mala, pero aún peor es el uso irresponsable que los medios de comunicación hacen de esos resultados. No obstante ello, las encuestas de opinión pública en Chile tienen un peso tan fuerte, que podría decirse que se han convertido en un fetiche. En parte eso se explica por la carencia notable de canales aceitados entre los partidos y la ciudadanía para percibir y canalizar las demandas organizadas de los ciudadanos, como sí existen en Uruguay a través del mecanismo del referéndum o de la iniciativa popular de reforma constitucional.

-¿Cuáles son los principales objetivos del gobierno para este año y el próximo?

-En realidad, las reformas más importantes, como la de seguridad social, fueron aprobadas durante la primera mitad del período presidencial. Ahora la mayor preocupación del gobierno consiste en evitar los efectos de una recesión económica en Estados Unidos, mejorar el funcionamiento del Transantiago y estar muy atento a que no surjan nuevos escándalos, especialmente ante la proximidad de las elecciones municipales que se realizarán en el segundo semestre de este año.

Oposición

-¿Es previsible que la actual alianza opositora capitalice el actual descontento de la población con la gestión de Bachelet?

-A pesar de varias fallas e ineficiencias de la actual administración, tengo serias dudas que la coalición de partidos de derecha -la Alianza- gane las elecciones presidenciales de fines de 2009. Hay fuertes indicios de que su dirigencia prefiere la seguridad del sillón legislativo a los riesgos implícitos de una reforma importante para democratizar el sistema partidario y generar mayores posibilidades de éxito electoral. Si a esto le sumamos que los militantes de la derecha carecen de mecanismos de castigos partidarios a sus líderes entenderemos por qué no se ha producido un recambio generacional en la cúpula de estos partidos. De hecho, muchos de sus actuales dirigentes son los mismos que otrora rodeaban a Pinochet.

-¿No representa Sebastián Piñera, que lidera el partido Renovación Nacional, una carta de esperanza de la derecha moderna?

-Más allá de su imagen de político liberal, Piñera es una de las figuras más extrañas de Chile ya que se deben contar con los dedos de una mano el número de chilenos que son "billonarios" en dólares. A los ojos de los electores, es un ser de otra galaxia. Por más mal que le esté yendo a Bachelet, bastaría con que la coalición gobernante recurriera a la dicotomía democracia vs. dictadura para que la Concertación gane las elecciones porque la derecha todavía no ha hecho un mea culpa serio por su participación en el régimen de Pinochet.

-¿Siguen los votantes chilenos con los ojos puestos en lo ocurrido durante la dictadura militar que terminó hace casi veinte años?

-En gran medida, sí. Se debe a que el electorado chileno está compuesto mayoritariamente por personas de más de 30 años, que siguen recordando con aprensión las décadas del setenta y ochenta. Ocurre que el grueso de los jóvenes no se ha inscripto en el padrón electoral porque es un trámite voluntario. Sólo después de haberse registrado, el voto se vuelve obligatorio en Chile. Más allá de las explicaciones por la apatía de los jóvenes por la política, nadie se inscribe voluntariamente si es pasible de ser sancionado por no votar. Por lo tanto, esa perversidad del sistema electoral determina que no voten aproximadamente dos millones de ciudadanos de entre 18 y 30 años de edad, quienes son justamente los que no vivieron los coletazos del pinochetismo.

-Al incorporar al grupo del senador Adolfo Saldívar, escindido de la Democracia Cristiana, la oposición logró formar una mayoría legislativa que destituyó a la ministra de Educación, Yasna Provoste, inhabilitándola para el ejercicio de la función pública por cinco años. ¿Es factible que la estabilidad institucional de Chile sufra un serio deterioro, como ha alertado el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, si el bloque opositor continúa con esa política de confrontación con el gobierno?

-En Chile no existe la censura ministerial por el Poder Legislativo tal como funciona en Uruguay y en muchos otros regímenes presidenciales. Por lo tanto, la destitución de un ministro es un fenómeno realmente traumático en la política chilena porque el balance de los poderes del Estado favorece netamente al Poder Ejecutivo. No obstante ello, la institucionalidad chilena no corre riesgo por esa situación. En realidad, había problemas muy serios en el Ministerio de Educación, que la titular de la cartera lo supo desde el momento en que asumió el cargo porque su predecesor, Martín Zilic, le había dejado un informe muy completo sobre el desorden que imperaba en esa secretaría de Estado. Lamentablemente, Provoste hizo muy poco al respecto. En consecuencia, la opinión pública comprendió que había razones de peso para su enjuiciamiento político, así como también para darse cuenta que se usó con fines políticos.

-Existe una creciente participación de figuras de la Concertación en los directorios de empresas públicas y privadas chilenas después de dieciocho años en el gobierno. ¿No se corre el riesgo de que la coalición gobernante sufra un proceso de "institucionalización" como le ocurrió al PRI en México?

-La Concertación tiene cierta responsabilidad en ese sentido. Eso no significa afirmar que sea un símil del PRI porque en Chile existe un contexto mucho más legal, cuyo Poder Judicial no está cooptado por integrantes del partido oficialista y donde los pesos y contrapesos del sistema político funcionan razonablemente bien. No obstante, veinte años de gobierno ininterrumpido más la posibilidad de lograr un nuevo período presidencial lógicamente generan un cierto acostumbramiento al poder, creándose una conmixtión de intereses públicos y privados poco aconsejables.

La cuestión militar

-¿Qué grado de incidencia en la vida institucional conservan los militares chilenos? ¿Es la situación comparable con Uruguay?

-El tema militar no tiene mayor relevancia hoy día en Uruguay. A partir del primer gobierno de Sanguinetti, el presupuesto militar se ha venido reduciendo progresivamente, con lo cual el rol de las Fuerzas Armadas se ha visto cada vez más limitado. Una decisión muy acertada del gobierno uruguayo fue haber aceptado la participación de las tropas uruguayas en las llamadas "misiones de paz" de las Naciones Unidas. Esa actividad, por un lado, distrajo a los militares de los asuntos políticos internos y, por otro, ha permitido mejorar los ingresos de oficiales y soldados enviados al exterior.

Aunque la cuestión militar no figura entre los temas que más preocupan a los chilenos, todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas siempre despierta debates acalorados debido al enorme tamaño del sector castrense. En estos últimos años, por ejemplo, la Fuerza Aérea adquirió una docena de cazabombarderos F-16 nuevos de procedencia estadounidense y dieciocho usados que compró a Holanda. A su vez, la Armada incorporó dos submarinos y armamento diverso porque existe, incluso a nivel civil, una extendida sensación de inseguridad con respecto a las fronteras con sus vecinos, especialmente porque el país no ha podido solucionar aún sus antiguas disputas con Bolivia y Perú.

-¿Permanecen los militares chilenos aislados en sus cuarteles actualmente?

-El éxito de la Concertación ha sido integrar a los militares al mundo civil. Es el caso de decenas de oficiales que cursan en la Universidad Católica la maestría de ciencia política, con una mención en defensa. De ese modo, se ha podido empezar a romper los muros del gueto de la academia militar. Esta mayor profesionalización de las Fuerzas Armadas apunta, entre otras cosas, a que sus tropas integren las Misiones de Paz de la ONU, tal como ya lo ha hecho Uruguay. La diferencia es que el Ministerio de Defensa de Chile dispone de suficientes recursos para levantar un moderno centro de entrenamiento para los futuros "cascos azules" en Santiago.

-¿Cómo se compadece esa sensación de desorden político con la imagen de un Chile pujante y en franco crecimiento económico que percibimos desde el exterior?

-Se puede convivir con ambas percepciones. Chile es un país vigoroso con una economía razonablemente sana y vital, pero también presenta serias deficiencias, cuya solución resulta acuciante. Hay una seria disonancia entre lo que el oficialismo afirma públicamente sobre las mejoras de los indicadores económicos y lo que los chilenos comprueban que realmente tienen. Por un lado, el gobierno, sobre todo durante la administración de Lagos, sostenía con extremado optimismo que la economía era floreciente, pero la gente ha visto que la calidad de los servicios de salud, transporte y educación es indudablemente mala, lo cual genera una frustración muy grande.

-En Chile la ley de divorcio se aprobó un siglo después que en Uruguay. ¿Ha terminado la mayoría de los chilenos por aceptar los nuevos parámetros de la sociedad occidental?

-El reciente fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la entrega de la "píldora del día después" en el sistema de salud pública, es un claro ejemplo, desde el punto de vista valórico, del conservadurismo predominante en la sociedad chilena. Además, el rol que juega la Iglesia en Chile le sorprendería al uruguayo más religioso. Es el caso de que un hijo de padres divorciados no puede realmente aspirar a ingresar a la oficialidad de la Escuela Naval. Ese tipo de posiciones extremas constituye un problema muy grande, sobre todo, para la derecha chilena que pretende convertir al país en el centro comercial y financiero de la Cuenca del Pacífico en Sudamérica.

-¿Cómo ha enfocado la sociedad chilena su inserción en una economía globalizada?

-Evidentemente, no se puede sostener con facilidad un capitalismo tan pujante como el chileno en una sociedad que vive reminiscencias medievales. Sin embargo, Chile ha logrado que, en cierto modo, coexistan la vitalidad propia de los grandes puertos, con todas sus connotaciones sociales, y la visión muy conservadora de sus habitantes. Tiene también una institucionalidad que funciona razonablemente bien en comparación con el resto de América Latina. Por ejemplo, a nadie se le ocurre realizar siquiera un intento de soborno a un gendarme. Paradójicamente, esa misma policía tan correcta procede con un rigor inaudito cuando tiene que disolver una manifestación de estudiantes de secundaria.

-Tanto Chile como Uruguay están gobernados por coaliciones de centroizquierda. ¿Qué coincidencias halla entre el gobierno de la Concertación en Chile y el del Frente Amplio (FA) en Uruguay?

-Hay temas que preocupan por igual a las dos coaliciones oficialistas, aunque son organizaciones políticas muy distintas. Mientras el FA funciona como partido, la Concertación a veces funciona como coalición y en otras ocasiones como partido. Ambas tienen orígenes, instituciones, militancias e incluso objetivos distintos. Más aun, no comparto que la Concertación sea una coalición de centroizquierda; hoy día está muy lejos de la izquierda, diría que es más centrista que otra cosa, ya que existe un consenso notoriamente mayoritario entre sus integrantes de que la economía de mercado es la solución para la mayoría de los problemas del país. De los tres partidos con representación parlamentaria que la integran, la Democracia Cristiana tiene mucho más que ver con los partidos conservadores de Europa y el Partido por la Democracia es de clara inclinación liberal, tanto en lo económico como en lo valórico. De hecho, el Partido Socialistas es el único que podría encajar en lo que en Uruguay entendemos como centro-izquierda.

-¿No tienen mucha similitud las políticas económicas aplicadas en los dos países?

-Las políticas macroeconómicas de ambos gobiernos son muy parecidas, pues procuran achicar el déficit fiscal y realizar algunas políticas redistributivas en la medida de las posibilidades financieras de cada país. La diferencia radica en que el Estado uruguayo es más apreciado y parece más responsable a los ojos de los ciudadanos y, consecuentemente, tiene más ingerencia en la regulación económica. En Chile, en cambio, no hay muchas posibilidades para redistribuir el ingreso o hacer políticas de corte más universal. Tampoco existen mecanismos constitucionales que le permitan a los ciudadanos activar recursos para hacer valer sus derechos, salvo concurrir a votar cada cuatro años.

-¿No cree que se han utilizado con demasiada frecuencia los recursos institucionales de democracia directa en Uruguay?

-No niego que los uruguayos hayan llegado a abusar de los referéndum y las reformas constitucionales en algunos momentos de la historia reciente. De todos modos, es un recurso esencial que poseen los ciudadanos y, en general, todos los uruguayos lo saben. De hecho, el gobierno de turno siempre debe tomar en consideración que la mayoría de las políticas que pretenda impulsar está teóricamente sujeta al juicio popular.

-¿En qué medida el exitoso modelo chileno puede ser una referencia para Uruguay?

-Por cierto, el modelo económico chileno es digno de atención. Chile ha tomado ciertos riesgos que son muy interesantes, pero no pueden ser calcados porque las experiencias de cada país son intransferibles.

Por otra parte, supongo que en Uruguay no se quiere replicar la sociedad chilena actual, donde existen divisiones sociales grotescas, un grado de violencia muy elevado y un conservadurismo a flor de piel propio de épocas pretéritas, que no condicen con una economía capitalista en pleno crecimiento. Las vacas sagradas de los uruguayos, tales como el mutualismo y la educación pública, gratuita en sus tres niveles, son prácticamente desconocidas para los chilenos. Por lo tanto, Uruguay tendría que aprender de las malas experiencias de Chile, como son los problemas críticos que generan los oligopolios privados en ámbitos como la educación y la salud. A pesar de que han mejorado muchos indicadores económicos y sociales, otros, como la desigualdad social, siguen siendo nefastos.