El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) nunca ha tomado la medida de expulsar un alumno por mala conducta, "por respeto a las normas constitucionales", argumentó Óscar Gómez, director general de Primaria. "La educación es un derecho humano fundamental, y por tanto nadie puede estar privado de ella", afirmó.

La consulta respondió a un caso de expulsión de una niña de 3 años por mal comportamiento con sus compañeros y docentes en la provincia argentina de Salta. La pequeña alumna del jardín de infantes Milagroso Niño Jesús de Praga de Salta mantenía "permanentemente una actitud desafiante: muerde, escupe, insulta y empuja", dijeron sus docentes.

"Menos mal que fue en Salta y no en Salto", bromeó Gómez, quien dijo que un equipo interinstitucional de Primaria, ASSE, el INAU y el Ministerio del Interior estudian unos 100 casos por año de niños con mala conducta.

"Por tanto, esos niños tienen apoyo de psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, médicos y maestros. Y los equipos multidisciplinarios actúan sobre las familias, donde suelen comenzar los problemas", agregó la autoridad de Primaria.

Hoy el sistema de educación escolar cuenta con unos 140 profesionales entre psicólogos y asistentes sociales para casos así en todo el país.

Lo ideal -dijo Gómez- es atender a esos chicos problemáticos en horario escolar y fuera de clase, intentando que permanezca en su escuela.

Pero el último recurso, muchas veces bienvenido, es decidir el cambio de centro escolar. "A veces alcanza con mudarlo a una escuela cercana, a seis cuadras, y ya va sin su historial de conflictividad y sin el estigma. Ahí los maestros tendrán que buscar la estrategia para evitar que su conducta vuelva a quedar fuera de los cánones normales", dijo a Qué Pasa.