Para la abogada estadounidense Lindsay Sykes, especialista en temas de compliance, la promulgación de leyes anti-corrupción en varios países latinoamericanos están teniendo un impacto significativo en las empresas y sus procedimientos de negocios.

A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Qué está pasando hoy con las empresas de Latinoamérica ante la ola de empresarios procesados por prácticas de corrupción en múltiples países?

—Vivimos un momento extraordinariamente interesante. Lo que pasa es reflejo de la mayor atención que las autoridades globales y nacionales dan hoy al tema de la corrupción, y reflejo de temas como la lucha contra el terrorismo o la evasión fiscal que terminan teniendo efectos indirectos inesperados. Pero, al mismo tiempo, el resultado de que gracias a las nuevas tecnologías y las redes sociales, se ha multiplicado la posibilidad de que un escándalo salga a la luz, así como la velocidad a la que situaciones escalan fuera de control. Todo esto cambió mucho y en muy poco tiempo la forma cómo las empresas se enfrentan a este tema. Lo que hago no existía o era muy marginal en Latinoamérica hace solo 5 años, y hoy es en muchos países una de las principales áreas de actividad de las grandes firmas de abogados.

—Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): ¿En qué consiste este tipo de investigaciones y cuál es su alcance?

—La ley de anti-corrupción internacional FCPA es solo un aspecto del mundo de investigaciones y cumplimiento, que además de corrupción pública también incluye fraude gerencial, y temas de antitrust, promociones ilegítimas y otros, pero es uno importante. Es un ejemplo de cómo la jurisdicción americana tiene un alcance crecientemente expansivo sobre casos que hace no tanto se consideraban temas domésticos sin vínculo con Estados Unidos. El FCPA alcanza a toda empresa subsidiaria de una empresa estadounidense, toda empresa que cotiza en una bolsa estadounidense, y todo acto de corrupción cometido en el territorio de EE.UU.. Pero este último concepto puede incluir una transacción bancaria, lo que termina potencialmente llegando a casi cualquier operación que involucre un giro de dólares americanos.

El aumento en casos en los últimos años se debe a varios factores, entre ellos el hecho de que el gobierno estadounidense está dedicando más recursos que nunca a investigar y a procesar casos de FCPA. Es más, hoy en día los negocios de las empresa son cada vez más globales, situación que las expone a la obligación a cumplir con el FCPA.

— ¿Podemos hablar de algún caso paradigmático?

—El caso mas común es el pago de sobornos a través de un tercero a funcionarios públicos para adjudicarse contratos públicos, obtener permisos o lograr beneficios. El gobierno estadounidense ha multado a varias empresas por actos de esa naturaleza y el FCPA prevé inclusive penas de prisión.

—¿Cuáles son las implicancias de esto para la región?

—Hoy es un grave incumplimiento de las obligaciones de un ejecutivo no tener una vigilancia activa e inteligente de estas situaciones. Y esto no es un problema del empleado que realiza un acto ilegítimo. Según el caso, puede arrastrar a toda la cadena de mando. Es más probable que nunca antes que cualquier denuncia de corrupción sea la base de una investigación por las autoridades estadounidenses o de otros países. O lo que es peor, investigaciones simultáneas de varios países, lo que vuelve la planificación y negociación mucho más compleja, pues los acuerdos de cooperación o de amortiguación de las sanciones que se logran con una autoridad no obligan a las otras, y hasta le pueden generar la prueba necesaria para avanzar con sanciones económicas o penales.

—¿Qué debería hacer una empresa ante una situación similar?

—Lo primero es no actuar emocionalmente, con negación de la realidad, o sin tener el asesoramiento de profesionales que realmente entiendan todo el panorama a nivel local e internacional. Lo que se haga en las primeras horas a partir del descubrimiento o denuncia del supuesto ilícito será analizado con lupa y marcará, en buena medida, las posibilidades de defender a la empresa y, por supuesto, negociar un acuerdo cuando corresponda.

—¿Se está avanzando en la puesta en marcha de nuevas políticas de cumplimiento?

—Las políticas de cumplimiento ya son el estándar en empresas multinacionales, y son cada vez más comunes en empresas locales. Si miramos el caso de Brasil, hoy es una preocupación central de compañías que hasta hace poco ni siquiera tenían el tema en el radar. Y algo similar está pasando en muchos países de Latinoamérica. Hoy, en los procesos de auditoría de compra o due diligence de empresas, el tema cumplimiento es central, y operaciones se frustran por este motivo.

—¿Qué está pasando en Latinoamérica en materia legislativa ante la ola de casos de procesamiento de empresarios y políticos y nuevas leyes anti-corrupción?

—Hay una clara tendencia a promulgar leyes específicas. Por ejemplo, países como Brasil, Colombia y Bolivia ya tienen leyes de anti-corrupción, y están teniendo un impacto fuerte sobre las empresas y los procedimientos de negocios. Pero en los demás países casi todas las conductas en cuestión también están prohibidas, en delitos generales del código penal, a veces con menos rigor, pero otras con menos claridad.

—¿Cómo reacciona una empresa ante el descubrimiento del pago de sobornos?

—Debería contratar a un estudio jurídico con mucha experiencia en el manejo de estas situaciones para que efectúe una investigación interna y lo asesore sobre cómo manejar la relación con la justicia y con varios reguladores. El caso de la FIFA, que todos conocen en este país, muestra hasta qué punto las ramificaciones de estos casos pueden ser como un dominó. La firma debe poder dar asesoramiento sobre la preservación de documentos, relaciones laborales, interacción potencial con las autoridades, etc. La empresa y sus ejecutivos podrían estar expuestos a responsabilidad penal y civil bajo el FCPA y las leyes locales.

—¿Cómo se maneja cuando la empresa es investigada en simultáneo por autoridades de varios países?

—Es un tema central porque hoy la jurisdicción de otros países puede derivar de haber realizado un giro que fue procesado a través de un tercero, y se establece en casos que empresarios jamás imaginarían. Hoy en día, las autoridades de distintos países están coordinando (intercambiando información) más que nunca y, por tanto, debe asumirse que la información proporcionada a autoridades de un país posiblemente será compartida con autoridades de otro.

—¿Qué hacen las empresas hoy cuando descubren que han sido víctimas de un fraude gerencial?

—Tenemos experiencia en algunos de los mayores casos que han ocurrido en Uruguay. Son situaciones siempre graves pero pueden ser muy diferentes según las pérdidas afecten solo a los accionistas o lleven a la quiebra de la sociedad. La recomendación siempre es recurrir a asesores que realmente sepan lo que están haciendo y que puedan darle al tema una visión internacional y desde la experiencia concreta. Será necesaria por supuesto una investigación interna que dará a conocer el alcance de la conducta en cuestión. Muchas veces algo que a primera vista parece un simple fraude termina teniendo consecuencias mucho mayores.

—¿Hay riesgo para los ejecutivos máximos de las empresas por actos de empleados que no conocían?

—La respuesta corta es "sí" y por eso tiene hoy tal relevancia. Los ejecutivos máximos siempre corren el riesgo de ser responsables por las acciones de sus empleados. Por ese motivo, es muy importante que la empresa cuente con políticas de cumplimiento y ética, para que quede claro que la empresa y sus ejecutivos están en contra de cualquier conducta indebida. No hay garantías, pero hay mucho que se puede hacer para estar mejor parados si se da la situación.

—¿Qué tipo de acciones previas de las compañías pueden ayudarles a amortiguar o reducir su responsabilidad frente a acciones de los empleados?

Implementar políticas de cumplimento claras y llevar adelante capacitaciones internas para que los empleados entiendan la posición de la empresa y la consecuencia que podría tener una conducta indebida. También tener procedimientos claros y sencillos para que empleados reporten cualquier conducta preocupante o sospechosa. Nada sustituye, sin embargo, la convicción moral de que la empresa no puede involucrarse en actos ilegítimos, aunque los usos y costumbres tradicionales los consideraran "picardías normales".

—¿Dónde se encuentra Uruguay en esta realidad?

—Delitos de corrupción son tipificados bajo el código penal. No existe una ley especial de anti-corrupción. Como socia de Ferrere me ha tocado viajar a Uruguay a dirigir trabajos de investigación con creciente frecuencia. Y, de hecho, uno de los mayores casos que tuvimos en los últimos años en Uruguay involucró, además de muchos otros aspectos, colaborar con varias firmas y empresas internacionales en la investigación de uno de los mayores fraudes de la historia de este país.

Este caso, sin embargo, fue descubierto antes de mi ingreso a la firma en una época en la que yo vivía todavía en Estados Unidos.

—¿Se ha encontrado con problemas de esta índole en Uruguay?

—Problemas de corrupción existen en todo el mundo. Aunque Uruguay goza de una reputación de ser un país con un nivel de corrupción muy bajo, situaciones como las ocurridas en Chile el año pasado en los que un hijo de la Presidenta quedó investigado por una operación inmobiliaria, o salieron a luz casos de financiamiento ilegal de la política y violación de normas tributarias que llevaron a algunos de los principales empresarios del país a prisión, muestran que ningún país —aun aquellos que son considerados libres de corrupción— está libre de problemas de esta naturaleza.

Obtuvo el título de abogada en la George Washington University Law School. Se desempeña como socia de Ferrere en la oficina de Bolivia, y se especializa en asuntos de carácter multijurisdiccional, incluyendo asesoramiento regulatorio y compliance.

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