Uruguay está en la posición 21 (de 168 países) del ranking internacional de percepción de corrupción en el sector público de Transparencia Internacional (cuanto más arriba en el ranking, menor es la percepción de corrupción en el país en términos comparativos).

Canadá está en el puesto 9, Alemania en el 10, Hungría en el 50, y Argentina en el 107. Muchos otros indicadores también señalan al país como transparente e institucionalmente solido. Esto no solo es una caricia al ego de los uruguayos, sino que también y por supuesto, tiene impactos que son muy reales.

Por ejemplo, numerosos estudios afirman que aspectos vinculados a la fortaleza institucional son parte de los factores que atraen a la inversión, lo que finalmente implica más y mejores oportunidades de trabajo para los uruguayos. Este vínculo entre fortaleza institucional y mejora en condiciones económicas es además, al menos implícitamente, reconocido por las autoridades (presentes y pasadas) del gobierno uruguayo. Basta con ver el contenido de las presentaciones que se hacen acerca del país en el exterior para darnos cuenta de que el argumento de la seriedad institucional es un elemento de promoción de Uruguay. Pero por supuesto, los beneficios de buenas instituciones no se agotan en los retornos económicos, que por obvia deformación profesional he destacado aquí. Las instituciones, en particular aquellas que reflejan valores democráticos, son esenciales para el bienestar en un sentido mucho más profundo que el económico.

¿A qué viene todo esto? Bueno, en realidad a que partir de los debates por el caso Sendic, o mejor debería decir, a la timidez de ellos en el sistema político uruguayo, me he cuestionado si realmente hay un consenso sobre el valor de las instituciones en Uruguay y fundamentalmente, a preguntarme si la institucionalidad uruguaya es realmente fuerte. Por supuesto, esta última pregunta no es fácil de responder (y por eso la existencia de los rankings de percepciones como el de Transparencia Internacional), sin embargo, cada tanto los países se ven sometidos a algunas pruebas que arrojan indicios que permiten orientar una respuesta.

Algunos ejemplos externos a Uruguay ilustran el punto. En febrero de 2011 se descubrió que el ministro de defensa alemán, el barón Karl-Theodor von Guttenberg, había plagiado parte de su tesis de doctorado. Refiriéndose a esta situación el presidente del Bundestag, Norbert Lammert, señaló en la oportunidad "que el engaño cometido por el exministro era un "clavo en el ataúd" para la confianza en la democracia alemana". El primero de marzo von Guttenberg renuncia a su cargo. En abril de 2012 el presidente de Hungría, Pál Schmitt, dimitió a su cargo luego de que se conociera que 20 años antes había hecho plagio en su tesis de doctorado.

En 2008 el ministro de defensa de Canadá, Maxime Bernier, dimitió cuando surge la noticia de que en una instancia había olvidado documentos confidenciales en la casa de una novia, aun cuando los había retornado con posterioridad al ministerio. En 2014 el vicepresidente argentino fue procesado por delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, finalizo normalmente su mandato en diciembre de 2015.

Lo preocupante, desde el punto de vista institucional, como muestran los ejemplos anteriores, no es la existencia de corrupción o deshonestidad, eso ocurre en mayor o menor medida en toda parte del mundo. El diferencial en materia institucional se muestra en cómo se resuelven estos episodios, o en como el sistema se autolimpia.

Si el vicepresidente de Uruguay no logra mostrar la existencia de la licenciatura que dice tener, el país será sometido a una de las pruebas más importantes en materia institucional de la historia reciente. ¿El sistema político uruguayo tiene claro esto? ¿Tiene realmente Uruguay instituciones fuertes? ¿Prevalecerán las instituciones sobre los hombres?

* Diego Aboal es Director del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), siendo uno de sus temas de especialización la economía política e institucional.

Diego Aboal*