El aumento en las remuneraciones reduce el nivel de ocupación por más productividad; en el peor de los casos, por más desempleo.

Los ajustes salariales empiezan a ser mucho para los que los pagan y poco para los que los reciben, por lo que se abre la antesala de negociaciones con mayor cantidad de situaciones de enfrentamiento. En momentos en que se están por iniciar nuevas rondas por ajustes salariales, es importante analizar la evolución de esta variable, que es clave no sólo por su impacto directo en el mercado laboral, sino también por sus implicancias en materia de precios.

El Índice Medio de Salarios (IMS) al mes de abril del presente año se ubicó 11,1% por encima del registro de un año atrás. El número frío no dice mucho, ya que hay que contextualizarlo por un lado con el poder de compra de quienes lo perciben, y por el otro con la evolución de los costos de quienes lo pagan.

Para los trabajadores, el incremento observado es superior al que registró el IPC en el mismo período, aumentando así su poder adquisitivo. Se mantiene así una tendencia iniciada hace más de una década, con aumentos permanentes del salario real. Pero dado que la mayor parte de los trabajadores tiene ajustes anuales, para tener una idea más acabada de la evolución de su verdadero poder adquisitivo lo mejor es considerar promedios anuales del salario real. Al mes de abril se incrementó 3,8% respecto a igual período del año anterior.

El Gráfico N° 1 descompone esa evolución, discriminando entre los salarios del sector público y el sector privado. Se ve claramente que en los últimos años los salarios en el sector privado han evolucionado a un ritmo mayor. En particular, a partir del segundo semestre del pasado año se aceleró el incremento de los salarios privados y en los últimos doce meses aumentaron casi un 5% en términos reales.

Es un aumento superior al que registró el PIB en dicho período, y de alguna manera, dado el menor ritmo de crecimiento que muestra la economía en estos momentos, explica en parte el deterioro que está mostrando el mercado laboral en los últimos meses.

Una aproximación a la rentabilidad de las empresas puede ayudar a entenderlo. En el Gráfico N° 2 se muestra la evolución de los precios de exportación que recibe la industria manufacturera en dólares y los salarios medidos en dólares que paga el sector, corregidos por la productividad. Esta última se calculó en función de la producción por hora trabajada sin considerar la refinería.

Se ve allí que desde el año 2009, los costos aumentaron a un ritmo mayor que el de los precios. Dados los puntos de partida, en los primeros tiempos la industria los pudo absorber, ayudada también por ganancias de productividad.

En el último año la brecha tendió a cerrarse. Es cierto que ante la suba del dólar la economía inició un gradual cambio de precios relativos, abaratándose en la divisa estadounidense. Pero es un proceso gradual, que coincide también con el descenso de los precios de exportación. La mejora relativa no se encuentra en la evolución de los distintos precios, sino en el ajuste que realizó el sector manufacturero. Medidos en dólares, los salarios no variaron en el último año. La mejora provino de la mayor productividad alcanzada, la que se logró con un menor nivel de ocupación. Ante el aumento que registran los salarios, la manufactura está ajustando por cantidad.

En momentos en que el mercado laboral está mostrando síntomas de ajuste y próximo al inicio de una nueva ronda de Consejos de Salarios, analizar en una perspectiva de largo plazo la evolución de la masa salarial es de utilidad, ya que nos ubica donde estamos parados, y permite a las partes adoptar las estrategias que más les convengan y menos distorsiones generen al funcionamiento global.

La evolución del índice de masa salarial real es una aproximación al poder de compra de la población. Se construyó en base a la tasa de empleo, las horas trabajadas y el salario real. El Gráfico N° 3 muestra que desde 2007 a la fecha evolucionó al mismo ritmo que el PIB, con algunos desfasajes, que se recuperan pronto. En términos distributivos, la retribución del trabajo se mantuvo relativamente constante.

El Gráfico N° 4 complementa la historia y muestra que el incremento de la masa salarial respondió a la suba de los salarios, ya que en líneas generales el total del trabajo de la economía (tasa de empleo por horas trabajadas) muestra una leve tendencia a la baja desde 2011.

Los años recientes fueron años de crecimiento con gran dinamismo en el mercado laboral. Ahora la coyuntura es otra y del resultado de los próximos Consejos de salarios dependerá que esta distribución del ingreso pueda seguir sosteniéndose o no. Aumentos fuera de línea pueden provocar un aumento del desempleo. El mercado lentamente ya está ajustando.

El tema de la desindexación vuelve a estar en el primer plano debido al próximo inicio de las negociaciones salariales. Teóricamente, si el objetivo es preservar el poder adquisitivo, se podría alcanzar tanto ajustando en función de la inflación pasada, como en función de la prevista, siempre y cuando ese aumento proyectado de los precios al futuro se cumpla en la realidad. Pero uno u otro criterio no tienen mayores impactos en el mercado laboral, siempre y cuando el ajuste resultante sea acorde a la realidad económica que enfrentan las empresas.

Sin embargo, una indexación generalizada genera problemas macroeconómicos ya que dificulta el control de la inflación. En tal sentido, a mediano plazo las distorsiones que genera un aumento de los precios más allá de los deseado terminan impactando en el comportamiento de los agentes y por consiguiente en el empleo.

Uruguay presenta niveles de inflación que son relativamente elevados para lo que es el contexto económico mundial y regional actual (no son de recibo las comparaciones con lo que acontecía 25 años atrás cuando el mundo era otro), y la indexación es uno de los factores que más dificultan su abatimiento.

En la estrategia gradual de combate a los precios que ha anunciado el gobierno, conceptualmente una desindexación de los salarios no sería particularmente problemática. La dificultad radica en la particular indexación de hecho que tienen los salarios en Uruguay.

Desde hace varias rondas, los ajustes salariales constan de tres componentes. El primero en base a la inflación prevista; el segundo para compensar el desvío entre esa inflación prevista y la efectiva (indexador) y un tercero de crecimiento real.

Este último ha ido variando y está vinculado al desempeño de la actividad económica de que se trate. Es el componente de ajuste real y desde un punto de vista económico el que más impacto directo sobre el empleo puede tener. Cuando se habla de prudencia para los próximos ajustes, es a este componente al que se hace referencia. Más allá de los discursos de las distintas partes involucradas (trabajadores, empresarios y el propio gobierno) parece haber bastante coincidencia en este punto, dada la realidad por la que se atraviesa.

El mayor problema se encuentra en la indexación. Y no por el proceso en sí mismo, sino por la particular forma que tiene en nuestro país. Hasta ahora, el componente de inflación prevista se fijaba en función del objetivo explícito del gobierno. Este es el rango medio de la meta de inflación, es decir 5%. La inflación real siempre resultó mayor, y viene fluctuando hace varios años entorno al 8%. Es decir que en promedio hay un ajuste por indexación en el entorno al 3%. Aquí radica el problema. Si se logra desindexar los ajustes salariales, y el próximo aumento (el primero de la nueva ronda) se fija nominalmente de manera tal que contemple una inflación futura creíble, los trabajadores pedirían que a ese incremento se le agregue el desfasaje entre la inflación prevista y la real ocurrida desde el último ajuste. Estamos hablando de un 3% (en caso de los ajustes anuales), que en este esquema representa un incremento real de las remuneraciones. Es un aumento superior al crecimiento esperado de la economía y que el sector productivo no está en condiciones de soportar.

Por otro lado, si se lograrse acordar un aumento nominal total que coincida con la proyección creíble de inflación, a futuro los trabajadores no perderían poder adquisitivo, pero arrastrarían una pérdida por el desfasaje entre inflación prevista y real desde el ajuste anterior.

Un acuerdo en algún punto intermedio podría resultar beneficioso para todas las partes. Pero puede ser problemático, ya que podría interpretarse como que una de las partes pierde cuando en los hechos no es así.

diferencias entre inflación proyectada y real dificultan cambio de mecanismo