Para determinar el precio de venta al público de los combustibles, el Poder Ejecutivo utiliza una paramétrica a partir de información que produce la contabilidad de costos de Ancap, una fórmula que agrupa las grandes variables que conforman el costo y las multiplica porcentualmente por sus respectivos parámetros.

Pero la cosa no es tan sencilla, porque dentro de esos costos globales se incluyen una serie de costos específicos, también a través de paramétricas, como la remuneración de las compañías distribuidoras (sellos mayoristas), el transporte interno (camiones) y los minoristas (estaciones de servicio), que no emanan del costo interno de Ancap. Y el problema es que para ninguna de estas etapas es posible disponer a su vez de una paramétrica que refleje realmente los costos que se pretende regular.

Para la primera etapa (importación de crudo o refinados, refinación, almacenaje y entrega) aparece la dificultad de evitar —a pesar de contabilidades separadas— que se produzcan subsidios cruzados a una pléyade de actividades menores, a través de la asignación diferencial de los gastos generales, para poner un ejemplo, lo cual termina perjudicando al consumidor quien paga estos subsidios. De ahí nuestra propuesta en anteriores comentarios, de separar legalmente la actividad energética de Ancap, para despojarla de eventuales sobrecargas a sus costos propios.

Los inconvenientes que se generan cuando se intenta representar en una paramétrica la cadena de distribución y ventas, son distintos. Hay situaciones muy diferentes de los distintos minoristas, que no se pueden representar en forma uniforme, y entonces algunos generan sustanciosos "valores llave" de su negocio y otros subsisten en estados económicamente precarios, como resultado de una paramétrica diseñada para una teórica "estación tipo" que no representa ni a unos ni a otros. Algo similar pasa con las paramétricas para regular fletes, donde también se generan grandes diferencias entre fleteros.

Es que, será por la costumbre o el afán regulatorio de algunos, será por el miedo al riesgo empresarial de otros, tenemos una cadena integrada, un monopolio de hecho para mayoristas y minoristas de los combustibles, sin competencia y sin fundamento legal, dado que el monopolio solo se establece para Ancap en las fases de importación y refinación.

Para sustituir la famosa paramétrica hay que plantear un conjunto de medidas complementarias para ambas fases del proceso, no sea cosa que la liberalización en la distribución haga subir el precio de los combustibles, o que una mejora en la eficiencia de Ancap sea capturada por las empresas distribuidoras y no llegue al público.

Para la primera fase reiteramos la propuesta ya realizada de que Ancap venda en puerta de sus terminales en todo el país a las compañías distribuidoras y grandes clientes al precio de "paridad de importación", separando así el negocio de importación y refinación de la distribución y comercialización Esa paridad de importación debe calcularse por parte del Regulador independiente como el precio FOB del mercado a granel transparente y más cercano, el Caribe, más el flete marítimo de carga limpia desde el mismo mercado, más el seguro y los costos de internación, complementados por los costos de almacenaje y entrega. En forma coherente con esto, Ancap debería pagar el precio paridad de importación en su localización de mezclado en Montevideo, a su proveedor de biocombustibles, ALUR.

Y en el resto de la cadena, se debe propender a la competencia liberalizando el mercado. El sector minorista debería obtener la libertad de reagruparse entre nuevas y existentes compañías distribuidoras de acuerdo a sus conveniencias, y gestionar sus costos, lo que mejoraría la eficiencia de esta etapa. El colectivo de las estaciones de servicio es suficientemente grande y bien distribuido, para que se establezca entre ellas una competencia que resulte en el mejor precio para el consumidor al quedar liberadas de las condiciones que actualmente le imponen las etapas superiores del negocio. Adicionalmente, el desarrollo del transporte eléctrico y eventualmente a gas generará mejores condiciones aún para la competencia minorista.

Este objetivo de mediano plazo posiblemente requiera una implementación en etapas y un monitoreo fuerte desde el Regulador independiente, que contemple inicialmente la fijación de precios máximos al consumidor y el anuncio de la hoja de ruta para avanzar hacia el mercado objetivo.

Finalmente, deberíamos acordar que el precio de los combustibles no puede ser incrementado para subsidiar otros desarrollos, si pretendemos ser competitivos. Esta competitividad por la energía es necesaria en los productos primarios y mucho más en aquellos con mayor valor agregado. Entendemos que de ser necesario subsidiar actividades en zonas deprimidas o por cualquier otra razón valedera, el subsidio debería ser explícito y a cargo de rentas generales.

(*) El Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica del Uruguay produce reflexión independiente sobre el sector de la energía en el Uruguay. Su Consejo Honorario lo integran el Ing. Omar Paganini, el Ing. Andrés Tierno Abreu, el Cr. Alejandro Perroni y el Ec. Javier de Haedo.

OBSERVATORIO DE ENERGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE (*) - UNIVERSIDAD CATÓLICA