El pasado 12 de diciembre se anunció el Acuerdo de París que resultó de la 21a Conferencia de las Partes (COP ) de la Convención Marco de las Naciones Unidades para el Cambio Climático.
LUIS CUSTODIO - lcustodio@elpais.com.uy
Para el economista Marcelo Caffera, especializado en economía ambiental, "la teoría económica no permite ser optimista con este acuerdo". Para explicar ello, dividió sus reflexiones entre pesimistas y optimistas. A continuación, un resumen de la entrevista.
—Lo sustancial del acuerdo puede definirse en la decisión de mantener el aumento de la temperatura global del planeta "muy por debajo" de 2°C con respecto a la temperatura media del planeta pre-revolución industrial…
—Y el instrumento elegido para determinar los aportes de cada país a la reducción global de emisiones son las "contribuciones intencionales y nacionalmente determinadas" (INDC, por sus siglas en inglés). Estos son documentos que la mayoría de los países ya envió a la conferencia de París antes de que ésta comenzara, donde se establecen los planes de cada país en cuanto a la reducción de gases de efecto invernaderos. Los países deben comunicar una nueva INDC cada 5 años. Cada sucesiva INDC debe significar un progreso respecto a la anterior. A su vez, La COP elaborará un inventario global de emisiones para analizar el progreso del acuerdo. El primer inventario será en 2023. (Art. 14).
—No todos los países defendieron iguales posiciones…
—Se reconoce que los países en desarrollo están en una situación diferente, que los países desarrollados tienen que liderar en la disminución de emisiones y "apoyar" las medidas que tomen los países en desarrollo. De esta forma, los países desarrollados deben proveer recursos financieros a los países en desarrollo para financiar sus proyectos de mitigación y adaptación. Los países en desarrollo, además, tendrán requerimientos más flexibles respecto a los demás compromisos del acuerdo, como por ejemplo los referidos a la transparencia de los informes (siguiente punto). Los países menos desarrollados y los estados isleños en desarrollo pueden mandar esta información "a discreción".
—¿Cuáles son garantías para el cumplimiento de estas metas?
—Se establece un marco de transparencia en la información a brindar a la Convención en cuanto a las reducciones de emisiones planificadas en los INDC. Las bases de esta transparencia son: (a) la provisión a la Convención por parte de los países de toda la información que sea necesaria para clarificar las INDC; y (b) la utilización de una metodología común en la preparación del inventario de emisiones antropogénicas y de captura de los sumideros. La metodología, que incluirá una línea de base común, métricas comunes y un sistema de medición, reporte y verificación común, será aprobada por el IPCC y acordada por la COP. Los países desarrollados deberán reportar información clara respecto a sus transferencias de tecnología y dinero. Los países en desarrollo podrán recibir apoyo para construir las capacidades que les falten para cumplir con estos compromisos.
—¿Cuáles son los puntos que deben resultarnos más preocupantes?
—El primero de ellos, se llega tarde: para cuando se haga efectivo (¿2020?), es probable que ya se haya emitido una cantidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que haga imposible mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5°C. Por otra parte, las reducciones de emisiones que prevé el acuerdo son nacionalmente determinadas y no son vinculantes en el sentido de que no hay sanciones previstas para aquellos países que no las cumplan; son sólo promesas. Esto se debe básicamente a la oposición de Estados Unidos para que así sea. Obama no quería reducciones vinculantes porque eso hubiera requerido aprobación del congreso, lo que no iba a suceder. El Acuerdo de París es entonces un acuerdo marco donde ningún país está obligado a una determinada reducción, sino que cada país se auto-impone su meta de reducción, y al mismo tiempo no sufrirá consecuencias si no la cumple.
—Usted sostiene que son los países que no cumplan con sus INDC los que van a tener más poder de negociación dentro de 5 años en la próxima reunión. ¿Por qué?
—De acuerdo a los propios cálculos de Naciones Unidas, las INDC presentadas por los países antes de la COP de París representan una caída en las emisiones de GEI de entre 4 y 5 giga-toneladas de CO2 equivalente por año (GtCO2e/año) en 2030. Las actuales políticas implementadas por algunos países antes de la Convención de París de manera independiente representan unas 5 GtCO2e /año adicionales. Para estar en 2030 en el sendero de emisiones globales consistente con un 66% de chance de mantenernos por debajo de una aumento de 2°C en 2100 debemos reducirlas en cerca de 22 GtCO2e/año con respecto a la línea de base. Es decir, tenemos que lograr el doble de las reducciones que lograríamos con los INDC y medidas actuales.
—Los economistas proponen como solución poner "un precio al carbono"…
—Una solución lejana. El mejor resultado en este sentido fue la inclusión del mecanismo de "Transferencia internacional de esfuerzos de mitigación", bajo el cual los mercados de permisos transferibles de emisión de gases de efecto invernadero pueden vincularse a instancias de la voluntad de sus reguladores. California y Quebec ya lo hicieron, por ejemplo, y posiblemente lo haga también British Columbia. La ausencia de un mecanismo global para ponerle un precio al carbono tiene dos problemas: (1) mientras los combustibles fósiles sigan siendo más baratos que los alternativos, se seguirán quemando, (2) la solución propuesta es más cara. Estados Unidos, China y Europa tienen grandes mercados de gases de efecto invernadero. Pero los límites máximos de emisiones globales (los "techos") en estos mercados son muy altos. Como consecuencia, el precio de la tonelada de CO2 en estos mercados está muy por debajo de lo que necesitamos para evitar un cambio climático muy costoso. Pero el resto de los países están mucho más atrasados. Y hay muchos que no quieren oír hablar de un precio al carbono (Venezuela y Arabia Saudita a la cabeza).
—¿Cuáles son los aspectos positivos de la cumbre?
—Se llegó a un acuerdo que firmaron todos los países. Esto no había sido posible antes. Lo mejor de París quizás haya sucedido "fuera" de las negociaciones. El 29 de noviembre se hicieron dos anuncios. La creación de Mission Innovation, un compromiso de 20 países para más que duplicar su inversión en investigación y desarrollo de tecnología para energías limpias en un plazo de 5 años. La idea es identificar aquellas tecnologías que tienen más chances de poder ser llevadas al mercado. El otro anuncio fue la creación de Breakthrough Energy Coalition, una coalición de inversores de varias partes del planeta que financiarán a compañías que están sacando del laboratorio nuevas tecnologías de energía limpia y poniéndolas en el mercado. Esta coalición focalizará sus inversiones en aquellos países que participan de la Mission Innovation.
Paradójicamente, el optimismo tiene como fundamento una iniciativa de millonarios inversores para financiar el desarrollo de tecnologías verdes. El motivo de estos inversores es tanto hacer lo correcto como ganar dinero. El otro optimismo se debe basar en el enfoque de abajo hacia arriba (bottom-up).
—¿Qué significa?
—El futuro depende de las acciones individuales de los países líderes (en emisiones y políticamente). China es una esperanza porque tiene incentivo a bajar las emisiones por el problema de la contaminación del aire que sufre su población. Estados Unidos, aparte de las iniciativas estatales, tiene a un presidente que quiere dejar un legado. La Unión Europea continúa mejorando la implementación de su mercado permisos transferibles de emisión de GEI.
Básicamente, estamos en manos de los 5 grandes emisores: China, Estados Unidos, UE, Rusia e India. Entre ellos producen el 65% de las emisiones. La esperanza puede depositarse en los esfuerzos que ya están haciendo algunos de estos países o grupos, más sus intentos de vinculación entre ellos. Todo esto en el marco del Acuerdo de París, que es todo lo que los políticos nos pudieron dar como mecanismo de arriba-hacia-abajo (top-down).
Por último, la sociedad civil, en cuanto empiece a sufrir las consecuencias del cambio climático ya instalado, empezará a demandar a los políticos que se implementen políticas de reducción de GEI. Particularmente, debería enviar la señal política de que está dispuesta a pagar productos más caros mientras transita el camino a la des-carbonización y desarrollan las nuevas tecnologías.
Y siempre está el tema de que no solamente hay que bajar las emisiones sino que hay que hacerlo a tiempo. Y cuánto más tarde, será más caro hacerlo.
Uruguay no creó el problema y no va a gastar recursos en solucionarlo.
—¿Si observamos el resultado desde el punto de vista específico de Uruguay?
—Uruguay fue a París con algunos objetivos claros. En primer lugar, asegurar que en el acuerdo figure la necesidad que los países más ricos financien la mitigación y la adaptación de los menos ricos. Esto figura en el acuerdo. En segundo lugar, que no se incluya ninguna medida para-arancelaria o arancelaria que grave el contenido de carbono del producto que se comercia, lo que podría afectar a nuestras exportaciones agropecuarias (de carne, sobre todo).
Eso también se logró. De acuerdo al Presidente del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, Dr. Ramón Méndez, Uruguay volvió de París con el 100% de sus objetivos cumplidos. La posición de Uruguay es consistente con el comportamiento estratégico y la justicia: Uruguay no causó el problema y no quiere gastar recursos en solucionarlo; quiere que le financien la adaptación. Además, tiene la carta de presentación de su nivel récord de capacidad instalada para generación de electricidad en base a recursos renovables.
PERFIL.
Marcelo Caffera.
Licenciado en Economía por la Universidad de la República. Posee un máster y doctorado en Economía Ambiental por la Universidad de Amherst (Massachusetts). Fundador de la Sociedad Uruguaya de Economía Ecológica
Las soluciones DE la COP 21 tienen una lectura optimista y otra pesimista