El año trajo subas de tributos (y rebaja en algún caso) producto del ajuste fiscal; además hay alzas en tarifas. Subas de tarifas reflejan los mayores costos de empresas, pero también recaudación.

Los uruguayos comienzan el año con varias medidas que impactan en su bolsillo. Es que 2017 es el año de la implementación del ajuste fiscal (el 70% del mismo recae sobre el sector privado) y además también viene con suba de tarifas públicas.

Para enfrentarlo, tienen a su favor que los salarios crecieron en 2016 por encima de la suba de precios (10,77% en los 12 meses a noviembre versus 8,1% de inflación en los 12 meses a noviembre) y una rebaja mayor de IVA para compras con tarjetas de débito y dinero electrónico (de 4 puntos en vez de 2).

Los cambios tributarios que forman parte del ajuste fiscal incluyen una suba del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tanto en rentas del trabajo como del capital, un alza del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), modificaciones en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y la rebaja del IVA.

Según cálculos del gobierno, las modificaciones en el IRPF, el IASS y el IRAE le reportarán US$ 385 millones a las arcas del Estado. A su vez, la rebaja del IVA le significará una pérdida de US$ 50 millones, con lo que el neto será de US$ 335 millones más de recaudación.

Los cambios propuestos implican modificaciones en las tasas de tributación y en la forma de computar las deducciones del impuesto. Eso supone que aquellos que ganan más de $ 50.101 al mes (aunque este monto será ajustado al alza cuando se suba la BPC en los próximos días) pagarán una tasa más alta de impuesto.

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluidos en la ley de Rendición de Cuentas que determinó estos cambios, 293.061 personas son las que se verán afectadas por ganar más de ese monto. Eso supone casi la mitad de los que pagan IRPF por rentas del trabajo, aunque solo el 20% de aquellos que perciben ingresos.

También cambian las deducciones computables (aportes patronales, hijos menores a cargo, etc.) que pasan a considerarse a una tasa fija del 10 % si los ingresos nominales anuales son iguales o menores a 15 BPC mensuales (actualmente $ 50.100 mensual). Aquellos sueldos superiores a las 15 BPC mensuales podrán deducir a una tasa fija del 8%.

Este cambio, tiene como consecuencia un aumento mayor del impuesto para las familias con hijos que aquellas sin hijos.

También hay varios cambios en el IRPF en la parte de rentas del capital. Así, la tasa de 3% pasará a 7% para: los intereses de depósitos en moneda nacional y Unidades Indexadas superiores a un año en instituciones financieras de plaza; los intereses de obligaciones y otros títulos de deuda emitidos por entidades residentes con plazo mayor a tres años (emitidos mediante suscripción pública y cotización bursátil en entidades nacionales) y en rentas de certificados de participación de fideicomisos financieros con plazo mayor a tres años (emitidos mediante suscripción pública y cotización bursátil en entidades nacionales).

Además, se eleva del 5% al 7% la tasa de IRPF aplicable a los intereses correspondientes a los depósitos en instituciones financieras a un año o menos en moneda nacional.

Otra modificación del IRPF rentas de capital tiene que ver con la distribución de utilidades. "Se gravan las utilidades no distribuidas que tengan una antigüedad mayor a tres años, la norma presume que dichas utilidades se encuentran distribuidas cuando alcanzan esa antigüedad sin distribuirse desde que fueron generadas", dice un informe de la consultora CPA Ferrere.

"Esta disposición rige para utilidades fiscales generadas a partir de ejercicios iniciados desde el 1º de julio de 2007", agrega. Las utilidades siguen gravadas a una tasa de 7%.

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Tanto el mínimo no imponible del IASS ($ 26.720) como la tasa impositiva de la primera franja (10% para pasividades entre $ 26.721 y $ 50.100) no sufren variaciones. En el segundo tramo —de $ 50.101 a $ 167.000— se aumenta el aporte del 20% al 24%, mientras que para las jubilaciones superiores a $ 167.000 se sube de 25% a 30%. Al igual que en el IRPF rentas del trabajo, esos montos ajustarán al alza como consecuencia de la suba de la BPC. El gobierno prevé una recaudación adicional de US$ 25 millones anuales con esos cambios.

Si bien el IRAE mantiene su tasa en 25%, habrá varias modificaciones que derivarán en que las empresas terminen pagando más.

Uno de los cambios es que "los servicios personales estarán obligados a liquidar el IRAE en base real cuando le presten servicios a una sociedad contribuyente de IRAE de la que sean socios o accionistas, siempre que la actividad de la sociedad sea la de prestar servicios personales de igual naturaleza", expresa el informe.

A su vez, "se pasa a gravar al 7% la distribución de utilidades de sociedades que hayan optado por tributar IRAE prestadoras de servicios personales fuera de la relación de dependencia, siempre que las rentas que dieron origen a la distribución se hayan generado a partir del 1º de enero de 2017", agrega. Hasta ahora, estaban exoneradas.

Otro cambio que rige desde ayer es que "sólo se permitirá deducir las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores (acumuladas durante los últimos cinco periodos) hasta el 50% del resultado fiscal positivo. Esta modificación implica que la empresa deba pagar cada año al menos el 50% del IRAE generado en el ejercicio antes de computar las pérdidas fiscales", explicó CPA Ferrere.

Por otro lado, "se elimina la deducción en los sueldos fictos patronales de los titulares de empresas unipersonales o sociedades personales, permitiendo computarse únicamente cuando se liquide el IRAE por el régimen ficto. Por lo tanto, solamente se podrá deducir el sueldo patronal real, es decir por el que se paga IRPF", explica.

Otra modificación es que las rentas obtenidas por entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación comenzarán a tributar el 25% en vez del 12% que tenían hasta fin de 2016.

La rebaja total de IVA vuelve a ser de 4 puntos, tal como fue en el primer año de aplicación de la Ley de Inclusión Financiera, en vez de los 2 puntos actuales. Esto es aplicable a las ventas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas a consumidores finales por montos inferiores a 4.000 Unidades Indexadas (aproximadamente unos $ 13.000) siempre y cuando el pago sea con tarjeta de débito o instrumentos de dinero electrónico.

El ajuste por inflación se realizará solamente en aquellos ejercicios en que el porcentaje de variación del Índice de Precios del Consumo (IPC) acumulado en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida supere el 100%. Previamente, el Poder Ejecutivo tenía más discrecionalidad para decir si lo aplicaba o no.

Se agregó a las rentas de fuente uruguaya a efectos del IRAE, del IRPF y del Impuesto a la Renta de No Residentes a las provenientes de servicios de publicidad y propaganda prestados, desde el exterior, a contribuyentes del IRAE, vinculados a la obtención de rentas comprendidas en dicho impuesto.

El 2017 también llegó con subas de tarifas públicas anunciadas a fin del año pasado. Así, los combustibles tuvieron un aumento de 8% —pese a que durante casi todo 2016 el petróleo estuvo bien por debajo de la referencia de Ancap—, la electricidad subió 7,5% (salvo para la denominada tarifa social), la telefonía 8% y el agua 8,2% (además de un incremento de 7,3% sobre el cargo fijo de acuerdo a la capacidad de consumo de cada cliente).

Parte de esas subas reflejan mayores costos que enfrentan las empresas (aumentos salariales, de insumos, etc.), pero otra es puramente por necesidades fiscales (el déficit estaba en 3,7% del PIB en los 12 meses a noviembre).

El caso de Ancap con su aún débil situación financiera es el ejemplo más claro.

Este año, las empresas públicas deberán transferir a Rentas Generales unos US$ 420 millones. UTE deberá aportar unos US$ 239 millones, Antel US$ 105 millones y OSE US$ 24 millones. Se estima que Ancap transfiera unos US$ 50 millones de impuestos recaudados sobre la venta de combustibles.

Esas transferencias, ayudarán a mejorar el déficit fiscal junto con el ajuste que empezó a regir ayer.

TARIFAS PEGARÁN MÁS QUE EL IRPF