Las entidades financieras estarán obligadas a enviar anualmente a la DGI la información sobre saldos y rentas en cuentas bancarias de residentes y no residentes, ya sean personas físicas, jurídicas u otra denominación. 

Se deberá identificar la residencia fiscal del titular de la cuenta bancaria. Además, desde la vigencia de la norma no se podrán abrir nuevas cuentas sin cumplir con el requisito de declarar la residencia fiscal de los titulares.

La obligación de informar sobre el beneficiario final de las cuentas bancarias rige únicamente para casos en que los titulares sean sujetos de alto riesgo en materia de evasión fiscal según los criterios fijados por el Poder Ejecutivo. 

La DGI es designada como el organismo fiscalizador del cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades financieras y además será quien aplique las sanciones en casos de omisión a la normativa. 

El proyecto establece que los cambios normativos empezarán a regir en 2017, por lo que sobre final de año se deberán reportar los datos de cuentas bancarias. El período para dicho envío será definido por el Poder Ejecutivo.