Instituciones accedieron ya que no están alcanzadas por secreto bancario

La Dirección General Impositiva (DGI) desembarcó en los bancos para pedirles datos de los clientes con mayor consumo en tarjetas de crédito.

El objetivo, es cruzar esos datos con otros que posee el organismo para detectar inconsistencias en el pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y otras irregularidades.

Según dijeron a El País fuentes financieras, el organismo se llevó miles de datos de clientes con alto poder de consumo, aunque no especificaron a partir de qué monto. El País intentó comunicarse ayer con el director general de Rentas Joaquín Serra, pero este no respondió los llamados.

Los bancos entregaron la información solicitada por la DGI, afirmaron las fuentes.

A diferencia de la información de depósitos, donde el organismo requiere autorización judicial para acceder a las cuentas (si bien eso cambiará de aprobarse un proyecto de ley —ver aparte—), en el caso de créditos no tiene ese requisito. Es que desde el año 1992, la DGI está autorizada a acceder a los consumos de las tarjetas de crédito.

Utilizar datos de la capacidad de gasto de los contribuyentes para detectar inconsistencias no es algo nuevo para el organismo. Desde 2012, las instituciones educativas privadas (desde colegios hasta universidades) y clubes deportivos deben incluir todos los años en su régimen especial de documentación los datos de clientes que gasten más de 70.000 Unidades Indexa- das anuales en el primer caso (unos $ 241.640 actualmente) y 30.000 UI en el segundo (unos $ 103.560).

Si bien esto causó gran polémica porque los colegios entendían que no podían dar esa información por estar amparada en el secreto profesional y otras razones, finalmente los dieron.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) desestimó una demanda de un colegio de Maldonado contra el organismo. En esa ocasión, el TCA afirmó que "los datos a que refiere la resolución impugnada no se corresponden con aquellos propios de una relación profesional-cliente, sino que son ajenos a la materia propia del secreto profesional".

A fines de octubre pasado, Serra había dicho a El País que la "DGI ha modificado la forma de inspeccionar. Uno de los cambios que ha hecho es incorporar lo que llamamos auditorías de escritorio. Cuando desde nuestro sistema se detectan incon-sistencias, se cita a los contribuyentes a la oficina para que aclaren si hay un problema de mala calidad de la información o si hay un problema de impago de impuestos y deben reliquidarlos. La información obtenida a través de factura electrónica es muy útil para este tipo de controles".

"Casi en la totalidad de los casos que utilizamos información de este tipo, reliquidamos el impuesto. Hemos controlado el pago del IRPF y también de empresas con esta información", había añadido Serra.

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri dijo en mayo de este año ante la comisión de Hacienda del Senado que "en algunos casos, los cambios culturales o las resistencias culturales están afectadas a cuestiones de privacidad. En realidad, a mí me gusta decir que son avances hacia la transparencia" y agregó que "no debería ser un problema que se sepa cuáles son los niveles de gasto de los ciudadanos". Puntualizó que "si compra bombones de chocolate o de frutilla es un tema de fuero íntimo, pero que se conozcan los niveles de gasto de los ciudadanos no debe ser un problema".

La pregunta que se hacen los contribuyentes es si el organismo no se está convirtiendo en un "Gran Hermano" que todo lo ve. En octubre del año pasado, Serra respondía que eso "es una caricatura. Muchas veces lo que hay atrás (de esa aseveración) es una resistencia a ser controlado".

"Todas las administraciones tributarias en el mundo lo que hacen es manejar y analizar información. Hay países desarrollados y democráticos donde las administraciones tributarias disponen de mucha más información de la que dispone la DGI uruguaya. Aquel contribuyente que cumple adecuadamente con sus obligaciones no debe preocuparse. Pero, si la DGI no tiene información no puede ir a controlar a quien, en base al no pago de impuestos, compite deslealmente con aquel que paga en forma adecuada", había enfatizado Serra.

El Poder Ejecutivo envió hace algunos días al Parlamento un proyecto de ley que obliga a las instituciones financieras a informar anualmente a la DGI los saldos y rentas acreditados en cuentas bancarias de residentes y no residentes. Se trata de una nueva flexibilización del secreto bancario.

En la exposición de motivos que acompaña el proyecto, el gobierno sostuvo que se busca no quedar al margen de corrientes globales sobre transparencia fiscal y combate a la evasión.

En efecto, Uruguay se comprometió a intercambiar información tributaria en forma automática con otros fiscos a partir de septiembre de 2018.

Ese compromiso fue el que llevó a flexibilizar el secreto bancario de los no residentes, pero también se incluyó a los residentes como forma de aumentar el caudal de información que maneja la DGI para la fiscalización. El gobierno explicó que la firma de acuerdos internacionales sobre tributación tiene "un doble propósito", ya que aparte de cumplir con estándares globales se busca mejorar la normativa local "con miras a la obtención y accesibilidad de información con fines tributarios".

El gerente del Departamento de Impuestos de Ferrere, Fabián Birnbaum, dijo a El País que de aprobarse el proyecto, la DGI "va a tener mayor información sobre las personas físicas uruguayas, sobre el dinero que tiene, por lo que contará con mayores herramientas para la fiscalización".

En esa línea, el gobierno señaló que estos cambios normativos "fortalecerán y amplificarán considerablemente la posibilidad de nuestro país de tutelar la defensa de las bases imponibles, en particular en lo relativo a la imposición sobre la renta".

IMPORTA EL MONTO, NO EN QUÉ GASTA