A partir de la crisis financiera global, en que los países desarrollados tuvieron que volcar enormes sumas de dinero para el salvataje de sus respectivos sistemas, el mundo ha cambiado en su tolerancia al secreto bancario.Columna del presidente del Banco Central, Mario Bergara sobre el secreto bancario.

Las políticas monetarias extremadamente expansivas en Estados Unidos, Europa y Japón (que han multiplicado la cantidad de dólares, euros y yenes en el mundo) trasladaron parte del costo de esas crisis hacia los países emergentes por la vía del impuesto implícito en el uso de sus monedas.

No obstante, una buena porción de los déficits generados van a ser de cargo de sus contribuyentes, por lo que aumenta su preocupación por el destino de los flujos financieros. De allí, la creciente demanda global por transparencia fiscal y bancaria.

Irrumpe entonces una nueva institucionalidad multilateral en materia tributaria, liderada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que se consolidó con el rediseño del Foro Global de Transparencia. Este Foro coordina la revisión sobre las prácticas adoptadas por los distintos países en la materia, tanto para validar el marco legal y regulatorio del intercambio de información (Fase I) como para verificar su efectivo cumplimiento (Fase II).

En nuestro país, el proceso de adecuación a esos estándares internacionales comenzó con la reforma tributaria, al erradicar las Sociedades Financieras de Inversión (SAFI) y extender la imposición a la renta a las entidades no residentes. Luego se realizaron importantes esfuerzos para cumplir los requerimientos globales.

La vara contra la cual medirnos se hizo cada vez más alta. Es así que asistimos a una proliferación de tratados bilaterales de intercambio de información, los acuerdos con los países relevantes (Argentina y Brasil) y la conformación del registro de los accionistas al portador radicado en el Banco Central. Nuestro país recibió la aprobación de ambas Fases con buena nota, posicionándolo como una jurisdicción alineada con las mejores prácticas internacionales.

Mirando hacia adelante, Uruguay se ha comprometido a operar en el mecanismo multilateral de intercambio automático de información tributaria de la OCDE, a la vez que debe volver a tener una buena evaluación de su sistema de prevención de lavado de activos basada en las crecientes exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Obtener buenos resultados en estas áreas es tan importante como mantener el Grado de Inversión en materia financiera: un sello de credibilidad y reputación. Por lo tanto, los cambios normativos son imprescindibles: la ley de transparencia fiscal recientemente aprobada y otro proyecto en camino con énfasis en los mecanismos de combate al lavado de dinero.

No fueron pocos ni superficiales los conceptos involucrados en la discusión pública de la Ley de Transparencia Fiscal. El debate incorporaba temas como el Estado, la intimidad, el interés general, la inserción externa, el mundo, los valores y los principios. Cubiertas con coloridas capas o al desnudo, todas estas dimensiones se entrelazaban.
“De rodillas ante el nuevo imperialismo”, “Les hacen los deberes”. Tema con variaciones. El Homo Rebellis es su cantautor.

Lástima que ya le fuera dicho que el Uruguay es una economía pequeña y necesariamente abierta al mundo y que, por lo tanto, debe tener un enfoque definido para su inserción externa. Y es allí donde se contextualiza el régimen de secreto bancario. Mientras en los ochenta primaba el enfoque de “Uruguay - Plaza Financiera”, el sistema financiero concebido como sector crucial al que se supeditaban otros sectores, se pensaba al Uruguay inserto esencialmente en la región y, por ende, el secreto bancario estaba al servicio de una inserción regional para aprovechar debilidades de países limítrofes. Era un esquema rígido que ofrecía opacidad a los vecinos.

En la actualidad, prima un enfoque integral que articula los sectores productivos y financieros en función de una estrategia de desarrollo, se visualiza al Uruguay inserto estratégicamente en la región y en el mundo y, por lo tanto, la erosión del secreto bancario y el combate al lavado de dinero están al servicio de una sana inserción externa. Constituye un enfoque flexible que ofrece transparencia al mundo.

“Servilismo hacia los países desarrollados”, “Hacen cosas que ni siquiera les piden”. Otro tema con variaciones. El Homo Reticentis es ahora el intérprete.

Si bien la OCDE refleja los intereses de los países desarrollados, un país pequeño y abierto no puede ser ajeno a los requerimientos de la comunidad internacional. Esta observancia hace a nuestro prestigio reputacional y no hay razón para no hacerla en tiempo y forma.
“Se van a ir los capitales”. “Perjudicamos las inversiones en el país”. Tema recurrente. El Homo Anacronicus lo canta.

La erosión del secreto bancario constituye un proceso global coordinado. Los capitales sucios no van a tener donde esconderse. Lejos de conformar una ventaja, los países que mantengan regímenes opacos van a ser parias en el mundo. Las inversiones que más necesitamos (las productivas, las de infraestructura, etc.) no van a fluir hacia jurisdicciones oscuras. Hacia ellas irán los capitales especulativos que procuran ocultarse del cumplimiento de sus obligaciones. Está en nuestro interés avanzar con las prácticas de transparencia para consolidar un clima de inversión compatible con una estrategia de inserción de largo plazo. Es nuestra responsabilidad para con los uruguayos.

“Se vulnera la intimidad de las personas”. "Se busca infundir miedo al castigo por no pagar impuestos". Otro tema con variantes. El Homo Privatus lo interpreta.

La racionalidad de los esquemas de secreto bancario involucran tanto principios generales como consideraciones de conveniencia (costos y beneficios). Puede plantearse el tema en términos del conflicto entre el derecho a la privacidad y el interés social de obtener información para combatir prácticas delictivas y promover el cumplimiento de obligaciones. El umbral que define el equilibrio entre intimidad e interés general se ha ido moviendo en los últimos años, justamente porque los sistemas financieros han sido utilizados para amparar prácticas como los fraudes impositivos, el incumplimiento de obligaciones familiares (pensiones alimenticias), el lavado de activos derivados del narcotráfico, del tráfico de personas y del negocio armamentista, etc.

El rígido secreto bancario del “Uruguay – Plaza Financiera” fue objeto de un largo proceso de flexibilización. Múltiples normas incorporaron causales para su levantamiento: la Ley de Alquileres, las normas sobre embargos para la Inspección General del Trabajo y el Banco de Previsión Social, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley Anti-lavado de Activos, la Reforma Tributaria y la Ley de Mercado de Valores, entre otras. En la actualidad, el movimiento es más brusco en un marco de coordinación global y con la explícita intención de llevar el secreto bancario a su mínima expresión. Como hemos dicho, un golpe casi mortal.

“Avanzamos más allá de lo que los propios países desarrollados hacen”, “Quieren ser los primeros de la clase”. Tema entreverado. El Homo Opportunus se luce en su declamación.

La hipocresía de algunos países desarrollados no puede servir de excusa para no avanzar en lo que creemos conveniente y justo. Es cierto que existen jurisdicciones que operan como paraísos fiscales y que pertenecen a países poderosos como la Isla de Mann, las Islas Seychelles, Delaware, las Islas Vírgenes (de paradójica mala reputación), etc. Pero el proceso también va a ser inexorable para ellos. Ya hay compromisos explícitos ante la OCDE y de no cumplirlos, serán parias opacos en un mundo de transparencia.

“Le damos demasiado poder a la Dirección General Impositiva”. “Será el gran hermano que todo lo controla”. “Va a pescar al barrer”. Tema más que recurrente. Su intérprete, el Homo Prudentis.

A veces parece que el secreto bancario hubiera existido desde el principio de los tiempos, salvaguardando la privacidad de manera irrestricta. Un poco de historia puede ayudar. El secreto no era oponible a la DGI hasta la ley de bancos de la dictadura en 1982. Este empuje de opacidad echó por tierra la capacidad de la autoridad fiscalizadora que se derivaba del Código Tributario.

El miedo que se pretende generar a nivel masivo es absolutamente injustificado. Según la reglamentación anunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas, la DGI recibirá información de saldos de sólo el 5% de las cuentas más voluminosas del sistema bancario. El uruguayo de a pie que tiene ahorros modestos no se verá involucrado en el proceso.

Quizás quienes sienten que avanzar en la transparencia es caer de rodillas y ser serviles al imperio aún añoran el “Uruguay – Plaza Financiera” que tanto daño hizo a los uruguayos. Erosionar el secreto bancario no es entregar principios, porque la opacidad nunca fue un valor que pregonáramos. No está en nuestros valores amparar actos delictivos o incumplimiento de obligaciones. La posibilidad que otorga la coordinación internacional, el enfoque de inserción que el Uruguay requiere y la responsabilidad de consolidar la credibilidad y la reputación del país son factores que confluyen para ir en la dirección que, con convicción, sentimos le conviene al Uruguay.

MARIO BERGARA