El anuario 2015 de Amnistía Internacional, que será difundido el día de mañana por la organización, establece que existen trabas en Uruguay para investigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, debido a ciertas decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia. También alerta sobre las condiciones carcelarias en el país, haciendo hincapié en que gran cantidad de los reclusos están a la espera de un juicio.

La parte del documento que concierne a Uruguay empieza diciendo que "la lucha en pro de la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el período de gobierno cívico-militar" es factible que "sufriera un retroceso a raíz de una decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia en 2013".

Amnistía se refiere a la revocación por parte de la Corte "de dos artículos cruciales de la Ley 18.831, adoptada en 2011, que establecían que los crímenes cometidos" durante la dictadura "eran crímenes de lesa humanidad durante dicho período porque la legislación nacional no había tipificado estos actos como delito hasta 2006, y, por lo tanto, estaban sujetos a prescripción".

La organización denuncia que en 2014 "apenas hubo progresos" en la investigación de los delitos cometidos en dictadura.

El informe de Amnistía no incluye la creación de la a Comisión por Verdad y Justicia, que fue anunciada por el presidente electo Tabaré Vázquez el pasado 13 de febrero, y que encabezada por él mismo buscará aclarar delitos de lesa humanidad de la dictadura.

Por otra parte, el documento cuestiona las condiciones de reclusión existentes en Uruguay. Recuerda que el Comité de las Naciones Unidas contra la tortura "expresó su preocupación por el hecho de que dos tercios de la población reclusa estuviera a la espera de un juicio, y manifestó también su inquietud por la atención médica de los centros penitenciarios".

Amnistía también alerta por el suministro de agua que existe en las cárceles uruguayas, los servicios de saneamiento y por la falta de ventilación en las celdas.

El informe también destaca, como algo positivo, que Uruguay ratificó en septiembre de 2014 el Tratado Sobre el Comercio de Armas de ONU. Que en diciembre, seis detenidos de Guantánamo fueron reubicados en Uruguay.

La página y poco que Amnistía Internacional le dedica a Uruguay en su informe anual, señala que "los requisitos obligatorios establecidos por la ley de 2012 que despenaliza el aborto siguen suscitando preocupación, ya que suponen un obstáculo potencial para acceder a un aborto legal". De esta manera el informe se refiere, entre otros puntos "a los cinco días de reflexión" que se les da a las pacientes y a la revisión de ciertos casos "por parte de un grupo de expertos".

También Amnistía cuestionó a los médicos de Salto que declararon objeción de consciencia. Y denunció que una mujer discapacitada y violada debió viajar a Montevideo para realizarse la intervención.

Sobre los derechos de gais y lesbianas, el documento denunció que "apenas hubo avances en las investigaciones de los homicidios de cinco mujeres transexuales que tuvieron lugar en 2011".

La organización apunta contra la Suprema Corte de Justicia de Uruguay