El exgerente de Pluna, Matías Campiani, se presentó ayer como una víctima más del sistema penal uruguayo. Tras pasar 522 días recluido en Campanero procesado por el delito de estafa, el empresario argentino liberado ayer viernes decidió declararse como un inocente que pagó por algo que no tenía que haber pagado. La prisión preventiva es una de las mayores críticas al sistema uruguayo.

Los expertos aclaran que el de Campiani no es un caso excepcional y que con el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) Campiani podría no haber ido ni un solo día a prisión por la trama de Pluna.

"Quiero que mi caso, que es un caso testigo que atrae, se use también para recordar que hay mucha gente a la que estoy dejando allá en Campanero que están en la misma situación que yo. Ellos no tienen voz pero sí están pagando por cosas que no tendrían que estar pagando", dijo Campiani en una breve declaración tras salir de Campanero, una cárcel granja en Mina, Lavalleja.

El empresario argentino deberá quedar a la orden de la Justicia uruguaya que en el correr de los próximos meses deberá definir si Campiani es responsable de elucubrar "estratagemas y engaños artificiosos" para beneficiarse y perjudicar al Estado uruguayo.

"Ni víctima ni nada. No es un caso excepcional", dijo el fiscal del caso, Juan Gómez, quien se encuentra diligenciando las pruebas solicitadas para expedirse sobre la culpabilidad o inocencia del empresario.

A Campiani se le aplicó "el proceso que se le aplica a todas las personas", explicó el fiscal. Se lo trató en la visita anual de cárceles y, luego, fue derivado al Acuerdo (reunión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia), en donde finalmente se le concedió la libertad. "Aquí no hay ciudadanos iluminados", opinó el fiscal.

"Por eso pedimos el cambio de sistema procesal para el año 2017. Desde la Asociación de Fiscales hemos luchado para que se cambie el régimen", apuntó.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, explicó a El País que con el nuevo CPP cambiaría el tratamiento de los casos como el de Campiani porque la prisión preventiva pasará a ser una vía excepcional.

"Una vez que el juez decide la prisión preventiva, se tendrá que cambiar de juez. El que viene preparará la audiencia y de esa ya va a salir condenado. Vamos a tener procesos penales muy breves", explicó.

La prisión preventiva es un tema polémico para Uruguay, ya que se manejan cifras muy altas de personas enviadas a prisión sin condena.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo a El País que el 64% de las personas privadas de libertad no tiene sentencia.

Para la Suprema Corte de Justicia, en tanto, la cifra es menor, ya que se cuenta a los reclusos que hace más de 16 meses están presos sin sentencia, el tiempo promedio que tarda el proceso en efectivizarse.

"El 40% no es bueno pero no llega a ser 65%", opinó Ruibal. "El actual es un sistema que ha fracasado rotundamente", agregó el fiscal de Corte.

El expresidente de la Suprema Corte, Milton Cairoli, señaló que el nuevo proceso penal "cambiaría totalmente las cosas" y que Uruguay es el único país que sigue con un proceso penal lento y tan pasado de moda. "Hasta Haití modificó su proceso penal", señaló.

El nuevo CPP tampoco es la "panacea", apuntó el abogado penalista Juan Fagúndez. Explicó, además, que la reducción de la prisión preventiva no significa necesariamente que una situación como la de Campiani hubiera terminado sin prisión. Con el nuevo Código, Campiani "podría haber estado dos años en prisión pero en calidad de condenado y no de procesado", explicó Fagúndez.

La del empresario argentino, concordó el abogado, no es una situación excepcional. "Es una realidad que en Uruguay los presos son presos sin condena. Las personas van presos antes de que se determine la responsabilidad".

El fiscal penal Gustavo Zubía, por su parte, dijo que el actual sistema tiene otra cara de la que los abogados apelan y que a veces puede beneficiar a los procesados y es que pueden pedir la libertad en cualquier momento del proceso. Si la libertad se les concede luego no vuelven a prisión para cumplir el resto de la pena.

Cairoli dijo al respecto que si ocurre que un procesado cumple menos pena "ocurre muy pocas veces", y que no es para nada la regla.

El caso del empresario argentino llevó, incluso, a que el diario estadounidense The New York Times dedicara un artículo al caso, en el que critica el sistema penal uruguayo.

"A pesar de la culminación del mandato de Mujica, Campiani permanece en prisión debido a las peculiaridades del sistema judicial uruguayo. Uruguay es una de las pocas democracias en el mundo donde los ciudadanos pueden ser legalmente encarcelados sin cargos durante varios años", sentencia el diario estadounidense.

Campiani ayer se mostró como una víctima de este sistema. Sin embargo, las críticas de la opinión pública no se hicieron esperar.

Representantes del gobierno, en tanto, prefirieron ser cautos. El senador blanco e intendente electo de Colonia, Carlos Moreira, el legislador que más trató el caso Pluna, y el senador colorado Pedro Bordaberry, acérrimos críticos de todo el proceso, prefirieron no opinar sobre la libertad de Campiani.

El ministro de Transporte, Víctor Rossi, quien convocó en su anterior gestión al consorcio Leadgate que lideró Campiani para gestionar Pluna, dijo que es "una decisión de la Justicia" aunque le alegra que un ciudadano recupere la libertad.

"Con la libertad de hoy termina para mí y para mis seres queridos un calvario que duró 522 días. Fue una situación que nunca tendría que haber ocurrido. Fue un juicio donde declararon más de 40 testigos —entre ellos hubo directores del Estado, abogados, peritos, empleados, exempleados— donde todos declararon sin ninguna excepción que no hubo delito alguno (...) Yo me siento confiado que voy a salir absuelto porque no he cometido ningún delito", dijo ayer Campiani al salir de Campanero.

El empresario se reunirá este fin de semana con su familia —con excepción de su esposa— que viajó a Uruguay a su encuentro.

La libertad llega luego de que los abogados del empresario, Jorge Barrera y Alejandro Balbi, realizaran una larga argumentación durante la visita de cárceles.

El presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak, explicó que el delito cometido por Campiani tiene un máximo de pena reducido —entre seis meses y cuatro años— y cumplió más de la mitad de la pena máxima que se le podía imputar en un juicio. "Los criterios de la Corte son el cumplimiento de la media pena, si se utilizó la herramienta del trabajo y del estudio", apuntó Chediak.

La jueza Adriana de los Santos había negado seis veces la libertad, alegando "la entidad del hecho imputado".

La Corte fijó en US$ 50.000 la fianza a Campiani. Además, la defensa solicitó ayer un permiso para que el empresario viaje al exterior.

Campiani no volverá a prisión aunque sea declarado culpable. Solamente volvería a ser recluido en caso que se le tipifique un delito mayor o no se presente cada vez que sea solicitado por la Justicia.

Senadores del Partido Nacional denuncian a la justicia de crimen organizado la gestión de los exaccionistas privados en Pluna.

El gobierno decidió cerrar la aerolínea Pluna, fundada en 1936. Argumentó haber ingresado en insolvencia financiera y patrimonial. Leadgate, el socio privado fue desplazado y 100%de las acciones pasaron a ser administradas por un fideicomiso del Estado. Pluna sociedad anónima entró en concurso.

Se realizó el remate de los siete aviones propiedad de Pluna. Habían sido separados de la masa concursal por la ley que creó el fideicomiso. Se presentó como único oferente Antonio Sánchez en representación de Cosmo y ofertó US$ 137 millones.

Luego de que Cosmo desistió de comprar los aviones, el gobierno de José Mujica presionó al empresario Juan Carlos López Mena para que se hiciera cargo del pago del aval, ya que había sido garante verbal cuando Calvo Sánchez lo tramitó ante el Banco República. Finalmente, López Mena firmó un acuerdo con el BROU para pagar el aval.

La Suprema Corte declaró inconstitucionales los artículos 1, 2 y 3 de la ley de salida de Pluna, que creó el fideicomiso y los aviones volvieron al concurso para ser rematados.

El empresario argentino Matías Campiani, exgerente de Pluna, vino a declarar y fue procesado por estafa. El ministro Lorenzo renunció a su cargo luego de que el fiscal Juan Gómez pidió su procesamiento y el del presidente del Banco de la República, Fernando Calloia, por la tramitación irregular del aval. Ambos presentan recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones.

La Suprema Corte determinó por unanimidad que el delito de abuso de funciones es constitucional. La jueza Adriana de los Santos procesó sin prisión a Calloia y Lorenzo. Calloia apeló, un tribunal revocó el procesamiento y ahora la Corte estudia el caso.

Se mostró como una víctima a la que encarcelaron sin ningún delito comprobado