El novel presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay afirmó que los recientes cuestionamientos a los jueces penales desde el Ministerio del Interior y desde tiendas parlamentarias frenteamplistas “son falaces (...) no tienen bases serias” y “exponen a los jueces al descrédito” por razones que desconoce.

“No sé si se pretende que los jueces tengan mano dura o que paguen los costos políticos” generados por la inseguridad, afirmó. Advirtió que las grandes cárceles hoy no rehabilitan a presos y expresó que ello genera más delitos y violencia. “Es inaudito que el Estado no tenga una respuesta o no tome cartas en el asunto”, dijo.

—¿A qué razón le atribuye los cuestionamientos a los magistrados desde el gobierno y de legisladores oficialistas?—En los últimos días, los jueces hemos tenido críticas curiosas: desde un lado, por no aplicar medidas alternativas a la prisión y por otro lado, por ser demasiado generosos con las libertades provisionales. Son críticas excluyentes y contradictorias. Y también puedo decir, sin que nadie lo pueda interpretar peyorativo, cuestionamientos falaces.

—¿Por qué son falaces?

—Primero un senador (Rafael Michelini) y luego el ministro del Interior (Eduardo Bonomi) dijeron que los jueces ante delitos de rapiña excarcelan a los pocos meses. Eso no es cierto. Lo que puede ocurrir y lo que se está planteando confusamente, es que en algún caso para la Policía el delito es rapiña (robo con violencia) y para un fiscal y un juez el ilícito es un hurto (robo sin violencia). Y por los hurtos sí se otorgan libertades provisionales. No se otorgan libertades provisionales por rapiña. Atribuir todo lo que tiene que ver con la inseguridad a esta situación muy acotada no tiene bases serias.

—¿Considera que existe una embestida desde el gobierno y de algunos fiscales contra los jueces penales?

—Hay un fenómeno que se está dando en Latinoamérica que se llama populismo penal. Se dan determinados factores: la población empoderada por fenómenos de inseguridad plantea demandas que son derivadas institucionalmente y se le reclama al Gobierno, al Parlamento y al sistema de Justicia. La estrategia que asumen algunos actores es yo no fui; no es un problema mío. O el problema lo tengo yo pero por culpa de. No se puede ilusionar a la gente con soluciones cortoplacistas de que el problema de la inseguridad se resolverá con una o dos leyes (la reforma del proceso penal). Me parece que estamos (los jueces) pagando un costo que es necesario neutralizar.

—¿Esas críticas procuran generar disconformidad en la ciudadanía con la Justicia?

—No queremos pensar eso. Al provenir de otros poderes del Estado, ello generaría una inestabilidad que no le hace bien al Estado de Derecho. Siendo un poco más capcioso, si las críticas pretenden provocar una desconfianza hacia el sistema para introducir cambios o reformas en el Poder Judicial sería sobre una base que no tiene fundamentos. La Asociación de Magistrados no tiene problemas en analizar cuestionamientos a la función que desempeñamos los jueces ni cambios (al sistema) que se planteen como mejoras. Pero lo que está pasando es que los cuestionamientos son absolutamente raros, no tienen base y muy categóricos como que se está exponiendo a los jueces al descrédito cuyos objetivos no conocemos. Si el propósito es un cambio drástico (del Poder Judicial), en ese sentido estamos viendo un problema en cuanto a la independencia judicial. No vamos a dejar de señalar cuando las cosas que se nos imputan están mal fundadas o no tienen bases firmes. Las vamos a aclarar cuantas veces se nos atribuya lo que no es. Y no queremos pensar que estas críticas tienen que ver con conceptos como que con los jueces no se puede más, son ineptos, son los que generan estos problemas y vamos a cambiar. Eso en el fondo lo que hay es una intención de retacear la independencia de los jueces. La asociación que presido tiene como uno de sus cometidos básicos defender la independencia de los jueces y del Poder Judicial.

—¿Estás críticas desde el oficialismo buscan que los jueces endurezcan las penas?

—No sé si se pretende que los jueces tengan mano dura o que paguen los costos políticos. Hoy se habla de que se excarcelan rapiñas, hechos que no ocurren. Mañana se les cuestionará que llenan las cárceles y no dan libertades. En definitiva, hay que pegarle a alguien porque tiene menor posibilidad de refutar.

—Las críticas desde el oficialismo esconden la intencionalidad de quitarse costos políticos generados por la inseguridad. ¿Es correcto?

—Es correcto. Y es histórico. En nuestro país cada tanto se han producido encontronazos (entre distintos poderes del Estado). En Uruguay existe un acostumbramiento a que la seguridad se convierta en un botín electoral. El gobierno de turno tiene problemas con la inseguridad. Es imposible que no haya delitos. Siempre van a haber. Entonces el camino más corto para justificar determinada respuesta o falta de respuesta a ese problema estructural es atribuirle la responsabilidad a un actor ajeno al sistema político. Si a eso le sumamos que hay actores —dentro incluso del sistema judicial que pretenden aprovechar esa vulnerabilidad y se recuestan en el sistema político para buscar determinados cambios—, nos ponen en la picota por una cosa o la otra. Y siempre los jueces vamos a estar en inferioridad de condiciones para explicar a la gente lo que pasa. Es cierto que no somos infalibles y que nos equivocamos. Pero estoy un poco cansado de escuchar cuestionamientos del sector político y de dentro del sector judicial que no tienen fundamentos.

—Ya que se refirió a las cárceles, ¿considera que éstas rehabilitan a los presos?

—Ahora está muriendo mucha gente en las cárceles. Es un fenómeno nuevo (35 muertos y más de 70 heridos en lo que va del año). Eso habla que las cárceles están fuera de control. Por lo menos los grandes establecimientos donde pasan esos hechos violentos (Comcar, Penal de Libertad, Las Rosas). Y es terrible. Quiere decir que si eso pasa —tantas muertes— es porque no hay control. Y si no hay control, es imposible la rehabilitación. Eso significa que la persona que sale en libertad volverá a delinquir.

—Entonces, ¿a qué apunta el Estado con las cárceles?

—Me pregunto si se quiere que las personas estén el mayor tiempo posible dentro de una cárcel y que salgan buenas personas. Y que ello ocurra sin hacer ningún esfuerzo, ni en lo financiero ni en la educación. Hoy hay un discurso punitivo. La cárcel parece ser la solución de todos los males. Y no es así. Si se me habla de una cárcel modelo donde ni siquiera se cierra la puerta, eso es fantástico. A eso tenemos que apuntar. No importa que la gente quiera que las personas sufran en las cárceles. Hay un mandato constitucional que dice que las cárceles no son para eso. Las personas presas están dispuestas a perder la vida en cualquier hecho de violencia. Es inaudito que el Estado no tenga una respuesta o no tome cartas en el asunto.

—Algunos operadores judiciales señalan que les cuesta enviar a una persona a la cárcel dadas las pésimas condiciones de reclusión.

—En algunos países del primer mundo y avanzados, los jueces, ante una situación de cárceles superpobladas se niegan a mandar a la cárcel porque ésta no va a cumplir su fin. El acusado queda en libertad. Si hacemos esto en Uruguay, nos prenden fuego. Hoy nosotros estamos mandando presas a personas salvables. A la gente lo que le importa es que vayan presas.

El 11 de septiembre pasado, el catedrático Alberto Reyes fue elegido presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Reyes es ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal desde 2007. Ingresó a la carrera judicial en 1988 como juez de Paz en La Paloma. Actuó como Juez Letrado en Maldonado y en Montevideo, sucesivamente en Trabajo, Penal y Civil. Es docente de Derecho Procesal en la Universidad Católica desde 2005. Ha escrito artículos sobre esa materia. Integró la Comisión Directiva de la gremial de jueces en varios ejercicios y la representó en la comisión que creó las bases del nuevo proceso penal.

Nombre:Alberto Reyes. Nació:En Salto. Edad: 58 años. Otros datos: Casado, cuatro hijos, hincha de Nacional.

ALBERTO REYES