Empresarios: porteros, mozos y políticos van a comisión.

En las últimas tres temporadas unas 70 inmobiliarias cerraron sus puertas en la zona este. Muchos de sus propietarios se pasaron a la clandestinidad y otros resolvieron iniciar otro negocio, según Juan Francisco Bistiancic, presidente de Adipe Cidem, la Asociación de Inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este.

En el año 2013 había unas 350 inmobiliarias registradas en Maldonado, por ahora quedan cerca de 280, y en poco tiempo podrían ser menos, estiman.

Los operadores inmobilarios establecidos culpan de la caída a la "competencia desleal". Porteros, mozos, profesionales, comerciantes de otros rubros y hasta políticos hacen de la intermediación un ingreso extra.

"Se controla a las inmobiliarias pero no a los que hacen negocios directos. En el caso de los políticos, como tienen influencia, llegan donde otros no pueden, y si se presenta la oportunidad juntan las partes y cobran una comisión", explicó el empresario.

En la zona Este el problema principal del sector está ubicado en los alquileres turísticos. "Estamos perdiendo el mercado de alquileres de temporada. Hace dos años una consultora que contratamos indicó que el 80% de los arrendamientos se hacía por vía informal; ahora estimamos que ese porcentaje sea de entre 85% y 90%", dijo.

En términos fiscales, las inmobiliarias funcionan como agentes de retención del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de alquileres. Esa condición lleva a que el costo final de los arrendamientos se vea afectado. Por ejemplo, si el precio de alquiler de temporada es de US$ 10.000, la inmobiliaria cobra US$ 800 de comisión y la DGI se lleva, por concepto de IRPF, US$ 1.050.

La Cámara estima, en base a datos oficiales, que la DGI recauda por IRPF a los alquileres unos US$ 800.000 por temporada estival uruguaya, una cifra "insignificante" para las arcas nacionales, explicó.

De todos modos, Bistiancic cree que no está todo perdido. "Acá dicen que las inmobiliarias en el mundo están por desaparecer; lo que hay es una modalidad diferente de alquiler. Con el escenario que tenemos en Uruguay, sin controles a los que hacen negocios directos, sí vamos a desaparecer", afirmó.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, Gabriel Conde, aseguró que "el sector inmobiliario formal vive una crisis". "Se han producido cierres de empresas que se pasan al sector informal", señaló.

En tanto, la Cámara pretende que el Parlamento apruebe un proyecto de ley que busca generar mecanismos jurídicos, que van desde una escala de multas hasta la prisión, para frenar el avance de la informalidad en el sector.

"Estamos peleando por regular la actividad por ley, en 2012 presentamos un proyecto. Pretendemos que queden dos actores en el mercado, los propietarios y los operadores inmobiliarios, hoy la mayor parte de las operaciones pasan por el sector informal que actúa como inmobiliario sin cumplir con sus obligaciones fiscales", dijo.

El presidente de los empresarios inmobiliarios de Maldonado, Juan Francisco Bistiancic (arriba), estima que en ese departamento hay 1.500 familias que dependen del negocio. "Cuando se cierra una inmobiliaria la mayoría se va para su casa a trabajar en negro", indicó. Los controles sobre la informalidad se podrían hacer desde una simple computadora. "No es internet el causante de los problemas, es una opción para los propietarios que se puede controlar abriendo las páginas y viendo las propiedades, hasta un grupo de estudiantes podría hacer una investigación", señaló. Por otro lado, el presidente Cámara Inmobilaria, Gabriel Conde (abajo), subrayó que los controles ayudarían en la recaudación del Estado y la lucha contra el lavado de activos.

ALQUILERES EN EL ESTE EN MANOS INFORMALES