Por afectación a retenciones sobre sueldos.
La Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo (FUCC) rechaza los cambios introducidos a la Ley de Inclusión Financiera aprobados en Diputados, que las iguala con las asociaciones civiles y cooperativas de ahorro y crédito respecto al orden de prelación de las retenciones en sueldos y pasividades.
Integrantes del sindicato de esas cooperativas efectuaron una pintoresca protesta ayer en la que escenificaron la muerte de esas organizaciones.
Jorge Roballo, uno de los sindicalistas, dijo a El País que el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados y a estudio del Senado, "en lo inmediato es la muerte de las 44 cooperativas de consumo que existen en el país".
Roballo opinó que la iniciativa, que introduce cambios a la Ley de Inclusión Financiera, "ataca directamente a todo el sistema de retenciones y equipara a las asociaciones civiles con las cooperativas de consumo y lo que termina haciendo es cortando la cadena de pagos porque no vamos a poder cobrar los créditos y a partir de ahí no podremos pagar a los proveedores, los sueldos y otras obligaciones".
José Trípodi, presidente de la FUCC, dijo al portal Ecos que desde su creación la ley de inclusión financiera los ha perjudicado porque al incorporar el crédito de nómina las cooperativas perdieron su histórico primer lugar en el orden de retenciones.
Agregó que "ahora, nuevamente, se violó la ley de cooperativismo e igualan a las cooperativas y asociaciones civiles, que no son cooperativas. Les dan el mismo derecho a retención", criticó Trípodi.
"No discutimos que las cooperativas de ahorro y crédito estén al mismo nivel que nosotros, pero no podemos permitir que se pongan a las asociaciones civiles", agregó el cooperativista.
Roballo explicó a El País que por el sistema actual, las cooperativas de consumo y las de ahorro y crédito "tienen derecho a retener los créditos que se le adeudan directamente del sueldo" y que de aprobarse la nueva ley esa prerrogativa "desaparece".
El perjuicio para las cooperativas se origina en la modificación del orden de prioridad de las retenciones porque al quedar debajo de bancos y asociaciones civiles, las cooperativas de consumo no alcanzan a cobrar todas las cuotas a sus afiliados, dijo Trípodi.
El proyecto fue aprobado en Diputados por 74 legisladores sobre 76 presentes.
Roballo sostuvo que la decisión implica "un giro de 180° de un día para el otro afectando la seguridad jurídica", lo que po-ne en peligro todo el sistema "porque se corta la cadena de pagos".
El diputado del Partido Independiente Iván Posada —uno de los impulsores del proyecto— dijo a El País que citará a los cooperativistas al Parlamento para discutir los alcances del proyecto y aseguró que las cooperativas no se verán afectadas.
INCLUSIÓN FINANCIERA