Alertó que medicamentos que no se querían pagar eran más efectivos que lo que decía el protocolo del Fondo.

Leticia Gómez fue durante más de 30 años asesora letrada del Fondo Nacional de Recursos (FNR). Todos coinciden en que su trabajo era ejemplar. Sin embargo, luego de que demostrara que algunos medicamentos que la institución se negaba a dar eran más efectivos que los del protocolo, la cesaron en el cargo.

La abogada llevaba adelante el Programa de Seguimiento de Pacientes Cubiertos Financieramente por el FNR por Orden Judicial. Es decir, se encargaba de evaluar qué tan efectivos eran esos medicamentos que el Fondo se negaba a entregar, pero que luego se veía obligado a hacerlo tras perder un juicio. El programa arrojó que a personas a las que el organismo les daba un mes de vida tomando el fármaco en cuestión, llegaban a vivir al menos ocho, y sin sufrimiento. Se evaluaron más de 20 pacientes. Casi todos oncológicos.

El caso llegó a la Justicia porque Gómez presentó una demanda laboral contra el FNR tras ser cesada del cargo a fines del año pasado. Aduce que no se le pagó despido, ni un dinero que se le debía por horas extras. También pide que se le pague una partida por daño moral. El FNR se ampara en un reglamento interno que establece que los funcionarios serán alejados del cargo al cumplir como máximo 68 años "sin responsabilidad de las partes". La abogada de Gómez sostiene en el expediente, al que accedió El País, que este reglamento pocas veces se había aplicado y que, en los casos que se hizo, se pagó una indemnización por despido a los trabajadores cesados.

"Concretamente la desvinculación de la actora se generó casualmente cuando estaba en marcha el Programa de Seguimiento de Pacientes Cubiertos Financieramente por el FNR por Orden Judicial, programa organizado con la actora, que hizo público algunos resultados que las autoridades parecían querer mantener en la clandestinidad, en materia de medicamentos", señala el expediente. Sucede que poco antes de ser cesada, Gómez había presentado los datos de su informe en un congreso en Santiago de Chile.

"Dicha difusión fue muy mal admitida por las autoridades del FNR", dice el texto. Y agrega que "esto le provocó profunda desazón y angustia. Téngase presente que buena parte de su vida profesional y académica estuvo signada por el objetivo de mejorar el acceso a las prestaciones de salud por parte de la población, y de buscar formas para evitar la judicialización de los reclamos".

El escrito de la defensa añade que una vez que la asesora letrada fue alejada del cargo, las autoridades del FNR "decidieron discontinuar el programa sin explicación alguna".

Gómez, además, a la interna del FNR había planteado la necesidad de cambiar algunos protocolos de compra de medicamentos. En el expediente se adjunta un informe de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) de mediados de 2016 que se expresa en el mismo sentido. El documento dice que se deben instaurar mejoras en los "procesos de negociación", con el fin de "contribuir a la auditabilidad y la transparencia de la gestión y rendición de cuentas, de conformidad con los principios de igualdad, transparencia y objetividad".

La AIN advierte que de la forma en que se hacen las licitaciones para la compra de medicamentos, existen riesgos de "favorecer a un proveedor o a un grupo de ellos" a través de un "direccionamiento de las compras".

La abogada también había tenido cruces a la interna del FNR por una compra de stents, que luego terminó en la Justicia. En 2012 el Fondo eligió a la empresa Nafferton en una licitación que luego dejó sin efecto por un dictamen del Tribunal de Apelaciones Civil, tras una acción impulsada por la firma Lentix, que advertía que había ofrecido un precio menor al de su competidora.

Todos los que declararon en el caso de Leticia Gómez reconocieron que era una buena funcionaria. El expresidente del FNR, Homero Bagnulo, declaró que "trabajaba toda la tarde (…) Si había algo después de las 6 o 7 de la tarde también venía". El actual director, Alarico Rodríguez, destacó su "celeridad y profundidad", en casos de demandas por medicamentos que debían tener una respuesta en menos de 48 horas.

CARLOS TAPIA

SALUD PÚBLICA CUESTIONADACARLOS TAPIA