Carlos Díaz, quien dirige la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Es el secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Mide cada palabra que dice porque sabe que los organismos de contralor del mundo le prestan atención al hacer evaluaciones del país. Cree que en Uruguay no se le da la importancia que debe tener al crimen organizado y alerta por la cercanía de este en Brasil y Argentina, y el riesgo de que tome parte de la política local.

—En diciembre de 2015 la Justicia envió a Eugenio Figueredo a prisión. Usted planteó que se pensaba ir tras los "peces gordos" y el fiscal en ese entonces, Juan Gómez, dijo que había "mucha gente nerviosa". Un año después no hay nadie más en la cárcel, ¿qué pasó?

—El tema está en manos de magistrados. Ha habido algunas acciones por parte de la jueza en el sentido de trabar embargos sobre algunos fondos que iban a ser afectados a la AUF, pero no es un tema que merezca demasiado problema en cuanto a la ruta porque es dinero que ya vino investigado por el FBI. Lo que está en duda es la imputación penal o administrativa. En ese sentido optamos por dejar que la investigación penal fuera prioritaria.

—Se detuvo al exgobernador de Río de Janeiro por recibir millonarias coimas que habría lavado a través de Uruguay. También figura el Lava Jato como antecedente. ¿Es Uruguay la principal ruta de dinero sucio brasileño?

—No tenemos esa percepción. El problema que puede haber, y esperemos que se resuelva este año con la aprobación del proyecto de ley (NdeR: el proyecto obliga a contadores, abogados, asociaciones civiles como iglesias y clubes de fútbol, fundaciones y partidos políticos a reportar operaciones sospechosas de lavado), es que haya sociedades uruguayas que por la facilidad de acceder a ellas y su opacidad hayan sido usadas por gente para realizar lavado. Esa es una de las cosas en que estamos empeñados que desaparezca. Se avanzó bastante con la ley de transparencia, pero creo que hay que seguir. Uruguay no es el mismo de hace un tiempo, ya no ofrece esa opacidad que atraía incluso a connotados jugadores de fútbol a encubrir aspectos tributarios, y cada vez va a ir cambiando más esa presunta atracción para usar al país para lavar activos. No es que vengan los fondos a radicarse en Uruguay sino que se utilizan sociedades para con ellas realizar transacciones, la mayoría de las veces fuera del propio sistema financiero de Uruguay.

—Uno de los líderes de Los Cuinis estuvo años en Uruguay, ahora en la cárcel. A la vista de estos casos Uruguay parece laxo para los controles. ¿Lo es?

—Nos gustaría que fuera un poco más duro. El problema que tenemos es que creo que todos perciben el lavado de dinero como algo accesorio y no ocupa en muchos lugares el rol que tiene que ocupar. El lavado de activos es crimen organizado. Entonces cuando pasa que hay gente que eventualmente lava comprando un inmueble y afincándose, ahí estamos frente a un problema bastante más grave porque estamos atrayendo gente que soluciona sus problemas en forma diferente sin regirse por la ley. Esas cosas han venido pasando en los últimos 40 años en el mundo y sin que los países se den cuenta. El crimen organizado llega a tomar los gobiernos de los países. Cuando se veía el Miami de principios de los 60 se decía que las personas de edad iban ahí a disfrutar de su jubilación, cuando se veía el México de hace 30 años con playas maravillosas parecía que nunca iba a pasar lo de Miami. Ahora, cuando se empieza a ver que en Brasil la sanción al enemigo, sea quien sea, no acaba con la muerte sino que para dar el mensaje se usan los métodos más crueles que se estaban usando en México, uno se pone a pensar que no debe permitir que en Uruguay se empiece a ver problemas que puedan cambiar las culturas de relacionamiento. Entonces la falta de control frente a que un poderoso internacional se afinque en el país tiene ese doble contenido: el del lavado de activos en sí, que es el menos importante, y el del riesgo de cambio de condiciones. Si queremos cuidar la sociedad tenemos que tener claro que eso es lo que está pasando en el mundo.

—Preocupa que en la región se estén fortaleciendo esas operaciones criminales y que vean a Uruguay como tránsito.

—Está complicado. Muy complicado. Esperemos que Uruguay no sea de nada o solamente de tránsito. Tenemos que tener claro que cada vez están más cerca. Si te fijás lo que está pasando en los dos países limítrofes te das cuenta que estamos ahí. El Cuini vino de Argentina. Hay que tomar consciencia del problema. Se ve al lavado de activos como una cosa de escritorio y hay que tener en claro que el crimen organizado va a tender siempre a tomar parte del Estado, si no el Estado todo. Y en América lo va logrando bastante.

—¿Y en Uruguay?

—En Uruguay estamos pensando si no está, si lo está intentando hacer o no.

—¿Se ha detectado?

—Las áreas pueden ser múltiples, nunca de forma directa, siempre indirecta.

—¿A nivel de "compra" de funcionarios?

—Siempre nos preocupa el aspecto político. El financiamiento de campañas. Porque ¿quiénes son los que neutralizan los países? ¿Quiénes son los que toman decisiones, los que definen obras públicas?

—¿El riesgo es que venga alguien de Brasil o Argentina y le ofrezca a un intendente fondos para su departamento?

—Sí. Por ejemplo, que te financien una intendencia y se te queden con una intendencia. Ahí tenés para preocuparte.

—¿Eso está pasando?

—Supongo que no, pero si pasara deberíamos preocuparnos mucho. No es que esté pasando, pero no se puede permitir porque después que pasó, pasó, y se puede usar cualquier tipo de mecanismo.

—Los escribanos salieron al cruce de la ley que los obliga a hacer un due dilligence de sus clientes. Pese a que anunció que se controlaría y dio cierta ventaja al investigar solo tres meses para atrás, el 80% incumplió. ¿Por qué cree que ocurrió?

—No lo sé. Creo que hay un problema de información, de tomar consciencia del fenómeno que está atrás y ver lo sencillo que es hacer el control. También hay un problema de resistencia al cambio. La otra realidad es que nunca hubo un control como este que vino para quedarse. Lo advertimos cinco o seis meses antes y lo vamos a seguir haciendo.

—¿Cree que hay un problema cultural en contra de los controles?

—Es difícil que se empiece a controlar ocho o nueve años después. Parece que son leyes que son como decorativas porque no se habían controlado y lo que sucede es que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ahora exige que el control sea eficiente y estamos convencidos que hay que hacerlo. El aspecto preventivo es clave porque es el que crea el blindaje al país. Es muy difícil que un criminal importante vaya a tocar la puerta de un escribano que no conozca. Me gustaría saber cuántos escribanos e inmobiliarias reciben la visita de miembros desconocidos de organizaciones criminales. Son realmente poco inteligentes si van a un lugar que pueden ser entregados. Tienen que moverse con gente integrada a su organización. El gran problema que hay es cómo puede ser que el mundo entero aplique criterios y nosotros no queramos. Las obligaciones del GAFI están en todos los países con excepción de Corea del Norte e Irán, y las normas están hechas por los mejores especialistas. Nosotros hablamos mucho de la intimidad y es algo a medias porque yo puedo entrar a la central de riesgo y saber lo que debe todo el mundo. Lo que hay que tener claro es que los Estados tienen determinadas agencias de control que tienen que contar con información. Es importante tratar de cuidar la seriedad de Uruguay.

—Algunos sostienen que si no hacen el negocio lo va a hacer otro y las cifras pueden ser elevadas. ¿Lo que falta es ética?

—Lo que está claro es que uno no puede adquirir una propiedad sin un escribano. Y lo que no se entiende es qué sentido tiene no dar la información. No podemos sustituir el conocimiento del negocio que cada uno tiene. Si uno ve que vende un metro cuadrado por US$ 10 millones genera una sospecha y eso lo ve el que está en el negocio. Si implementáramos normativa sobre eso terminaríamos trabando el negocio.

—Pese a la superposición de controles, los mismos no parece que se hagan.

—Todos los controles son vulnerables. Apareció un ciudadano alemán con una bolsa en la cabeza y había dos señoras. Tenían propiedades, cuentas en los bancos. Todos con pasaportes con identidad falsa desde origen. Si tú corrompés al funcionario de Migraciones de otro país y te da el pasaporte con una identidad falsa ¿qué puede hacer el que está en Uruguay? En la lógica del crimen organizado hay que diversificar y si es posible tener una especie de simbiosis con el Estado y muchos pasaportes e identidades, lo que conspira con el control. En el 100% de los procesamientos que ha habido en Uruguay por lavado, este se hizo a través de instrumentos financieros. Cuando uno ve las astronómicas multas que tienen los bancos es porque les fallan los controles, entonces ¿por qué suponer que no son ineficientes?

—¿Esa falta de control puede hacer que se asienten líderes de grupos de criminales?

—Claro que sí.

-En 2019 Uruguay tendrá una evaluación del Gafilat en base a las 40 nuevas recomendaciones del GAFI. Recientemente mediante la ley de Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se flexibilizó el secreto bancario, se obligó a identificar a los beneficiarios finales de las sociedades uruguayas y aumentaron los impuestos a las sociedades en paraísos fiscales. ¿Qué falta?

—Está faltando en lo normativo el delito fiscal como precedente del lavado de dinero. El que no exista (el delito fiscal) una de las cosas que dificulta es la cooperación internacional porque si piden datos sobre algún delito tributario no los podemos dar porque en Uruguay rige el principio de la doble incriminación. Si quisiéramos amparar defraudadores de otros países en tanto estamos cada vez con más intercambio de información entre países, eso ya se resuelve por compromisos asumidos, entonces el no incluir el delito fiscal como precedente no tiene un contenido económico como el que podía tener hace cinco años porque ya la toma de decisiones en cuanto a la locación de los activos por parte de extranjeros ha sido tomada en función de los intercambios de información que, como vemos, no les va quedando lugar donde esconderse. Ahora (Donald) Trump firmó el levantamiento de cualquier tipo de secreto para extranjeros. También faltan algunas normas sobre financiamiento de terrorismo porque su proyecto de ley está en el Parlamento.

—¿Qué riesgos implicaría estar en una lista?

—Es fácil, basta ver algunos países. Se van los bancos, cuando hacés transacciones con esos países tenés que tomar debida diligencia intensificada y eso implica un costo para ti que lo dejás caer sobre el precio del producto, y si tenés que elegir productos a precios similares vas a elegir los de países que no te van a traer problemas. Eso que parece poca cosa es atroz porque pega en todo el país.

LUCÍA BALDOMIR

LA ENTREVISTA DEL DOMINGOLUCÍA BALDOMIR