El miércoles por la mañana, cuando el mundo empezaba a digerir el mayor escándalo de corrupción de la historia de la FIFA, Uruguay recibió un exhorto del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitando información sobre los bienes y cuentas en el país del vicepresidente de la FIFA, el uruguayo Eugenio Figueredo.

La solicitud llegó a través de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, una oficina que depende del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que la derivó de inmediato al Juzgado de Crimen Organizado. El documento, que pide también el bloqueo de sus cuentas, cayó en manos del fiscal Juan Gómez y la jueza Adriana de los Santos.

Según dijeron a El País fuentes judiciales, Uruguay accedió a cooperar con la Justicia estadounidense y ya trabaja para responder el exhorto a la brevedad.

Figueredo tiene al menos dos propiedades en Uruguay: una en Punta del Este, frente a la escultura Los Dedos, donde suele pasar los veranos, y otra en Montevideo, sobre la rambla República del Perú, adonde se le cursó la citación por la denuncia que está en Crimen Organizado sobre manejos en la negociación por los derechos de la televisación de los partidos de la Copa Sudamericana por parte de la Conmebol, y con los que se habrían beneficiado Figueredo y el fallecido expresidente de la AFA, Julio Grondona.

La denuncia inicialmente presentada por siete clubes y la mutual, y redactada por los abogados Jorge Barrera y Víctor della Valle, plantea que en torno a las autoridades de la Conmebol aparece "información de millonarias cuentas en distintos países pertenecientes al Sr. Grondona y constantes comentarios de situaciones donde él y varios miembros de la Conmebol obtendrían importantes beneficios espurios. Entre esas versiones está la del estrecho relacionamiento de directivos de la Conmebol (especialmente el Sr. Julio Grondona) con los Sres. Alejandro Burzaco y Eladio Rodríguez de T&T Sports, así como de los importantes pagos que de estos recibirían". (Ver nota aparte)

Uruguay recibió también un pedido de información de la Administración Federal de Ingresos Públicos argentina (AFIP) sobre datos de sociedades y cuentas bancarias en Uruguay de los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis así como también de las firmas Torneos y Competencias SA y Full Play SA, a quienes denunció penalmente por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero.

El pedido de la AFIP a Uruguay no es casual. Datisa S.A., la firma señalada por acordar pagar US$ 100 millones en sobornos a oficiales de Conmebol —todos oficiales de FIFA— a cambio de la firma del contrato para realizar la Copa América 2015 en Chile, la Copa América del Centenario 2016 (EEUU) y dos ediciones más de la competencia (2019 y 2023), está registrada en Uruguay.

Esa sociedad también era mencionada como "compañía uruguaya" en otro expediente del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el brasileño José Hawilla, propietario de las empresas de marketing deportivo Traffic Sports USA y Traffic Sports Internacional.

La marca comercial con la que opera Datisa S.A. es Wematch, que se define en su página web como "el mejor equipo en el negocio del fútbol" y que fue creada en mayo de 2014 y quedó registrada cuatro meses después. "Somos Wematch, la unión de los tres líderes de Latinoamérica: Full Play, Torneos y Traffic Sports, para llevar al mundo el más alto nivel del espectáculo futbolístico internacional", se presenta en la web.

La dirección bajo la que está registrada Datisa SA en Uruguay —Luis Alberto de Herrera 1052— coincide con la del escribano que participó en la compra de la estancia El Entrevero, ubicada en el balneario José Ignacio, que viene siendo indagada por Crimen Organizado por presunto lavado de dinero vinculado a empresarios kirchneristas.

Sin embargo, fuentes de esa escribanía aseguraron hoy a El País que Datisa S.A. no está vinculada con en ese estudio de calle Luis Alberto de Herrera 1052. Y que esa Sociedad Anónima nunca trabajó con ese estudio sino que "se la llevó otro estudio" notarial. 

El fiscal de crimen organizado Juan Gómez dijo que de confirmarse la competencia de la Justicia uruguaya en la causa de la Conmebol, la investigación sobre corrupción en la FIFA "facilita las investigación en Uruguay porque estaría acreditado un delito precedente o varios delitos precedentes a la figura del lavado de activos". Si bien la jueza Adriana de los Santos se declaró competente para intervenir en la denuncia de los clubes y de la Mutual Uruguaya del Fútbolistas contra las autoridades de la Conmebol (entre ellas Eugenio Figueredo y el fallecido Julio Grondona) el abogado Gustavo Bordes alegó que ni los contratos, ni las cuentas bancarias, ni la sede de la Conmebol están en Uruguay.

"Si fuera algo tan claro, no sé por qué los denunciantes habrían agregado cinco consultas de juristas tratando de fundamentar que la Justicia local es competente. El fundamento de que las consecuencias de los presuntos hechos ilícitos se dan en Uruguay no fija la jurisdicción de un país", insistió. La denuncia sostiene que los clubes uruguayos dejaron de percibir millones de dólares porque la Conmebol negoció la transmisión de los partidos con la empresa T&T Sports, cuando la firma Gol TV y Global, del empresario Francisco Casal ofrecía un monto muy superior.

El expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz se internó en un sanatorio de Asunción de su propiedad por el impacto que supuso conocer que era uno de los 14 acusados de corrupción en la investigación.

El diario The New York Times dedicó ayer su editorial principal al escándalo de corrupción en la FIFA y afirmó que, como primer paso, debería decidirse la “destitución” de su presidente, Joseph Blatter.

El primer ministro del Reino Unido, país que inventó el fútbol, exigió ayer que el suizo Joseph Blatter renuncie a la presidencia de la FIFA y precisó que apoya a su federación en el respaldo a la candidatura de Alí.

Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU, informó que la organización está revisando los actuales convenios de colaboración con la FIFA a raíz de las denuncias sobre la red de corrupción en la institución deportiva.

Un exhorto judicial solicita el bloqueo de todas sus cuentas en el paísV. RUGGIERO / N. ROBA