El proyecto de ley enviado al Parlamento establece "una pena mínima de dos años de penitenciaría para quien produzca o trafique sustancias adictivas ilícitas, con la excepción del cannabis".

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que establece una pena mínima de dos años de penitenciaría "para quien produzca o trafique sustancias adictivas ilícitas".

Quedan exentos de responsabilidad los productores de marihuana en el marco de la ley que legalizó esta droga. Tampoco serán responsables los que transporte marihuana para consumo personal (hasta 40 gramos), y los que tengan en sus domicilios hasta seis plantas de cannabis o la cosecha correspondiente a los integrantes de los clubes de membresía.

El "Plan Integral de Lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", también propone mejorar la eficacia de los análisis científicos de las drogas incautadas.

En ese sentido se advierte que tanto la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior, así como otros organismos, "cuentan con equipos y profesionales con capacidades suficientes en la actualidad que le permiten realizar los análisis de las sustancias", informó Presidencia.

La normativa propone ademas una coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para contemplar y brindar soluciones sociales "para la mejora cualitativa de la lucha contra el narcotráfico mediante un abordaje integral e interdisciplinario".

Para tal tarea está previsto crear la Comisión de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que estará integrada por el prosecretario de la Presidencia, subsecretarios del Ministerio del Interior, de Defensa, Economía y Relaciones exteriores, así como un representante del Banco Central y de la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

También se prevé crear un Comité de Seguridad de los pasos de frontera para coordinar operativos y actuaciones en materia de migración, aduana, represión al narcotráfico y control de seguridad en puertos, aeropuertos, así como cruces fronterizos terrestres.

Este organismo estará integrado por los ministerios de Interior, Defensa, Economía, Relaciones Exteriores, además de integrantes de la Junta Nacional de Drogas y la Administración Nacional de Puertos.

Este proyecto forma parte de los acuerdos de seguridad y convivencia pacífica alcanzados entre el presidente Tabaré Vázquez y representantes de los partidos políticos.

En el caso de procesamientos por delitos de narcotráfico, el proyecto establece que el Poder Judicial deberá informar al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y al Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU).

Estos organismos deberán evaluar si a partir del procesamiento se afectan “derechos de terceros que mantengan vínculos familiares, afectivos o de dependencia económica con los imputados”.

En caso de que así sea, el Mides y el INAU “deberán brindarle atención y seguimiento a los terceros afectados, integrándolos a los planes sociales”.

En cuanto a sanciones, hace inexcarcelable el delito de narcotráfico, elevando la pena mínima de 20 meses a dos años de penitenciaría. El máximo queda en diez años.

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