La ex magistrada civil declaró el lunes 12 ante la Justicia Penal de Rocha.

Una ex jueza civil de Rocha, un empresario francés, una abogada y su esposo y un escribano son investigados por la Justicia de Rocha por la supuesta venta ilegal en 2003 de parte de un campo que pertenecía a una anciana minusválida.

El lunes 12, la jueza penal Silvia Urioste indagó a la exmagistrada sobre una supuesta autorización irregular a la abogada y curadora de la anciana para que vendiese el inmueble ubicado en las cercanías del pueblo Velázquez. La abogada también fue interrogada sobre la presunta estafa.

"Se trata de la venta de un campo de una anciana que es discapacitada. Se vendió la mitad del campo —de 150 hectáreas— contrariando una venia judicial y a un precio inferior al del mercado".

El perjuicio causado a la dueña del inmueble fue elevado", dijo a El País el diputado nacionalista Alejo Umpiérrez, quien presentó la denuncia penal en el Juzgado de Rocha.

En la audiencia realizada el lunes 12, el abogado de la ex jueza civil, Paulo Priliac, argumentó que el delito que la fiscal Patricia Sosa le imputa a su defendida —abuso innominado de funciones— habría prescrito en 2005.

"La jueza Urioste hizo lugar a mi pedido; el supuesto delito prescribió", dijo Priliac a El País.

El abogado penalista recordó que la fiscal Sosa pidió el procesamiento de la exjueza pero también solicitó a Urioste el diligenciamiento de más pruebas para complementar su resolución.

Ahora la jueza Urioste tendrá un plazo de 45 días para pronunciarse sobre el pedido de procesamiento de la representante del Ministerio Público.

La jueza Urioste no pudo ser contactada por El País.

Consultado por El País, el diputado Umpiérrez recordó que la exjueza involucrada en la maniobra de la venta del campo fue destituida por la Suprema Corte de Justicia en 2013 tras una denuncia presentada por el parlamentario. "En Rocha tenemos casos de jueces destituidos. También fue destituida por la Corte la jueza penal de La Paloma por otorgar la propiedad de un balneario entero", dijo el legislador blanco.

Según el parlamentario, los otros acusados por la venta irregular del campo —un empresario francés que compró el bien, la abogada y curadora, su esposo y el escribano que elaboró el contrato de compraventa— deberán concurrir en calidad de indagados el 20 de febrero del próximo año.

El campo de la anciana discapacitada tenía partes de elevado valor y otras de escasa incidencia productiva. Sin embargo, recordó el denunciante, se vendió la parte del campo de mayor valor que tiene capacidad sojera. "Se vendió solo la flor y nata del bien a escondidas del juzgado modificando la venia judicial", dijo Umpiérrez.

El diputado sostuvo que, en 2003, el empresario agropecuario francés pagó la hectárea de campo alrededor de US$ 4.000. "Nosotros decimos (en el Juzgado Penal de Rocha) que la hectárea debió pagarse US$ 1.000 o US$ 2.000 más. El perjuicio a la anciana discapacitada fue evidente", dijo Umpiérrez.

Reiteró que la maniobra delictiva detectada por la fiscal Sosa supuso un daño para la anciana discapacitada que oscila entre US$ 150.000 a US$ 300.000.

La fiscal Sosa declinó realizar declaraciones por entender que el expediente se encuentra en la etapa de presumario.

La exjueza de Paz de La Paloma fue destituida por la Suprema Corte de Justicia en 2010 por otorgar un balneario entero (Mar del Plata) a un grupo de personas mediante el sistema de prescripción treintenaria. La Corte entendió que la entonces magistrada cometió "un error inexcusable" que causó "perjuicios" al interés público, "descrédito" a la Justicia y "posibilitó la apropiación" por determinadas personas de una extensa zona costera de Rocha de "altísimo" valor comercial. El fallo sostiene que la exjueza otorgó la propiedad del bien sin dar intervención a la Fiscalía, no citó a vecinos ni tampoco buscó información de eventuales titulares. En 2011, la exjueza presentó una acción de nulidad contra la destitución. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo no le dio la razón.

INDAGAN ESTAFA EN ROCHA