Se actúa “para la opinión pública”, “criminalizan la pobreza” y no se enfoca en integrar.

Martes 2 de febrero. Operativo saturación en Casabó y Cerro Norte. La Policía tiene "idea" de quiénes son los asesinos de un joven de 25 años, un bebe de 15 meses y otro joven de 22 que murieron en las últimas 48 horas y anuncia que pretende "contener y detener" la violencia. Seis de cada 10 homicidios registrados en 2015 se cometieron en los barrios Casabó, Cerro Norte, Cerro, La Teja, Villa García y Piedras Blancas. Efectivos frenan "sospechosos" en la vía pública, los cachean y revisan sus mochilas. Todos, tras el procedimiento, continúan su marcha. En Haití y Vizcaya, en pleno Cerro Norte, un niño de unos cinco años insulta a la Policía que minutos antes ese mismo día había realizado un operativo de control de motos.

La escena es parte de la nueva estrategia del Ministerio del Interior para combatir la delincuencia: más patrullaje y presencia en zonas con tasas de homicidios y rapiñas elevadas. "Son los barrios más pobres de Montevideo donde hay más robos" y "para seguir bajando los delitos hay que trabajar en esos barrios; hay quienes dicen que es estigmatizar, pero para mí, es proteger a las personas más humildes de esos barrios", dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, esta semana en el Parlamento.

La estrategia oficial es fuertemente criticada por sociólogos que afirman que se actúa "para la opinión pública" con grandes despliegues de efectivos "criminalizando la pobreza" y no se pone foco en la "integralidad" del problema que pasa más por carencias sociales que el Ministerio de Desarrollo no ha subsanado. Los alcaldes de las zonas con mayor delincuencia matizan las críticas, pero se adhieren a la tesis de que la Policía no erradicará la violencia.

"Una política de seguridad que se basa exclusivamente en hacer leyes más severas, contar con más policías y tener más presos no augura soluciones efectivas. Las soluciones deben ser integrales haciendo una fuerte inversión en territorios de la ciudad que han quedado rezagados, brindando lo que la mayoría de los adolescentes privados de libertad buscaron y no tuvieron, una educación adaptada a sus características y primeras experiencias laborales dignas. Pero sobre todo se requiere sacar el tema de la seguridad de la agenda electoral y avanzar en grandes acuerdos que permitan elaborar políticas a largo plazo", dijo a El País el sociólogo Luis Eduardo Morás.

Para Morás, "las condiciones de vida en esos barrios siguen siendo malas" y los más afectados son los niños y los jóvenes que "además de sufrir los peores niveles de calidad de vida, perciben a través de la experiencia de vida de sus padres y abuelos que no es posible escapar de la situación en la cual se encuentran por medio del esfuerzo personal".

"Se ha consolidado algo trágico: el lugar de nacimiento determina toda la expectativa de futuro de las personas", sostiene Morás.

El sociólogo y exdirector del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, Rafael Paternain, coincide en que "no estamos poniendo foco en las cosas importantes". Para el académico, el diseño de la política oficial está "pensado para dar una solución quirúrgica" y tiene como "problema" que acentúa el asunto "porque profundiza la segmentación", ya que se "alimentan las soluciones punitivas, se sigue tomando a la cárcel como un depósito de personas que delinquen, y no logran trascender los estigmas", según dijo a TNU.

"Nos manejamos con la idea de ciertos territorios gobernados por el delito" y "el razonamiento implica un efecto de criminalización de la pobreza y sospecha generalizada de ciertos territorios que ameritan una reacción e intervención policial localizada", algo que considera "absurdo" aunque acorde con la "demanda social" de que se haga algo frente a un tema grave.

La socióloga Teresa Herrera opina que la estrategia oficial falla ya que si se quiere eliminar la delincuencia hay que trabajar en la reinserción social.

"La Policía no tiene más remedio que actuar para limpiar las bocas de drogas o buscar delincuentes, pero si eso no se complementa con política social integral seguirá acentuándose la fragmentación en ciertos barrios donde hoy por un lado está el hombre que aspira a ser narco y cuantas más estrellas de violencia tenga más cotizado será por las mujeres, y las personas que están aterrorizadas, no salen de noche y miente la dirección para conseguir trabajo".

"Ha habido un fracaso de las políticas públicas en torno a la recuperación de la marginalidad y hay ciertos barrios que el Estado ha permitido que estén en manos de narcotraficantes a los que cuando se entra es con toda la parafernalia porque tres policías solos no se animan", remarcó Herrera. Y en muchos casos, agregó la socióloga, a esto se suma que "entre los delincuentes la vida hoy no vale: ni la de ellos ni la del otro".

Los expertos coinciden en que los narcotraficantes no son la causa de un mayor grado de violencia. Sostienen que es un proceso que se viene gestando desde hace varias décadas y en el que inciden tanto cambios en la matriz familiar, la estructura productiva y aspectos habitacionales y educativos. También pautas de consumo que se relacionan con esto ya que "el champión se vuelve importante cuando no hay cariño ni atención".

Las cifras muestran que los delitos han crecido en los últimos casi 30 años. En promedio la cantidad de delitos contra la propiedad, por ejemplo, entre 1980 y 1984 fue de 26.006. Pero la cifra ha ido sistemáticamente en aumento en los subsiguientes gobiernos hasta estar en 113.507 entre 2010 y 2014.

Pero eso hoy tiene un condimento adicional que es la baja sensibilidad de la sociedad ante hechos como que un delincuente tira 12 veces a la fachada de una casa y asesina a un bebe de 15 meses. Según Morás, la sociedad se siente cada vez "más ajena a lo que ocurre en determinados barrios" y "en definitiva no sólo es insensible, es algo peor, hasta llega a celebrar que se maten entre ellos".

"Construir ciudadanía y desarrollar valores de convivencia son los desafíos de este tiempo", es la frase que resalta la página web del Municipio A que abarca cerca de 50 barrios del Oeste de Montevideo. Su alcalde sostiene que se mueve territorialmente "bien" y no siente "presión" aunque no es "negador de que hay una situación compleja en la que muchas veces las cosas se resuelven de forma extremadamente violenta porque pesa el ojo por ojo y los tiroteos". Sin embargo remarcó que "no es la lógica común del día a día del trabajador. No es uno salga a la calle y lo mata. Casabó tiene un escenario popular de murga. Si se viviera una ola de terror la gente no se organizaría para hacer un escenario popular". El alcalde dijo que los operativos "son violentos de ver", pero remarcó que "los vecinos esperan una respuesta de la policía" aunque "el estigma crece con los operativos". Otero coincide en que más allá del patrullaje se "necesita fortalecer la integración social" y para esto hace falta "coordinar mejor porque a veces hay tantos programas en la zona y actuamos en paralelo que no se llega a objetivos concretos".

La mayor parte de los homicidios en Montevideo ocurren dentro del Municipio D según datos del Ministerio del Interior. Su alcaldeza sostiene que la gente reclama seguridad, pero asegura que ella entra a todos los barrios y que los servicios de salud y escolares funcionan sin problema. De todas formas sostiene que "el Ministerio del Interior puede hacer un operativo pero eso no transforma nada; nosotros tenemos que entrar a mantener el alumbrado, espacios públicos y generar espacios de convivencia", dice. "La gente pide presencia policial casi en cada esquina. En Casavalle hacemos las reuniones de día porque la gente tiene miedo de dejar la casa sola. De otros barrios nos ven que somos una zona roja. El Ministerio tiene que hacer su trabajo y no sé si el operativo es lo mejor, pero hay que hacer cosas conjuntas para promover que en el barrio pasen cosas buenas. Se debiera trabajar más complementariamente en un ámbito interinstitucional. No creo que solo Interior pueda solucionarlo. Todos desde nuestro lugar tenemos algo para aportar".

Algo más de uno de cada tres homicidios en Uruguay es por conflictos entre criminales. Los llamados "ajustes de cuentas" explicaron el 29% de los homicidios en 2012, en tanto el año pasado fueron el 36%. Después vienen los homicidios por violencia familiar o rapiñas y hurtos (18%), y altercados y disputas (15%), según cifras del Ministerio del Interior del año 2015. El año pasado se aclararon el 59,2% de los homicidios.

La Dirección Nacional de la Educación Policial recibió 450 postulaciones para el curso de cadetes, lo que según el Ministerio del Interior representa un "récord" que no se registraba hace más de 20 años. Pese a las postulaciones hay 120 vacantes para ingresar. Según informó el director Hugo De León, del total de inscriptos el 45% son personas que quieren ingresar por primera vez a la Policía y atribuyó el fuerte interés al cambio en el plan de estudios.

La academia sostiene que las sociedades que lograron reducir efectivamente los niveles de violencia aplicaron estrictas normas para el control de armas. En Uruguay si bien hay una ley de tenencia de armas que fue aprobada en agosto 2014 —dos años más tarde que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, planteara que era urgente— todavía no ha sido reglamentada por diferencias entre los ministerios de Defensa e Interior en la reglamentación.

En 2015 se registraron en todo el país 289 homicidios, un aumento de 7,8% respecto al año anterior, según las cifras presentadas la semana pasada por el Ministerio del Interior en el Parlamento. El 67% de estos homicidios se realizaron con armas de fuego, confirmando una tendencia que se viene dando desde 2012. En 2011 fue el último año donde las armas de fuego fueron empleadas en el 49% de los homicidios, y "otros medios" en el 51%.

Educación y represiónLUCÍA BALDOMIR