Basta ya de impunidad. !Verdad y Justicia!", es la consigna de la vigésima marcha del silencio que se desarrolla hoy en medio de una polémica entre el ministro de Defensa y exguerrillero tupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro, parte del Frente Amplio y las organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Por primera vez y por razones de salud —en la marcha que inicia a la hora 19, a la esquina de Rivera y Jackson— no asistirá Luisa Cuesta, figura emblemática de los familiares.

En tanto, ayer el presidente Tabaré Vázquez dio una fuerte señal al aprobar un decreto por el que se crea una comisión que relevará información sobre crímenes de lesa humanidad (ver página A7).

Dentro de la izquierda, el malestar con Fernández Huidobro se explica por sus últimas declaraciones en el Día del Ejército —celebrado el pasado lunes 18— donde señaló que en el Frente Amplio así como en otras organizaciones sociales "estigmatizan" a los militares. Durante el acto, el comandante en jefe Guido Manini Ríos reclamó "no denostar" al Ejército "por los prejuicios del pasado".

Ayer, en el Frente Amplio se escucharon fuertes cuestionamientos hacia Fernández Huidobro. Algunos entienden que debería dar un paso al costado, porque no representa "el sentir" de la izquierda en los temas de derechos humanos.

"No es estigmatización ministro, es memoria. Es recuerdo del pasado, es volver a pasar por el corazón toda la historia, todo el tiempo, para que no se olvide. Sólo queremos verdad y justicia. Sin dejar de reconocer los avances, no llegan aún, ni la una ni la otra", opinó la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) en su página web.

Para Moreira, el ministro recurre a la estrategia de la "victimización". "Es el mundo al revés. Los juicios del pasado transformados en prejuicios, y la institución victimaria del pasado en la victimizada del presente. No es a los soldados a quienes se estigmatiza, ministro, y usted lo sabe. Las responsabilidades siempre recaerán sobre los altos mandos militares, la oficialidad superior. Y no se los estigmatiza; lo que se busca es justicia", indicó.

Con una crítica implícita por el acto de celebración del Día del Ejército, Moreira invitó a concurrir a la Marcha del Silencio. "Los ciudadanos de a pie, marchamos, sin actos oficiales ni pompas, sin caballos, sólo de a pie cada 20 de mayo".

El exsenador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) dijo a El País que las declaraciones de Fernández Huidobro fueron "inoportunas". En la misma línea opinó que los dichos del ministro "no son representativos del sentir de su fuerza política". Consultado sobre si Fernández Huidobro debería ser removido, Rubio opinó que eso "es una decisión de Vázquez". Además destacó la voluntad del Poder Ejecutivo de "emprender un nuevo camino sobre la base de indagar a fondo".

Varios frenteamplistas usaron las redes sociales para marcar sus discrepancias con Fernández Huidobro. "Che Taba, todo bien. Pero lo de Huidobro ya no da pa más. Que la cuota al Pepe en los ministerios venga por otro lado", señaló en Twitter el secretario de la juventud socialista, Ariel De León.

Consultado por El País, dijo que su comentario fue personal, pero expresa "el sentir de varios compañeros de la fuerza política. Una vez más, Huidobro mete la pata de una forma que ya nos tiene acostumbrados. No está bueno, entiendo que a veces se generan acuerdos políticos y hay una realidad electoral en la interna del Frente que demanda ciertas cuestiones de equilibrios de poder y creo que Huidobro responde a esa realidad".

Ayer, la presidenta del Frente Mónica Xavier resaltó la decisión del Ejecutivo de investigar las violaciones a los derechos humanos desde 1968, aunque evitó comentarios sobre las declaraciones del ministro.

Las organizaciones sociales se volvieron a enfrentar ayer con Fernández Huidobro, tal como había sucedido el año pasado cuando el ministro tildó de "imbéciles" a los integrantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

El expresidente de Crysol, Baldemar Taroco, dijo a El País que hasta que Fernández Huidobro no deje el ministerio será "muy difícil" acceder a información nueva sobre los detenidos desaparecidos.

A su vez, rechazó los comentarios tanto del ministro como de Manini Ríos sobre la estigmatización de los militares. "Mientras no se aclare lo que ocurrió, mientras no se sepa dónde están los desaparecidos, qué pasó, quiénes fueron los torturadores, mientras no se depuren las Fuerzas Armadas, el pueblo va a seguir pensando lo mismo", aseguró.

Taroco indicó que no es cierto que el Ejército este subordinado al poder civil, como dijo el comandante en jefe en su discurso por el Día del Ejército. "Todos los delitos que cometió el Ejército siguen en la órbita del Ejército porque no han depurado sus filas. Y el mismo Manini se recibió en dictadura", subrayó Taroco.

La presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, afirmó que los "estigmatizados" son los sectores que siguen buscando a los desaparecidos en la última dictadura. Consultada sobre los dichos de Fernández Huidobro y del comandante en jefe del Ejército, Guianze se limitó a contestar: "No tengo por qué compartir ni por qué no compartir. Ellos lo hicieron en un ámbito cerrado".

Con la aprobación de la ley de Caducidad en diciembre de 1985, los jueces debían remitir las causas de violaciones a los derechos humanos en dictadura al Poder Ejecutivo, que declaró todos los casos amparados por la Caducidad. El 16 de abril de 1989, la Ley de Caducidad fue puesta a consideración de la ciudadanía por medio de un referéndum. El 54,4% votó por ratificarla.

El tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura entró en un impasse. En ese período, no hubo denuncias contra militares por lo que ningún juez remitió expedientes al Poder Ejecutivo ni el presidente tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el tema.

Respaldado por el resultado del referéndum sobre la Caducidad, Sanguinetti mantuvo todos los casos amparados en esa ley. Terminó su gobierno en medio de una polémica con el poeta argentino Juan Gelman por la búsqueda de su nuera María Claudia Irureta Goyena, madre de Macarena Gelman.

El presidente instaló la Comisión para la Paz para conocer el destino de los desaparecidos durante la dictadura. Estaba integrada por Gonzalo Fernández, Carlos Ramela, el arzobispo Nicolás Cotugno, José Williman, el sacerdote Luis Pérez Aguirre y el histórico dirigente sindical José DElia. Se identifica y ubica a Macarena Gelman. El excanciller Juan Carlos Blanco fue el primer procesado, en su caso por la desaparición de Elena Quinteros.

Habilitó las excavaciones en cuarteles en busca de restos de desaparecidos. En 2006, un equipo de antropólogos encuentra los restos de Ubagésner Chaves Sosa y de Fernando Miranda. Van a prisión seis militares retirados y dos expolicías, y los exdictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Caducidad.

En noviembre de 2010, fue procesado con prisión el general Miguel Dalmao por la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974. Dalmao falleció en el Hospital Militar en diciembre de 2014. El presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, dos exguerrilleros tupamaros, expresaron dudas sobre la responsabilidad de Dalmao. En 2011, el Parlamento aprobó con los votos de Frente Amplio una ley que declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Aparecieron los restos del maestro Julio Castro. En 2013, la Suprema Corte declaró inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley interpretativa de la Caducidad. En febrero de ese año, la jueza Mariana Mota, que seguía varios casos contra militares, es trasladada a una sede civil, lo que provocó fuertes críticas de la izquierda a la Suprema Corte de Justicia.

En febrero de 2014, Tabaré Vázquez, entonces presidente electo, anunció la creación del Grupo por Verdad y Justicia, que ayer institucionalizó por decreto (ver página A7).

Advierten que sus declaraciones no son representativas del “sentir” del faV. GIL/ G. CORTIZAS