Se ve como un gesto de acercamiento promovido por Vázquez que los partidos valoran.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Álvaro García, uno de los hombres más cercanos al presidente Tabaré Vázquez, había anunciado por la mañana la voluntad de generar un acercamiento con la oposición. Y a última hora lo hizo oficial: se comunicó con representantes de los partidos para comprometerlos a una próxima reunión en el marco del inicio del Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista, iniciativa anunciada por el presidente en la campaña electoral de 2014.

"Es un proceso de reflexión conjunta del país acerca de cómo han ido evolucionando los valores de la sociedad", explicó García, tras la reunión del Consejo de Ministros, destacando que esta iniciativa "está en línea con algunas propuestas que han hecho dirigentes de partidos de oposición".

Una serie de hechos violentos ocurridos en pocos días, como los asesinatos de un comerciante judío, dos taxistas, un hombre en intento de robo de su moto y un joven con la camiseta de Nacional atacado por hinchas de Peñarol, pusieron en la agenda nuevamente la problemática de la seguridad pública. Volvieron a alzarse voces reclamando la renuncia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y surgieron proyectos de ley que apuntan a aumentar las penas para narcos y menores que cometan delitos graves.

Hasta el momento, el gobierno se había mantenido firme en defender su política de seguridad pública. Incluso a fines de enero, cuando líderes de la oposición propusieron la necesidad de alcanzar un pacto nacional para enfrentar el narcotráfico, desde el Ministerio del Interior se respondió al planteo con una irónica y dura nota editorial.

La convocatoria que ahora hace el gobierno parece marcar un cambio de postura en ese sentido.

Para el Partido Nacional, la oferta de Vázquez es buena. "El diálogo siempre es positivo y necesario. El desafío es que se apunte a acciones concretas para temas acuciantes", dijo a El País el senador Álvaro Delgado, del sector Todos.

El senador Pablo Mieres, líder del Partido Independiente y quien planteó la semana pasada la necesidad de promover un ámbito de diálogo entre gobierno y oposición para recrear un "clima de tolerancia en la sociedad", también reaccionó complacido luego de recibir la llamada del director de OPP.

"El gobierno tiene una opinión favorable a convocar a un diálogo. Bienvenido sea", comentó el senador a El País. "Hay que promover la convivencia social y enfrentar a la violencia", advirtió.

La invitación, aún sin fecha, es vista desde la oposición como una contribución a descongelar las relaciones con la oposición que quedaron maltrechas tras el episodio de la licenciatura del vicepresidente Raúl Sendic y el frustrado acuerdo en el Senado para aprobar las venias para los cinco nuevos directores de Ancap.

La semana pasada, el senador Mieres había planteado que el gobierno y la oposición debían analizar temas vinculados a la seguridad "para cambiar el clima social".

Entrevistado por el programa A Diario de El País TV, Mieres se manifestó partidario de "construir una cultura de tolerancia, una lógica de comportamiento con participación de los gobernantes".

Por ejemplo, anunció que promoverá un proyecto de ley para que cuando en una cancha de fútbol haya cánticos a favor de la violencia en la tribuna se pare el partido.

"Hay que parar la mano. El fin de semana hicieron apología del delito e incitación a la violencia las hinchadas de Peñarol y de Nacional", afirmó.

En la sociedad "hay un problema cultural, de códigos, de valores y sobre eso hay que trabajar. Habría que aprobar un paquete de leyes, una de las cuales es sobre los espectáculos deportivos", propuso el senador del Partido Independiente.

Mieres dijo que "tiene que haber una señal fuerte de todos, de la conducción del país, gobierno y oposición, con compromisos muy firmes", y se manifestó partidario de que haya represión a la delincuencia. "Hay que parar la mano a los violentos de manera radical. Hay un nivel de tolerancia cero que tenemos que aceptar", remarcó.

Luego de que el oficialismo rechazase las propuestas del senador blanco Jorge Larrañaga de adoptar un paquete de medidas para endurecer las penas por narcotráfico y para los menores infractores, el legislador nacionalista retrucó y dijo que si bien comparte que se deben atacar las causas del delito, "hay que ocuparse del ahora" porque "las víctimas no pueden pensar en el largo plazo".

"Cuando el Frente me dice a mí que no, le dice que no a la gente. Yo por supuesto que estoy de acuerdo en que hay que trabajar en valores, en la educación y en atacar las causas del delito que son el caldo de cultivo de la violencia pero el gobierno fracasó en todo eso. Yo siento que la gente me pide legislar, discutir ideas. Decir que endurecer las penas no da resultado es absolutamente erróneo. ¿Es equivocado establecer la responsabilidad a los padres por faltar a las responsabilidades inherentes a la patria potestad? ¿Es equivocado que no se borren los antecedentes de los menores? ¿Es equivocado crear una Guardia nacional, como la Guardia Civil de España o los Carabineros de Chile? ¿No sería eficaz que todos los delitos de tráfico de drogas sean inexcarcelables? ¿ Cuál es la alternativa?", preguntó.

Larrañaga enfatizó que sus propuestas han tomado en cuenta planteos realizados por fiscales como Gustavo Zubía y Gilberto Rodríguez, y jueces como Néstor Valetti. "Hay que eliminar la "puerta giratoria" de las cárceles", sostuvo. "Que no se diga que no hace falta legislación que pueda dar una mano. Nosotros estamos dispuestos a un diálogo con el gobierno sobre esto. Vamos a insistir para tratar de convencer", señaló.

El Fiscal General de la Nación Jorge Díaz evitó referirse al contenido de esas propuestas del senador blanco. Dijo ayer a El País que una vez que se articulen como proyectos de ley con gusto concurrirá al Parlamento para analizarlas.

En la Memoria Anual y perspectivas para 2016 hay varias iniciativas sobre seguridad. Una es la modificación de las normas sobre libertad provisional haciendo más estrictas las disposiciones. Otra iniciativa tiene que ver con prohibir que reincidentes que cometieron delitos gravísimos se beneficien de salidas transitorias.

El senador nacionalista propone que cualquier delito vinculado a drogas sea inexcarcelable. Plantea que se apliquen de 4 a 15 años de prisión cuando se utilice al hogar como "boca" para venta de drogas. Y que las penas para los menores de edad se dupliquen y el máximo pase de 5 a 10 años.

El senador colorado Pedro Bordaberry está de acuerdo en legislar para limitar salidas transitorias y libertades anticipadas de reincidentes. Sostiene que hay un proyecto suyo en el Parlamento y que no lo tratan, pese a que desde el Poder Ejecutivo se ha manifestado interés en impulsarlo.

Desde el año 2005 al presente, el sector Todos ha presentado varios proyectos de ley para modificar el Código Penal, así como el Código de la Niñez y la Adolescencia, y no se han tratado. Por ejemplo, en 2015 presentó por tercera vez un proyecto de ley para registrar a los abusadores sexuales de menores.

El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, aseguró ayer que "sin ir a un proceso acusatorio" como el que se implementará con el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) "seguramente no haya soluciones al problema de la seguridad".

Aunque aclaró: "Que no se me malinterprete: yo no digo que la solución al problema de seguridad esté en ir a un proceso acusatorio". Díaz hizo estas afirmaciones durante la firma de un convenio con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) mediante el cual se actuará en ambos organismos en forma complementaria y se compartirá información mediante un sistema informático nuevo que abarque todos los pasos, desde la presentación de una denuncia.

También afirmó que en Uruguay "hoy no hay una política pública de seguridad" porque para que la haya "se requiere la coordinación estratégica de cuatro acciones: la prevención, la conjuración (represión inmediata del hecho violento para hacer cesar sus efectos), la investigación criminal y la persecución penal. "En Uruguay la tarea de investigar y perseguir penalmente se la asignamos al juez y ellos no pueden participar en un sistema que coordine sus acciones en una política pública de seguridad porque son independientes. En todo el mundo esto ha cambiado y hemos ido a sistemas acusatorios", agregó.

En un análisis del proceso penal actual, que considera que "ha fracasado", Díaz sostuvo que "según los últimos datos estadísticos, que son de 2013, hubo unas 200.000 denuncias. De esas aproximadamente 34.500 llegaron al sistema judicial, el 18% de las denuncias presentadas. A su vez, solo 9.100, el 4,5% dieron mérito a una imputación penal. No digo que la única respuesta debe ser la imputación penal, pero nuestro sistema procesal actual la única respuesta que da es la imputación".

UNA SEÑAL DE TOLERANCIA A LA SOCIEDAD