El ministerio de Transporte (MTOP) terminó de redactar un proyecto de ley para crear una empresa pública bajo la forma de servicio descentralizado (como lo son Antel, OSE o la Administración Nacional de Puertos) dedicada a la construcción.

Se encargará de la mayor parte de la pequeña y mediana obra pública, sola o con privados, y funcionará como ente testigo para garantizar que los precios en las licitaciones del Estado se ajusten a los valores de construcción del mercado.

El titular de la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP, Daoiz Uriarte, confirmó a El País que el proyecto de ley "está prácticamente pronto" y será presentado al Parlamento este año. Uriarte puntualizó que el proyecto cuenta con el apoyo del sindicato obrero dependiente de la dirección nacional.

Señaló que la nueva empresa acaparará buena parte de la obra pública y desestimó que el nuevo escenario genere problemas al sector privado. "No creo que alguien pueda sentir que le robamos un pedacito del mercado. Hay que entender que el Estado tiene necesidad de hacer obras de urgencia y el sector privado no siempre da respuestas acordes a las necesidades del momento. La empresa privada, por sobre todas las cosas, debe trabajar para los privados y no vivir de lo público. Lo importante es que el sector privado se dinamice con las obras privadas y el Estado haga el mejor uso de sus recursos", afirmó.

No se proyecta competir con privados fuera de la esfera pública, puntualizó, salvo que exista "alguna actividad de interés social que involucre al patrimonio nacional y en la que la participación sea accesoria".

Uriarte explicó que actualmente la Dirección de Arquitectura es prácticamente una empresa de construcción. "Recibimos dinero de los entes públicos y construimos, reparamos o hacemos mantenimiento, o hacemos proyectos y nos encargamos de la dirección de obra. Tenemos 400 trabajadores de obra y 60 profesionales a nuestro cargo. Somos una verdadera empresa constructora pero necesitamos flexibilidad para realizar compras o contratar recursos humanos. No estamos pidiendo algo absurdo, solo regirnos por un régimen como el de OSE o Antel", explicó Uriarte.

El jerarca explicó que las normas de la Administración Central imponen a la Dirección de Arquitectura un marco demasiado rígido para su actuación. A modo de ejemplo, señaló que en los ministerios está prohibido pagar horas extras mientras que las empresas públicas sí lo hacen, un aspecto fundamental cuando se trata de entregar obras a tiempo. Algo similar ocurre con la contratación de recursos humanos. En un ente la resolución solo pasa por el directorio mientras que en la Administración Central el proceso es más complejo. Los peones a la orden de Arquitectura ganan $ 22.000 mientras que en el mercado privado sus salarios son sensiblemente mayores, lo que dificulta la contratación de mano de obra. Algo similar ocurre con los arquitectos u otros profesionales cuando el mercado de la construcción experimenta el dinamismo de los últimos años.

"No planteamos contratar más trabajadores. Simplemente la posibilidad de incorporar trescientos o desprendernos de trescientos en función de la demanda de obras que exista. Eso es algo que hoy no podemos hacer", explicó.

Uriarte también puso como ejemplo de la rigidez del sistema la necesidad de contar con la firma del presidente de la República para celebrar un convenio con otra institución.

"Todo eso le quita flexibilidad a los procesos y necesitamos una solución, más aún cuando pretendemos un avance en la infraestructura pública en áreas como las escuelas, liceos o los centros de detención de menores", indicó.

Uriarte dijo que la ausencia de un fin de lucro permite que los costos que maneja Arquitectura del MTOP sean más bajos que los de privados y eso redundaría en un beneficio para el Estado en su conjunto.

El jerarca puntualizó que la nueva empresa pública apuntará a realizar todas las obras estatales que estén a su alcance. Por ejemplo, la construcción o refacción de los centros de estudio en todo el país y el mantenimiento patrimonial del Estado, un rubro que no resulta atractivo para los privados por su escaso margen de ganancia. El Inau proyecta para los próximos dos años la construcción de un centro modelo para la reclusión de menores infractores. Uriarte dijo que dicha obra podría ser emprendida por la nueva empresa pública que propone.

Precisó que los grandes proyectos seguirán siendo licitados con el sector privado. Para estos casos, sostiene que el servicio descentralizado será un ente testigo. "Vamos a controlar que los precios que se manejen en las licitaciones públicas sean los adecuados porque los que conocemos el mercado y podemos decir si hay valores exagerados somos nosotros", indicó.

Además, señaló que el servicio descentralizado podrá hacer el control de obra que hoy por carencia de departamentos especializados y profesionales no se puede realizar en varias obras licitadas. La Dirección de Arquitectura verifica actualmente la calidad de la construcción de dos centros de reclusión de menores del Sirpa que a un año de inaugurados presentan defectos importantes.

En ministro de Transporte, Víctor Rossi, manejó esta semana en la comisión de Hacienda de Diputados la posibilidad de transformar la Dirección de Arquitectura en un servicio descentralizado, aunque fue muy mesurado a la hora de fijar objetivos.

El diputado Pablo Abdala reclamó una definición al respecto.

"No entro a juzgar, porque me parece que estamos muy lejos todavía de saber si eso es bueno o malo, conveniente o inconveniente, o si tiene méritos como para que podamos llegar a compartirlo o no. Pero en el Presupuesto hay disposiciones que tienden a profundizar el modelo de la Dirección de Arquitectura, lo que no parece congruente con un proyecto que la modifique sustancialmente y la lleve a que deba ser incluida en el dominio industrial y comercial del Estado", sostuvo.

El ministro Rossi afirmó que "aquel papel de la obra de albañilería, que era tradicional de la Dirección de Arquitectura, es un papel de otra época. Hoy no estamos en condiciones de cumplir esa función con el nivel de necesidad que tienen el patrimonio público y el Uruguay".

Agregó que la intención es "avanzar en una institución que sea un poco el brazo ejecutor, jugando en una cancha con las normas con las que juegan las empresas constructoras".

Funcionará como OSE o Antel y se encargará de realizar las obras del EstadoGONZALO TERRA