Dos ministros del expresidente José Mujica, Daniel Olesker (Mides) y Roberto Kreimerman (Industria), junto a exlegisladores y funcionarios de los gobiernos del Frente Amplio, dirigentes sindicales e intelectuales de izquierda, se pronunciaron en una extensa carta contra el Acuerdo de Comercio y Servicios (Trade in Services Agreement, TISA).

Cuestionan el "secretismo" con el que el gobierno maneja el tema y lo califican de "antidemocrático". Le reclaman un debate "público y profundo", y anuncian "peligros" para el desarrollo futuro del país.

Por otra parte, frente a una intimación judicial para dar información sobre el TISA, elevada semanas atrás por el fiscal Enrique Viana, la Cancillería respondió que "las negociaciones internacionales de ese tenor tienen un carácter reservado" por lo que negó toda información sobre el asunto.

TISA es un tratado internacional que se está negociando en Ginebra en estos días y que apunta a liberalizar un sector crucial de la economía. Estados Unidos y la Unión Europea (ambos con gran fortaleza en el sector de servicios) son sus grandes impulsores aunque no los únicos. Hay 23 partes involucradas. La Unión Europea reúne a 28 estados, por lo cual participa en las tratativas un total de 50 países. La Unión Europea (el actor que más servicios exporta a nivel mundial) difundió oficialmente su oferta en julio del año pasado, luego de que la "filtrara" la organización WikiLeaks que acusó a sus impulsores de estar actuando con secretismo.

La jueza Mónica Bessio había dado curso a la intimación de Viana para que el Ministerio de Relaciones Exteriores brindara los detalles de las negociaciones del gobierno para sumarse al Acuerdo de Comercio de Servicios. Según Viana, el acuerdo se negocia en forma "oscura" y puede llevar a Uruguay a un estado "feudal".

Según Viana, "consentir la confidencialidad" de un acuerdo como el TISA "es reconocer de antemano su antijuridicidad, por aquello que solo se oculta lo que avergüenza o lo que daña a otros". En su escrito agregó: "al igual que los tratados o contratos de inversión, el TISA es una expresión más de neocolonialismo y de deconstrucción de los Estados-Nación".

A modo de respuesta, la Cancillería presentó un breve escrito en el que sostiene que "las negociaciones internacionales —y más aún si las mismas se encuentran en curso— tienen, necesariamente, un carácter reservado pues, desconocérsele dicha naturaleza, implicaría no solamente exponer la posición del país en las mismas, sino la de otros sujetos de Derecho Internacional de lo cual se derivaría, necesariamente, la responsabilidad internacional del Estado. Es del caso hacer notar que dicha reserva es la esencia del Derecho Internacional así como de los Derechos internos".

Ayer, 24 personalidades de la izquierda dieron a conocer una declaración para expresar su "fuerte preocupación respecto a la participación uruguaya en las negociaciones para el acuerdo denominado TISA, sobre las que hemos podido obtener información fragmentada y tardía. Este último señalamiento no resulta un aspecto menor a propósito del involucramiento del país en negociaciones de tan extraordinaria implicancia estratégica y ajenas a las garantías mínimas que ofrece la negociación multilateral". Fue firmada por Kreimerman y Olesker, dos integrantes del gabinete de José Mujica, bajo cuyo mandato se tomó la decisión de negociar el TISA.

"Es especialmente condenable la naturaleza secreta de las negociaciones del TISA y la falta de información y participación de las y los ciudadanos, en lo que configura una verdadera práctica antidemocrática, mientras las grandes corporaciones de los países desarrollados definen la agenda de temas, controlan y pautan la negociación e imponen las grandes definiciones. Los gobiernos de los países desarrollados que impulsan el TISA siguen una estrategia que ha sido calificada con acierto como de "patear la escalera", impidiendo la evolución del resto de los países al desarrollo de capacidades y tecnologías que ellos ya han alcanzado", agrega el escrito.

La declaración considera "particularmente preocupante" la concesión de trato nacional a las empresas extranjeras (salvo casos de excepción expresa) con la consiguiente eliminación de las prioridades a las empresas nacionales en general, públicas o privadas, y a las pequeñas y microempresas. "Una consecuencia del TISA será el debilitamiento de la protección a los trabajadores y trabajadoras, y el retroceso del Estado —con el menoscabo de sus empresas públicas— como motor del desarrollo. El TISA no reconoce las profundas asimetrías entre los países —no contempla el Trato Especial y Diferenciado— y trastoca la cláusula de salvaguardia, que tradicionalmente ampara a un Estado ante el exceso de importaciones en un sector, atándola a eventuales desequilibrios en la balanza de pagos, que quedan sujetos al monitoreo del FMI volviéndose, en definitiva, un amparo para el país exportador", sostiene.

La adhesión de Uruguay al TISA fue defendida en su momento por el excanciller Luis Almagro y el actual ministro de Economía, Danilo Astori.

Para los firmantes de la declaración, muchos de ellos pertenecientes al Partido Socialista, "Uruguay tiene poco para ganar en este acuerdo y mucho para perder. Es imperioso que se evalúe adecuadamente y en su limitada dimensión para el proceso de desarrollo del país, los beneficios que se derivarían de la expansión de los Servicios Globales de Exportación, desde zonas francas. Ante los eventuales beneficios que de ahí se derivarían, se pone en juego la autonomía de las políticas públicas en las más diversas áreas. Las normativas en materia de relaciones laborales, seguridad social, protección al medio ambiente, regulación del sistema financiero, promoción del derecho a la salud o la educación serán evaluadas en función de su objetividad, razonabilidad e imparcialidad y pueden ser cuestionadas o impugnadas en la medida que menoscaben el interés de las empresas extranjeras".

Los firmantes de la dura declaración contra el TISA y la actitud del gobierno son: Marcelo Abdala, Rodrigo Arocena, Viviana Barreto, Gerardo Caetano, Roberto Chiazzaro, Roberto Conde, Alberto Couriel, Álvaro Díaz, José Díaz, Fernando Gambera, Carlos González, Jorge Irisity, Roberto Kreimerman, Joselo López, Marcelo Mondelli, Wilson Nerys Fernández, Daniel Olesker, Álvaro Padrón, Fernando Pereira, José Manuel Quijano, Gonzalo Rodríguez Gigena, Octavio Rodríguez, Alejandro Sánchez y Judith Sutz. La izquierda conforma así un frente con políticos, sindicalistas e intelectuales en contra del TISA.

Mientras un sector de la izquierda considera al Trade in Services Agreement (TISA) como un caballo de Troya que las multinacionales quieren utilizar para ingresar al mercado de servicios global para condenar así a los países más débiles, otros (la mayoría en el actual gobierno) son menos apocalípticos y defienden la decisión de ingresar al ámbito de discusión (centrado en Ginebra) para saber de qué van los planes de cada país y finalmente decidir si le conviene o no al Uruguay adherirse al acuerdo.

Quienes hasta hoy participan de las negociaciones son: Australia, Canadá, Chile, Taiwán, la Unión Europea, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, la República de Corea, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Turquía, Estados Unidos, Uruguay, Pakistán y Paraguay.

El ámbito fue creado como una respuesta a la lentitud de las negociaciones que se llevaban adelante en el marco de la Organización Mundial de Comercio.

Hay once grandes grupos de servicios: los prestados a las empresas, las comunicaciones, la construcción y servicios de ingeniería conexos, la distribución, la enseñanza, los vinculados al medio ambiente, los financieros, los sociales y de salud, los de turismo, los de esparcimiento y los de transporte.

En Uruguay, el Pit-Cnt fue el primero en pronunciarse en contra, e incluso le dedicó su primer paro parcial en esta administración.

Por su parte, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), que reúne a las empresas de software, considera fundamental que Uruguay se sume a la negociación del TISA porque incrementaría sus posibilidades de exportación en un momento en que ya es notorio el enlentecimiento de la actividad económica local.

Kreimerman y Olesker condenan “secretismo”,  Y piden debate