Una misión de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que visitó Uruguay esta semana, se fue, una vez más, con una imagen deplorable del sistema de responsabilidad penal juvenil.

Pero a diferencia de las anteriores, esta vez se llevaron varias promesas del gobierno y la sensación de que la nueva directora del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Gabriela Fulco, traerá aires de cambio.

La coordinadora de Derechos de los Niños de la OMCT, Carolina Bárbara, que fue la responsable de la misión, dijo a El País desde Ginebra que las nuevas autoridades hicieron "muchas promesas", entre ellas, cerrar en un mediano plazo la Colonia Berro y otros centros de reclusión que pidieron mantener en reserva.

"Sobre la Colonia Berro me dijeron claramente que era una prioridad de la ministra y que se cerrará", contó Bárbara.

La misión de la OMCT en Uruguay tuvo por objetivo darle seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU que en mayo del año pasado hizo una serie de pedidos a Uruguay (ver apoyo) sobre las que deberá informar, tanto la OMCT como el Estado el próximo mes.

La organización emitió ayer un comunicado en el que le pide al gobierno que haga una reforma de la justicia juvenil.

"El uso excesivo de la detención de adolescentes y las pésimas condiciones de detención que encontramos durante nuestra visita son claramente inaceptables en una sociedad democrática", asegura el documento, y reclama que la apertura que demostraron las autoridades se traduzca en reformas que hagan "frente a los problemas que perduran desde ya hace mucho tiempo".

Pide también que se garantice que la nueva dirección del Sirpa tendrá un presupuesto adecuado para promover de manera "urgente" los cambios estructurales necesarios y que se aseguren "garantías" contra la tortura y los malos tratos en todos los lugares de privación de libertad, incluyendo la eliminación de las celdas solitarias de confinamiento o de castigo.

Para examinar la aplicación de las recomendaciones del Comité contra la Tortura, la OMCT visitó la cárcel de mujeres de Montevideo y algunos centros de detención para menores. "Notamos algunos problemas que pueden representar tratos inhumanos y degradantes", dice el comunicado.

Bárbara comentó a El País que no solo no notó cambios sino que le asombraron las condiciones de un centro inaugurado en diciembre.

"Vimos que la lógica de la construcción no ha cambiado, porque tiene celdas de aislamiento. Pero lo que es aun más insólito es que estuvimos en el CIED, ubicado en General Flores y Bulevar Artigas, un centro que fue inaugurado en diciembre de 2014 y ya parece que tiene varios años porque tiene problemas edilicios".

A la especialista le preocupó también la "grave" situación de la cárcel de mujeres, donde vio niños en sitios "insalubres", con ventanas sin vidrios y filtraciones de agua. "No hay refrigeradores para la leche y los alimentos se echan a perder".

Advirtió también que de haber un incendio allí no podrán sacar a todas las mujeres y aseguró que eso es "inaceptable". "El piso de castigo, que es el cinco, cuando yo fui estaba lleno de agua porque el día anterior se registró un incendio. Yo les pregunté qué hacen en caso de incendio, si había un protocolo de evacuación y me dijeron que no. Y realmente si uno mira el edificio no fue construido para ser una prisión", relató.

El período de transición fue una excusa invocada por las autoridades pero no fue de recibo por la organización. "Hay responsabilidades internacionales que hay que cumplir", dijo.

En su visita a Uruguay la organización recibió denuncias, una vez más, relacionadas con maltratos, largos períodos de confinamiento, el uso excesivo de medicamentos y la persistencia de represalias en contra de los funcionarios del Sirpa que presentan denuncias o que están en desacuerdo con algunas de las prácticas que están establecidas.

"Sabemos que hay personas acusadas por maltratos que ya están de regreso y que fueron reasignados a otros puestos de trabajo dentro del mismo sistema y en contacto con los jóvenes", indicó Bárbara.

Igual de preocupante es, según la mujer, que empleados que denunciaron las agresiones y abusos hayan perdido su trabajo como forma de represalia.

Por eso, aseguró, la OMCT le prestará especial atención a cómo trabajará la nueva dirección en este sentido.

"En el Sirpa el sindicato es muy fuerte y ha generado cierta impunidad, que nos preocupa muchísimo", reconoció.

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que el año pasado presentó un lapidario informe en el que denunció torturas a los adolescentes infractores, y que recibió el apoyo de 30 organizaciones nucleadas en el Comité de Derechos del Niño y de personas influyentes en distintos ámbitos, dice que la situación mejoró y que si hay malos tratos no son "sistemáticos".

La presidenta de la Inddhh, Mirtha Guianze, que acompañó a Bárbara en alguna de sus recorridas, dijo que la institución tiene la mira puesta ahora en las condiciones de vida de los jóvenes, la carencia de planificación y profesionales y las condiciones de trabajo de los funcionarios.

El Inddhh prepara su nuevo informe que presentará a fin de mes a la Asamblea General. Guianze comentó que está en contacto con las nuevas autoridades y dijo que tiene esperanzas en su gestión.

La misión de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que se reunió con la nueva directiva del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) notó diferencias con las autoridades salientes. La responsable de la misión, Carolina Bárbara, criticó con dureza a Ruben Villaverde y destacó la autocrítica de Gabriela Fulco, que reconoció desde las 23 horas de "encierro" de los adolescentes privados de libertad hasta los maltratos y hacinamiento. "Esto nunca había sido reconocido por el gobierno uruguayo hasta ahora", dijo Bárbara.

Las autoridades del Sirpa informaron a la organización que comenzarán el período sin presupuesto y que no negociarán lo "innegociable" con el sindicato. Barbará afirma que si bien es un problema la falta de presupuesto, no es lo único necesario para un cambio. "Villaverde tenía dinero, gastó millones no sé en qué. Pero no es solo un tema de dinero sino también de cabeza. Nosotros esperamos que la nueva dirección entienda que la inversión hecha en los últimos años está mal", dijo.

La OMCT se reunió además con diversas autoridades, entre ellas el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia , Unicef, el Ministro de Relaciones Exteriores y organizaciones de la sociedad civil.

A comienzos de abril de 2014, la Institución de Derechos Humanos presentó al Parlamento un informe crítico sobre el trato a menores en los centros del Sirpa. Días después el Comité de los Derechos del Niño exigió la renuncia de los integrantes del directorio del Sirpa; 30 organizaciones sociales apoyaron los informes y también pidieron renuncias.

Un representante del Sirpa contestó a principios de mayo en Ginebra 87 preguntas formuladas por el Comité contra la Tortura de la ONU, varias de ellas formuladas en base a las denuncias de golpizas y maltratos.

Luego, el Comité Contra la Tortura de ONU hizo una serie de recomendaciones sobre las que el próximo mes, o sea un año después, deberá de informar el Estado uruguayo y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) que visitó Montevideo días atrás con el fin de dar seguimiento a dichas recomendaciones que tuvieron tres prioridades.

La primera fue asegurar o reforzar salvaguardias para las personas privadas de libertad, adoptando las medidas apropiadas para que todas las denuncias de tortura o maltratos se investiguen con prontitud, exhaustividad e imparcialidad y que se enjuicie debidamente a sus autores, recomendó el Comité.

En segundo lugar encomendó al Estado uruguayo que se asegure de que el sistema de justicia juvenil esté armonizado con las normas internacionales. Y en tercer lugar que se garantice la protección para las víctimas y los testigos.

Ante la constatación de que las recomendaciones no se cumplieron, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitió ayer un comunicado con seis pedidos para el Estado uruguayo, muchos de ellos son reiteraciones de las recomendaciones que hizo un año atrás el Comité de ONU.

Llevar a cabo una reforma estructural, legal y de políticas sobre el sistema de justicia juvenil, dándole prioridad a las medidas no privativas de libertad para adolescentes en conflicto con la ley, es el primer pedido.

El listado incluye asegurar salvaguardias adecuadas contra el uso excesivo de medicación en el sistema de justicia juvenil; garantizar que el mecanismo nacional de prevención tenga suficiente presupuesto, recursos humanos, y la estructura para supervisar todos los lugares de privación de libertad; asegurar garantías contra la tortura y los maltratos en todos los lugares de privación de libertad incluyendo la eliminación de las celdas solitarias de confinamiento o de castigo.

La mirada de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) sobre el sistema de reclusión juvenil es, una vez más, tan cruel como real.

1. Vino a hacer un seguimiento de las recomendaciones del Comité contra la Tortura, ¿qué cambios encontró?

Visitamos la cárcel de mujeres, el Centro de Ingreso, Estudio y Derivación (CIED-Sirpa) y el Hogar Colibrí. No encontramos cambios y, por el contrario, vimos cosas muy preocupantes como que personas acusadas de maltratos están de regreso y hay represalias con quienes denunciaron. Nos preocupa la impunidad.

2. ¿Cómo soluciona Uruguay este problema que viene arrastrando desde varios años?

En relación a los adolescentes hay que cambiar toda la lógica. Eso de invertir en medidas privativas de libertad no va a solucionar el problema. Nosotros estamos llamando a Uruguay a que haga una reforma de justicia juvenil general. Nosotros esperamos que entiendan que la inversión de los últimos años está mal.

3. ¿Qué le transmitieron las nuevas autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes?

Inician con un gran desafío porque nos dijeron que arrancan sin presupuesto, se gastó todo el dinero en la administración anterior y deberá esperar la nueva partida. Tienen que negociar varias cosas con el sindicato, nos garantizaron que no van a negociar lo innegociable, y prometieron cerrar algunos centros.

El Estado vuelve a recibir observaciones VIVIANA RUGGIERO