El Ministerio del Interior rechazó ante la Justicia hacer públicos los detalles de El Guardián, el sistema de vigilancia electrónica que implementará la Policía en las próximas semanas y que le permitirá realizar escuchas telefónicas y seguimiento de correos electrónicos y redes sociales.

Abogados de la cartera comparecieron ayer en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) a instancias de CAinfo, que presentó un pedido de acceso a la información pública.

La directora ejecutiva del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Tania Da Rosa, defendió durante su alegato el carácter público de la información dado que se trata de una invasión a la intimidad de las personas.

"Se implementa un sistema de vigilancia electrónica que puede intervenir la comunicación en redes sociales, Internet y telefonía de cualquier persona", explicó Da Rosa.

Aclaró que no pretende acceder a "detalles técnicos del software que lo hagan vulnerable a un hackeo", pero sí se exige saber quién se hace cargo de la recolección de datos, del control de la herramienta y del tratamiento y destrucción de la información. Da Rosa solicitó también saber si habrá, cuando el sistema de vigilancia se implemente, un sistema de control independiente.

El Ministerio del Interior rechazó el pedido de CAinfo y se opuso a hacer público el protocolo que solicitó la demandante.

Según dijo la representante del Ministerio en la audiencia, este protocolo solicitado no se puede separar del funcionamiento y detalles técnicos de la herramienta, lo que pondría en jaque las investigaciones de la Policía. Además, defendió el derecho al secreto y recordó que el Ministerio del Interior adquirió El Guardián mediante "compra secreta", amparada en el artículo 33 del Tocaf.

La cartera rechazó que la información sea de carácter público. "El protocolo (la información que solicitó CAinfo) es una ramificación de este proceso de compra", dijo la representante del Ministerio del Interior.

"Es inútil que la administración se pronuncie cuando existen normas de mayor jerarquía (Tocaf) que indican cómo proceder", agregó.

La jueza del TCA de 1° Turno, María Isabel Vaccaro, dictará hoy viernes su fallo.

CAinfo solicitó la información a Interior el 15 de octubre de 2012. El Ministerio del Interior, vencidos los plazos, nunca respondió, por lo que CAinfo considera que se cumplió la premisa del "silencio positivo" prevista en la ley, que lo obliga a entregar la información solicitada.

El Ministerio del Interior maneja bajo estricta reserva todo lo vinculado con el sistema de El Guardián, adquirido a una empresa brasileña a través de una compra directa de US$ 2 millones.

El software multiplica la capacidad de interceptación de comunicaciones que hoy tiene la Policía. Con él se puede acceder de forma simultánea a 800 celulares y 200 teléfonos fijos; también habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, defendió el polémico sistema y aseguró que este ofrece más garantías que el actual en lo que se refiere a escuchas telefónicas.

Bonomi fue citado en 2013 al Parlamento por la compra de El Guardián. En ese momento también se negó a dar detalles sobre este sistema de espionaje.

Según un comunicado del Ministerio del Interior de ayer, El Guardián establece un único sistema de interceptación legal en contraproposición a los más de 20 sistemas que existen hoy. "La concentración en una única herramienta, con control directo del juez competente (que es el único que puede habilitar la interceptación merced a una llave digital), es la principal garantía de su utilización", dice el texto.

El Ministerio también da cuenta del protocolo de actuación de El Guardián. El oficial del caso debe elevar una solicitud de interceptación al fiscal, este la evalúa y eleva, a su vez, al juez que es quien resolverá la pertinencia o no de la misma. La parte operativa, la interceptación en sí misma, se hará efectiva por parte de la operadora de telecomunicaciones a instancia judicial.

Para Interior si se hace público quedan en jaque las investigaciones