No hubo firma electrónica de la jueza que avalara las escuchas a un narco.

El Ministerio del Interior habilitó el uso del sistema de escuchas telefónicas "El Guardián" para detener al poderoso narco mexicano Gerardo González Valencia, sin la firma digital de un magistrado, como lo establece un protocolo de actuación firmado el 1° de diciembre de 2015 entre esa cartera y la Suprema Corte de Justicia. Esto abrió una polémica sobre el uso de esta herramienta de espionaje electrónico.

El protocolo sobre "El Guardián" tiene un capítulo sobre las garantías que se deben dar a la población de que las escuchas no serán utilizadas con fines espurios.

Este capítulo, titulado "Tramitación de los requerimientos de información e interceptaciones legales", señala que, al comenzar una investigación, la Policía debe comunicar al juez que es clave la vigilancia electrónica de un sospechoso.

Posteriormente, la Policía completa un formulario digital del Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL) solicitando el procedimiento y detallando las medidas necesarias a requerir a las empresas telefónicas. Luego el sistema lo remite automáticamente al fiscal del caso que evalúa el pedido de la Policía. En caso de estar de acuerdo, el fiscal lo envía al juez para que lo apruebe o no.

La jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, que procesó al traficante González Valencia el 23 de abril pasado por un delito de lavado de activos, no tiene registrada una firma electrónica para autorizar el uso de "El Guardián" en una investigación criminal.

En los últimas semanas del seguimiento al narco capturado —el número dos de Los Cuinis, cartel especializado en el tráfico de metanfetaminas y cocaína a Europa y Asia—, De los Santos debió suplantar al titular de la causa, el juez especializado en Crimen Organizado Nelson Valetti, quien había solicitado una licencia por enfermedad.

Las escuchas telefónicas dispuestas por la jueza De los Santos fueron solicitadas y tramitas siguiendo el sistema tradicional: un oficio de la Policía al juez solicitando la interceptación de la línea; el pase del oficio para que lo viera el fiscal y luego el juez resuelve si se efectiviza o no tal medida.

"No hubo participación judicial en el uso de El Guardián en la investigación del reciente caso de lavado de activos. No hubo firma electrónica de ningún juez autorizando ese mecanismo tecnológico", señaló a El País una fuente del caso.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, dijo que el Poder Judicial solo puede controlar cuántas órdenes judiciales son emitidas para realizar escuchas y cuántas fueron cumplidas por la Policía.

Consultado sobre si debería existir un organismo externo que audite el uso de "El Guardián", el jerarca dijo a El País que, en algunos países, existen comisiones bicamerales parlamentarias o "la Defensoría del Pueblo" que hacen un seguimiento de esos mecanismos. "En un Estado de Derecho no puede haber ningún área de actividad estatal fuera de control y fuera de la ley", consideró.

El 29 de abril el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a Subrayado que "El Guardián" se había usado para la investigación del narco mexicano. "Oficialmente, para todos los casos, El Guardián será usado a partir del lunes que viene (2 de mayo). Ahí (el caso del narco mexicano) fue un uso puntual y nada más", explicó Bonomi.

Al otro día El País publicó una crónica sobre la investigación policial y el posterior arresto de González Valencia por parte de efectivos de la Brigada Antinarcóticos en un patio de un colegio de Carrasco.

Fuentes consultadas por El País reconocieron que las escuchas se hicieron a través del uso de "El Guardián", aunque indicaron que este sistema no fue clave en la investigación, ya que el narco se cuidaba de hacer llamadas con los celulares.

Hace un año, el 11 de marzo de 2015, Bonomi había dicho que si no hay una autorización del juez involucrado en la causa, la Policía no podrá intervenir teléfonos o correos electrónicos. "Yo les puedo asegurar que con El Guardián, si el juez no autoriza, no se puede escuchar. En las escuchas anteriores, si el juez no autoriza igual se podía escuchar", dijo Bonomi a Subrayado.

El 27 de abril, el fiscal de Corte, Jorge Díaz dijo: "Acá hubo toda una discusión a nivel público sobre las escuchas telefónicas, sobre El Guardián, etc., etc. Acá (por la captura del narco) hay un resultado útil de utilización de una herramienta para un caso de investigación criminal. Las escuchas permitieron determinar con precisión el accionar de este individuo en el Uruguay".

Consultado ayer por El País, Díaz dijo que no sabía qué sistema de interceptación se utilizó durante la investigación a González Valencia. "Lo que quise decir fue que las escuchas fueron claves para capturar a esa persona. Eso surge del pedido de procesamiento de la Fiscalía y del auto de procesamiento del juez", explicó.

Díaz indicó que sus declaraciones del 27 de abril pudieron haber generado errores de interpretación. "Yo no dispongo escuchas telefónicas. Eso lo deciden los jueces. No tengo investigaciones a mi cargo", expresó.

El presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Ricardo Míguez, afirmó que hace un mes todos los jueces recibieron una capacitación sobre el uso del sistema de escuchas telefónicas del Ministerio del Interior conocido como "El Guardián".

En ese momento, recordó, los jueces penales ordinarios tuvieron acceso a un sistema que les permite firmar en forma electrónica las solicitudes de la Policía para realizar intervenciones telefónicas.

De todas formas, el sistema aún no está efectivizado, según otros jueces consultados.

Míguez coincidió con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en que "El Guardián" brinda más garantías que el sistema tradicional de escuchas donde las jefaturas y otras dependencias hacían intervenciones de teléfonos. "Supongo que El Guardián brinda garantías. Estamos en un Estado de Derecho. Se da por descontado que estas se cumple", dijo Míguez. Agregó que "El Guardián tiene "ventajas" sobre el sistema tradicional: hay una mayor participación del fiscal en la solicitud de escuchas telefónicas y su tecnología permite investigar redes sociales.

PREGUNTAS SOBRE UN SISTEMA DE VIGILANCIA