Crimen Organizado congeló US$ 1,7: por sospecha de lavado.

Por sospechas de lavado de activos, el pasado viernes la jueza del Crimen Organizado, Adriana De los Santos, ordenó incautar la garantía por 1.750.000 dólares que a través de un tercero la empresa Full Play —implicada en los hechos de corrupción de la FIFA y Conmebol— había depositado en septiembre del año pasado para ampararse a una medida cautelar en la Justicia Civil y así evitar que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le rescindiera el contrato por los derechos de televisación de los partidos de la selección en la Eliminatoria para Rusia 2018.

Crimen Organizado ya había incautado el año pasado las dos cuotas de US$ 500.000 cada una que Full Play envió a la AUF para cumplir con parte del contrato.

En febrero pasado, un mes antes del partido entre Uruguay y Perú, Full Play debió enviar una tercera cuota pero no lo hizo. Ahora, con la garantía incautada —que en realidad fue depositada por la colombiana Cadena Caracol de Televisión SA a cuenta y orden de Full Play— la AUF entiende que ya no puede recurrir a ese monto para cobrarse eventuales daños y, en consecuencia, automáticamente debe caer la medida cautelar que la obligaba a no innovar.

"Consideramos que la AUF quedó con las manos libres para volver a negociar los derechos de televisación de los seis partidos que le quedan a Uruguay como locatario, ya que hasta el momento no ha recibido lo que le corresponde por los derechos. Necesitamos que se levante la cautelar lo antes posible y la AUF quede liberada", explicó a El País el abogado de la Asociación, Leonardo Costa.

La decisión de levantar la medida cautelar está en manos del Tribunal de Apelaciones de Primer Turno. En tanto, si ello ocurre, el eventual juicio por la rescisión del contrato se dirimirá en el Juzgado Civil de 20° Turno.

Los argumentos parecen estar ahora en favor de la AUF. Cuando en septiembre, ante el juez civil Guzmán López, la AUF explicó que el contrato debía caer porque todos los activos de Full Play estaban congelados y bajo sospecha de lavado de activos, este sostuvo que el argumento no era de recibo porque la inmovilización de fondos decretada por Crimen Organizado no impedía que un tercero pudiera cancelar las deudas de la empresa. Sin embargo, ahora que Crimen Organizado también actuó contra los fondos enviados por la Cadena Caracol Televisión SA para la garantía, se presume a nivel de la defensa de la AUF que perdió validez el razonamiento que sostenía la cautelar.

El secretario general de la AUF, Alejandro Balbi, dijo a El País que se necesita de una rápida resolución de la Justicia porque la Asociación ya no soporta tantos meses sin ingresos. "El otro día, en el partido de Uruguay contra Perú, vino la gente de Full Play, colocó la estática y transmitió. Lo mismo hizo la gente de Tenfield. Todos hicieron su negocio como si nada hubiera pasado en estos meses, todos menos la AUF, que desde que empezó la Eliminatoria no ha recibido un peso".

Hasta el momento los ingresos de la AUF se limitan a la venta de entradas y auspiciantes compartidos con Tenfield. "Esto hay que solucionarlo, hay deudas y nuevas competencias a afrontar", agregó Balbi.

La AUF mantiene deudas con el cuerpo técnico de la selección y en junio debe disputar la Copa América Centenario en Estados Unidos.

. Cuando en mayo del año pasado estalló el escándalo que involucró a las máximas jerarquías de la FIFA y terminó con el uruguayo Eugenio Figueredo extraditado y procesado, los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, propietarios de Full Play —empresa que tiene su sede en Uruguay— quedaron en el centro de la polémica al revelarse que se hacían de los derechos de televisación de torneos internacionales mediante el pago de suculentas coimas a los dirigentes.

Los Jinkis, padre e hijo, fueron imputados por la Justicia norteamericana y se entregaron un mes después de que estallara el escándalo. En la investigación en Uruguay a cargo de Crimen Organizado se ordenó inmediatamente congelar todos los activos de Full Play y sus socios.

La AUF había vendido a Full Play los derechos sobre los nueve partidos que Uruguay jugará de local en las Eliminatorias. A cambio, la empresa argentina se comprometió a pagar US$ 6.000.000 y cedía a la AUF los otros 81 partidos del clasificatorio su-damericano. La AUF vendió a Tenfield por US$ 12.000.000 esos 81 encuentros para transmitir en Uruguay.

A fines de agosto, la AUF resolvió rescindir de forma unilateral el contrato con Full Play. La empresa recurrió a la Justicia y, a cambio de depositar US$ 1.750.000 que ahora fueron congelados, logró mantener el contrato en pie.

Si cae la cautelar, la AUF puede venderle sus derechos a cualquier empresa, no obstante, dado que ya tiene un acuerdo con Tenfield por los restantes 81 partidos de la Eliminatoria que Full Play le cedió, es altamente probable que acuerde con Tenfield.

DERECHOSGONZALO TERRA