Población penitenciaria superó barrera de 10.000 internos.

Luego de que policías sindicalizados rechazaran ingresar de a dos en módulos a oscuras con 700 reclusos en el Comcar, el Ministerio del Interior ordenó a la Dirección Nacional de Inteligencia Policial que investigara si existe una connivencia política entre reclusos y un grupo de guardias.

En una rueda de prensa realizada ayer, el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez dijo: "Vamos a desarrollar un trabajo de investigación importante en la medida que pensamos que hay connivencia e intereses comunes entre personas privadas de libertad y quienes los cuidan". Enseguida agregó: "Esa es una cosa que la historia ha demostrado que es así. No estamos inventando nada nuevo sino que estamos profundizando los niveles de control".

Ayer el diario La República informó que Interior había ordenado una investigación ante la sospecha que los incidentes en los que murió un recluso y varios resultaran heridos, se orquestaron para desestabilizar la situación carcelaria.

Fuentes ministeriales indicaron a El País que una asesora del Ministerio del Interior en materia carcelaria, sostiene la tesis de que el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) es el que fomenta que los policías soliciten más apoyo a la hora de ingresar a los módulos del Comcar para buscar un preso que, por ejemplo, necesita atención médica. En este momento, hay tres o cuatro policías por módulo. En algunas ocasiones solo dos, y si uno de ellos acompaña a un preso a enfermería, queda solo uno alerta en el edificio. Ante el mínimo problema, huye del lugar.

Los policías penitenciarios agremiados o con mayor experiencia reclaman que haya por lo menos siete policías por cada módulo para poder operar con seguridad.

Las fuentes indicaron que el SUPU tiene fuerza dentro del Penal de Libertad, Comcar y otras cárceles del país.

El 12 de enero de este año, el presidente y el secretario general de ese sindicato, Roberto Cardozo, y Luis Clavijo, enviaron una carta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, donde aludían a un informe de la Inspección General de Trabajo sobre las malas condiciones de trabajo de los policías en el Comcar.

"(Hubo) una seguidilla de policías que resultaron heridos en distintas circunstancias, con una clara violación de derechos en cuanto a la seguridad en el trabajo de los guardias y condiciones ambientales de trabajo, que ponen en riesgo de vida al personal policial. Para nosotros el informe es muy grave", sostiene la misiva a la que tuvo acceso El País.

La carta advierte a Bonomi que si algo ocurre en las cárceles y policías e internos resultan heridos o con invalidez, "existiría sin duda una responsabilidad de las autoridades del Ministerio del Interior a las cuales les planteamos correctamente la situación".

Según el gremio, existe el antecedente de que el sindicato solicitó una inspección del Ministerio de Trabajo en la cárcel de Rocha y luego 12 personas fallecieron en un incendio. "El informe de la Inspección de Trabajo daba plazo (a la cárcel de Rocha) a reparar cosas urgentes e informe de Bomberos; nunca se cumplieron y al día de hoy no existen responsabilidades", expresa el gremio.

El 10 de febrero de este año, el Sindicato Único de Policías del Uruguay también envió las conclusiones de la Inspección de Trabajo a la Suprema Corte de Justicia sobre las condiciones laborales de los policías en el Comcar. El documento concluye: "La imposibilidad de contar con un descanso reparador, de poder desarrollar actividades de recreación y esparcimiento; la imposibilidad de mantener y desarrollar vínculos personales con la familia, parejas, amigos, vecinas y la sociedad de origen o de vecindad; la falta de autoestima que se genera, y la falta de valoración y motivación positivas en el buen desarrollo de la tarea, generan una serie de perjuicios para la salud de los trabajadores, que provienen de los factores de riesgo presentes en el trabajo y que son producto de esta actividad".

El 30 de mayo de 2013, el entonces comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, informó, en su reporte sobre 2012, que Uruguay había alcanzado la barrera de los 10.000 reclusos, una tasa de prisión de las más altas de América Latina. En los últimos tres años, la población del Instituto Nacional de Rehabilitación osciló entre 9.800 y 10.200. En enero de este año, la población carcelaria era de 10.000 internos. Actualmente, la cantidad de presos superó dicha barrera: hay 10.450 internos.

Según fuentes carcelarias, los incidentes de las últimas dos semanas con muertos y heridos prueban que en el sistema existen varias "bombas de tiempo". Una de ellas se encuentra en los módulos 8, 10 y 11 del Comcar, penal que alberga a 3.400 presos.

También está a punto de estallar el Módulo XII del Penal de Libertad donde se encuentran alojados presos de alta peligrosidad. La cárcel de Canelones también mostró "regresión" en los últimos meses. "Algunos penales no explotan porque están autogobernados por los presos", señalaron las fuentes.

El viernes 9, el fiscal penal Gustavo Zubía solicitó al juez de 15° Turno, Ricardo Míguez, que se abra un expediente para investigar la situación crítica que hoy tienen tres módulos del Comcar. En la sede trascendió que Zubía pretende citar a declarar por la crisis carcelaria al director de Policía, Mario Layera, y al comando del Instituto de Rehabilitación. El diputado blanco Pablo Abdala, promovió la citación de la Comisión de Seguimiento Carcelario por las tres muertes ocurridas en dos semanas en Comcar, Las Rosas y en la ex Cárcel Central.

SITUACIÓN CARCELARIAEDUARDO BARRENECHE