La Asociación de Actuarios Judiciales decidió ayer realizar un paro total de actividades, sin concurrir a las oficinas del Poder Judicial ni guardia gremial.

El paro se llevará adelante hoy y mañana y luego se evaluará extenderlo.

La decisión fue tomada ayer por la asamblea general de actuarios, que decidió profundizar las medidas que llevan adelante desde noviembre por un reclamo de aumento salarial del 26%.

El jueves, en principio, no se realizará un paro general pero sí se mantendrán las medidas de protesta decididas por asamblea: no firmar ni citaciones ni notificaciones.

Esto agravará también el retraso que existe hoy en el trámite de expedientes y que es denunciado por el Colegio de Abogados y distintas organizaciones.

Según dijo a El País el sindicalista Diego Pardo, el gremio ya se comunicó con la Suprema Corte de Justicia para aclarar el tema del descuento del 25% de los salarios por la realización de "paros distorsivos".

Según Pardo, que dijo no haber recibido ninguna notificación oficial, el descuento del 25% no puede ser el planteado. A su entender, no se debe tener en cuenta los días no trabajados durante la Feria Judicial Mayor ni tampoco el mes de noviembre completo, ya que las medidas se tomaron desde mitad de mes.

Pardo explicó que el descuento del 25% del salario se realizará contabilizando los meses de noviembre a marzo y se hará en cuotas. Resta definir el mecanismo.

Según critica el presidente del Colegio de Abogados, Eugenio Xavier de Mello, el problema se genera con la utilización del criterio del actuario como variable para decidir qué trámite se firma.

En asamblea, la Asociación de Actuarios definió medidas que, a su criterio, son muy precisas.

No se realizan ni notificaciones ni citaciones, lo que frena todas las audiencias judiciales. En los juicios en los que el Estado tiene algún interés no se hace ninguna actuación. En los casos de Aduanas se tramitan ocho expedientes por día y en los de la Central de Notificaciones de Montevideo se procesan 150 diarios.

El reclamo de los funcionarios surgió porque la ley de Presupuesto dispuso un aumento del 26% a los ministros de Estado, el que también incluía a los jueces, actuarios y defensores de oficio, "enganchados".

Sin guardia gremial