A LA SUPREMA CORTE

Plantearán la inconstitucionalidad; se decidirá en asamblea en octubre.

Concretada la aprobación del artículo 15 de la Rendición de Cuentas que habilita la posibilidad de postergar el pago por parte del Estado de las sentencias judiciales en su contra, la Asociación de Funcionarios Judiciales que tiene un reclamo de larga data que a esta altura llega a US$ 70 millones, se apresta a realizar una acción de inconstitucionalidad contra la norma.

Ayer el Comité Ejecutivo del sindicato recibió un informe legal de sus asesores que enfatiza la inconstitucionalidad del ar-tículo. El comité propondrá a la asamblea del sindicato que se realizará en los primeros días de octubre, llevar adelante la acción de inconstitucionalidad, adelantó a El País el nuevo secretario general del gremio, Richard Ascurrein. La asamblea seguramente aprobará llevar adelante la acción. El sindicato ya tiene una sentencia judicial a su favor.

El reclamo de los judiciales es de larga data. Se origina en la aprobación en 2010 de un "enganche" entre los incrementos salariales de los funcionarios, los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los ministros de Estado. Ascurrein se quejó de que "sigue la incertidumbre y queda supeditada a la voluntad de un poder del Estado el cumplimiento de una sentencia". "Eso es lo más grave, no solo por nuestro conflicto actual sino por lo que implica ante cualquier situación de reclamo al Estado. Esto afecta a cualquier funcionario o a cualquier persona que tenga un reclamo contra el Estado", dijo.

"Notamos una intención de no cumplir con los funcionarios judiciales que nos encontramos sin incremento del salario real desde 2011 siempre con la promesa de que "si ustedes ganan el juicio van a tener el incremento". Salió la sentencia y siguen sucediéndose artículos y normas que impiden que se cumpla con la misma", agregó.

El sindicato emitió un comunicado ayer en el que señaló que sigue en conflicto y responsabiliza al Poder Ejecutivo ante su eventual agravamiento.

El artículo cuestionado determina que "el Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o inversiones sin que exista crédito disponible, cuando se trate de cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales, o situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República".

Sin embargo, agrega que "no obstante, cuando los montos a que refiera la condena sean sentencias laborales, civiles o de cualquier otra naturale- za, transacción homologada o laudo arbitral, excedan de 75.000.000 unidades indexadas, el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de la facultad establecida precedentemente o proponer las previsiones correspondientes en la próxima instancia presupuestal, a fin de atender el pago de las erogaciones resultantes. Una vez aprobado el Presupuesto o la Rendición de Cuentas en su caso, con las previsiones referidas, la cancelación del crédito se realizará dentro del ejercicio siguiente", especifica.

Los asesores del sindicato elaboraron un informe en el que señalan que "lo cierto es que el Poder Ejecutivo se arroga la facultad de cumplir con las sentencias de condena en su contra mediante un mecanismo que perjudica al acreedor laboral, violentando los más elementales principios constitucionales".

"Una vez propuesto el crédito por el Poder Ejecutivo, este debe ser aprobado en el Presupuesto o la Rendición de Cuentas en su caso, con las previsiones referidas, de tal forma que la cancelación del crédito se realice dentro del ejercicio siguiente. Es decir, que aún cumpliendo y haciendo uso de la facultad establecida en el inciso segundo, el PE deberá esperar la aprobación parlamentaria del crédito para poder cumplirlo", explican los asesores Roberto Rinaldi y Fernando Abdala. Si bien consideran que el artículo 15 representa una mejora respecto al derogado 733 de la ley 19.355 igualmente entienden que la disposición de la Rendición de Cuentas tiene "una evidente inconstitucionalidad".

El artículo 15 quedó firme porque el oficialismo logró el apoyo del diputado colorado Fernando Amado. El resto de la oposición lo rechazó por considerarlo inconstitucional.

Ascurrein dijo que la situación afecta a trabajadores con salarios sumergidos y que si se les pagase el salario de la manera que el sindicato entiende que sería la correcta, corresponderían $ 2.500 a cada uno de los 3.600 involucrados. Con respecto a la deuda de US$ 70 millones, dijo Ascurrein, "siempre estuvimos abiertos al diálogo para negociar la forma de pago". "Ellos reiteran que la voluntad de pago existe pero los años pasan. Llevamos casi siete años con este problema y lo que ha habido son normas que han llevado el tema hacia adelante", acusó el sindicalista. En la asamblea también se analizarán otras medidas de protesta y no se descarta ninguna, señaló.

Por otro lado, dos grupos de funcionarios (unos 1.800 de ellos con patrocinio del sindicato) presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El artículo de la Rendición de Cuentas ha sido cuestionado por muchos expertos. Por ejemplo, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, consideró que "es inconstitucional de acá a la China".

En febrero pasado la asamblea de trabajadores judiciales rechazó una oferta de pago parcial que le había hecho el gobierno. A comienzos de año la deuda rondaba los US$ 40 millones. El propio presidente Tabaré Vázquez exhortó al sindicato a aceptar la propuesta de pago. El gobierno ya llegó a acuerdos con los fiscales, defensores de oficios y jueces y les pagó las deudas vinculadas con el "enganche".

El 15 de marzo la dirigencia del gremio judicial se reunió con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, a quien le planteó la posibilidad de que el gobierno accediera a la actualización salarial del 21,6% que reclaman los trabajadores, y a que la deuda generada en los años que lleva el reclamo fuera negociada en una instancia posterior. Murro adujo en ese momento que la oferta rechazada por el sindicato implicaba el pago de US$ 100 millones durante tres años a 5.000 funcionarios. "Es mucha plata en cualquier parte del mundo. La propuesta era muy seria", dijo entonces Murro.

El gobierno había ofrecido una actualización de 15,76% retroactiva a diciembre de 2012.

En una charla hace algunas semanas con militantes frenteamplistas el diputado del sector oficialista Liga Federal, Sergio Mier, reconoció que si el gobierno pagaba lo que adeuda a los judiciales se complicaba el cumplimiento de objetivos presupuestarios previstos para el año próximo. El déficit fiscal se ubica hoy en 3,6% del Producto Interno Bruto y el margen de maniobra del gobierno es bastante limitado.

En febrero de 2016 una sentencia judicial estableció que los salarios de los judiciales debían adecuarse en un 21,6% a futuro, pero la sentencia jamás se cumplió y, con el artículo 15, el gobierno obtuvo una forma de posponer el cumplimiento por ahora. En un momento el gobierno ofreció pagar el 70% de la deuda pero 1.543 judiciales votaron en contra de la propuesta en febrero.