Los “cuadernos de las coimas” y Uruguay

Fiscal argentino solicita que Uruguay suspenda el remate del El Entrevero.

Después que termine a fines de este mes la indagatoria del juez argentino Claudio Bonadío sobre "los cuadernos de las coimas", el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, enviará un exhorto al magistrado solicitando las declaraciones de los empresarios argentinos que testificaron en calidad de arrepentidos.

Uno de ellos, el financista K, Ernesto Clarens, reconoció ante la Justicia Argentina que recibió alrededor de US$ 200 millones de coimas a cambio de concesiones de obras públicas. Y señaló que una parte de ese dinero fue trasladado a Uruguay.

La prensa argentina señaló que Clarens, propietario de una empresa de taxi aéreo, realizó 60 viajes en un barco desde Buenos Aires hasta Puerto Camacho, un country ubicado a 17 kilómetros de Carmelo.

El 23 de agosto de este año, consultado por El País, Pacheco señaló que, al publicarse los "cuadernos de las coimas" escritos por Óscar Centeno, el chofer de un jerarca K, se reiniciarían las indagatorias sobre el caso en Uruguay.

Al conocerse la existencia de los cuadernos, Pacheco señaló que iba a volver a analizar el expediente de la Ruta del Dine- ro K que se encontraba en su fiscalía y cotejar esas actuaciones con los nuevos datos surgidos en el vecino país

Pacheco consideró que, a fines de este mes, podría estar en condiciones de definir qué información pedirá a Argentina

Una de las líneas de investigación que podría abordar Pacheco son las sociedades anónimas utilizadas por testaferros K para lavar dinero en Uruguay mediante la compra de inmuebles. Una de las propiedades adquiridas por testaferros kirchneristas es el campo "El Entrevero" y por lo menos ocho terrenos ubicados en el departamento de Maldonado.

La sociedad que adquirió El Entrevero se llama Jumey S.A. Su titular es Daniel Pérez Gadín, el contador y testaferro de Lázaro Báez, constructor muy cercano a Néstor Kirchner.

Parte del campo El Entrevero será rematado a las 14:30 horas del próximo 2 de octubre en Uruguay 826, según resolvió la Justicia Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 18° Turno.

El País adelantó que se trata de un juicio ejecutivo que ganó la Dirección General Impositiva (DGI) contra Jumey S.A. La propiedad de Jumey S.A. consta de dos padrones: uno se ubica al norte de la Ruta 10 y otro al sur, que limita contra el Océano Atlántico. El rematador, Pablo Fattorini, dirigirá la subasta del campo. En su página web, Fattorini publicó: "Excelente fracción sobre el Océano, a seis minutos de José Ignacio. 7 hectáreas con mejoras. Padrón 26.632, kilómetro 171.5 de la Ruta 10 frente a la Estancia El Entrevero".

El otro padrón, que no se remata está al norte de la Ruta 10, es el 26630. Ambos padrones fueron adquiridos por Jumey S.A. por US$ 14 millones. Se estima que vale US$ 4 millones.

Ayer, el portal de noticias argentino Infobae consignó que el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió al juez Sebastián Casanello insistir en un nuevo exhorto a Uruguay para evitar el remate del "El Entrevero", pero la Justicia uruguaya aún no recibió ninguna comunicación en ese sentido.

En 2013, la diputada bonaerense Graciela Ocaña dijo a El País que los K utilizaron muchas sociedades anónimas para ocultar dinero de coimas.

Pacheco dijo: "En su momento (la denuncia es de 2013) no se probó nada. Ahora con los nuevos datos (surgidos por los cuadernos de las coimas en Argentina) se va a reactivar la investigación" en Uruguay.

El 28 de agosto de este año, el director Nacional de Aduanas, Enrique Canon, admitió en rueda de prensa que "la frontera es permeable" y "que no se puede controlar al 100% lo que entra al país ni en cuanto a las personas ni la mercadería ni las embarcaciones".

Sobre la situación de lugares como Puerto Camacho en Carmelo, Canon dijo que en Uruguay hay una docena de puertos deportivos en el país.

Según dirigentes del sindicato aduanero, no hay puestos de aduanas en Colonia, Riachuelo, Boca de Rosario, Boca de Cufré, Santiago Vázquez, Puerto Buena Vista, Puerto Camacho, Palmar, Nuevo Berlín, Mercedes, Villa Soriano, Buceo y Laguna Merín. En esos lugares, la Aduana concurre a inspeccionar bolsos y cargas a requerimiento de la Prefectura.

El secretario general del gremio aduanero, Basilio Pintos, dijo a El País que ello es "una omisión" de Aduanas. Y propuso que "se deben poner cámaras en puertos y helipuertos donde no hay aduanas. Estas deben ser controladas por funcionarios. El Ministerio del Interior pone cámaras y no un policía por cuadra".

El ministro de Defensa Jorge Menéndez comparecerá el martes 18 al Parlamento convocado por los diputados nacionalistas Juan José Olaizola y Graciela Bianchi. El propósito del llamado es consultarlo sobre los controles fronterizos y los vuelos procedentes de Argentina con relación al tema del dinero K.

El Poder Ejecutivo aprobó un decreto, que ahora será complementado por una ley que está a estudio del Parlamento, por el cual se establece la participación de las Fuerzas Armadas en la zona no poblada de la frontera, con el fin de prevenir actos delictivos, como el robo de ganado, el tráfico de armamento, el contrabando a gran escala y otras acciones.

En mayo la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que da a los militares la potestades para cumplir tareas policiales en una franja que se extiende a 20 kilómetros de las fronteras del país, aunque excluye a los centros urbanos. El proyecto de ley está ahora a estudio del Senado pero trabado por diferencias en el Poder Ejecutivo.

La norma votada, de cinco artículos, habilita a los efectivos militares a detener "in fraganti" a personas que estén cometiendo delitos y a controlar vehículos. También podrán pedir la identificación a personas aún cuando no haya un procedimiento judicial en curso.

En relación con el ingreso del llamado dinero K, el ministro del Interior Eduardo Bonomi afirmó que cualquier persona que ingrese al país con más de US$ 10.000 en efectivo —así sean varios millones de dólares— no comete un delito, sino una falta, según la legislación vigente.

En el Parlamento esta semana se le consultó a Bonomi por el reiterado ingreso al país del financista K arrepentido ante la justicia argentina Ernesto Clarens, quien, para el registro oficial entró 94 veces al país entre 2013 y 2017. Según los datos oficiales, Clarens ingresó al país en 19 ocasiones solo en 2013.