CAUSA POR DELITOS SEXUALES

La fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera pidió una extensión del plazo para la investigación de la llamada Operación Océano, lo cual le permitiría seguir trabajando por un año más. Lo hizo antes del mes de mayo, cuando es la fecha límite para la presentación de la acusación.

El lunes 12, la jueza de garantías Beatriz Larrieu le respondió a la fiscal que, dada la emergencia sanitaria por COVID-19 que vive el país, entendía que la realización de una audiencia donde podrían participar unas 100 personas era un riesgo para la salud de todos los asistentes.

En el documento, al que tuvo acceso El País, Larrieu dijo que, dado que el nuevo Código de Proceso Penal (CPP) no prevé la realización obligatoria de una audiencia oral para extender el plazo de una investigación, el tema por ende se dilucidará por escrito.

Larrieu también pidió a la fiscal Viera que fundamente por escrito su solicitud de prórroga de la investigación. Luego, el texto será enviado a los abogados defensores de los 31 imputados y de las 20 víctimas para que se expidan sobre el mismo. Cuando tenga los puntos de vista de las tres partes, la jueza fallará si concede o no la extensión de la investigación.

Ayer, en una conferencia de prensa, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se refirió a la prorroga de la investigación pedida por Viera señalando que, al no haberse diligenciado la prueba -la declaración de la principal víctima del caso-, la fiscal no pudo presentar la acusación contra los 31 procesados.

Según informó El País ayer, una investigación interna, realizada por la Dirección de Crimen Organizado e Interpol, constató que cuando se pasó la información de la carpeta investigativa de la Fiscalía a discos portátiles de defensores, un policía eliminó intencionalmente archivos. Por ello, el director de Interpol, Juan Rodríguez, presentó una denuncia penal.

El vicepresidente de la Asociación de Penalistas del Uruguay y defensor de un imputado, Eduardo Sasson, dijo que la denuncia de Interpol ratifica los cuestionamientos de las defensas sobre la “falta de integridad” de las evidencias usadas en el caso por la fiscal Viera.

“Ahora bien, el faltante o no de determinados archivos, no configura el quid del asunto, sino que se vislumbra algo de mayor gravedad: el incorrecto manejo de la cadena de custodia en relación a la evidencia digital”, afirmó Sasson a El País.

¿Qué es la cadena de custodia de pruebas digitales?

Es una certificación de que todos los traspasos de evidencias desde su hallazgo en adelante se encuentran registrados y que quienes la posean no deterioren -de forma intencional o imprudente- su integridad, manteniendo los protocolos establecidos para ello.

Las reglas básicas para garantizar tal integridad de las pruebas digitales son dos: no encender el aparato electrónico (celular, táblet o computadora) y efectuar inmediatamente después de su hallazgo o incautación lo que en la jerga informática se denomina “código hash”.

Se trata de un código automático que genera un software que certifica el contenido que posee el dispositivo analizado. Esto de forma tal que, si ese código varía en algún momento, revela una alteración de la evidencia.

“Esto (código hash), en vez de efectuarse en el momento de la incautación (del celular de la víctima) por parte de la Policía, en la Operación Océano se hizo diez meses después. La consecuencia es que durante esos 10 meses nadie tiene certeza de lo que pudo haber pasado con ese celular”, dijo Sasson. Y reiteró que no es una cuestión de haberse borrado o no un archivo como pretende destacar la Fiscalía, sino que la situación es “aún más grave”.

Según Sasson, lo denunciado por Interpol ante Fiscalía ratifica la “ruptura” de la cadena de custodia y a ello se suma “el incumplimiento” de los protocolos de cuidados de las evidencias digitales como audios, videos y chats, lo que “invalida totalmente” la evidencia. Es decir, concluyó Sasson, esa prueba no podrá ser usada en un juicio.