La Justicia especializada en Crimen Organizado investiga lo que se considera "la mayor estafa de la historia del país". Se trata de una maniobra de carácter delictivo, en gran escala, por un monto de US$ 42 millones que involucra, entre otros, a aduaneros paraguayos, comercios uruguayos y dos ciudadanos europeos.

"Es una investigación reservada. No puedo dar más detalles. La denuncia la realizó una compañía de tarjeta de crédito internacional", dijo a El País el juez especializado en Crimen Organizado Néstor Valetti.

El punto de partida que facilitó la maniobra proviene de un error informático en el software de la compañía First Data, una multinacional que procesa los pagos entre comercios y usuarios de tarjetas de crédito y débito, y que computaba las compras en dólares como si fueran en pesos uruguayos, informó una fuente de la investigación.

Ese fallo afectó exclusivamente a tarjetas de débito Maestro emitidas en Paraguay.

Los aduaneros paraguayos, conocedores de ese error informático, viajaban a Uruguay a efectuar compras millonarias: joyas, paquetes turísticos, celulares de alta gama, televisores o computadoras, y regresaban a sus países con los productos adquiridos. En algunas ocasiones, vendían los productos informáticos en Argentina, depositaban el dinero en sus cuentas bancarias y, de ese modo, tenían más fondos para continuar la operativa.

La investigación surgió meses atrás, a partir de una declaración realizada por un delincuente en el juzgado de 2° Turno, Pedro Salazar, en el marco de una investigación por contrabando de celulares.

Ese testimonio pasó al juzgado de Crimen Organizado a cargo de Valetti.

A ella se agregó una demanda, presentada por la compañía procesadora de pagos, por la presunta existencia de una operación de envergadura con las mencionadas tarjetas de débito.

Las investigaciones apuntan a probar que, detrás de estas compras masivas, habría por los menos dos grupos organizados que actuaban en varios comercios principales de Uruguay.

Lo que en un principio era un secreto de unos pocos abusadores, se terminó masificando mediante el "boca a boca".

Según los datos del expediente que obran en conocimiento de El País, a principios de 2014 la empresa comenzó a detectar la operativa al incrementarse el número de estafadores. Se comprobó que las "compras sospechosas" eran, por lo general, obra de ciudadanos paraguayos, quienes no reparaban en adquirir, por decenas, relojes o alhajas en joyerías, o productos de alta tecnología como televisores de plasma y celulares de última generación.

Se llegaron a comprar incluso motos de agua y hasta un apartamento mediante esa modalidad.

La demanda penal presume que al menos algunos de los comercios que aceptaron realizar transacciones que podían ser de carácter sospechoso, son también responsables de haber contribuido a esa estafa.

Los pagos de esas compras, de importes voluminosos, debían ser fraccionados en varias operaciones, para no superar los topes permitidos por las tarjetas. Pero, de acuerdo con las cláusulas del contrato que firman los comercios con la administradora de la tarjeta, esa práctica de pagos fraccionados está expresamente prohibida ("Principios comunes del Reglamento de Comerciantes"). Además, ese contrato también establece que "si el establecimiento tuviera alguna sospecha con respecto a una transacción, deberá indicar al centro de autorizaciones que se trata de una transacción "código 10", y aguardar instrucciones". Esta obligación, según la denuncia de First Data, no se cumplió.

Por ejemplo, ciudadanos guaraníes concurrieron en una oportunidad a una joyería y compraron 10 relojes marca Rolex. Para ello, solicitaron al vendedor que efectuara decenas de pasadas de la tarjeta por la máquina. En cada emisión de un cupón, se efectivizaba una compra en dólares por 1.000 dólares. Sin embargo, a la cuenta del titular de la tarjeta se le descontaba 1.000 pesos.

"Estaban dos horas comprando en la joyería y al dueño eso no le llamaba la atención", dijo una fuente judicial a El País.

Otro grupo de paraguayos concurrió a una agencia de viajes y compró, por adelantado, paquetes turísticos y pasajes de avión para amigos y familiares por US$ 80.000. Los pagos también se efectuaron utilizando la tarjeta de débito en forma fraccionada.

La impunidad con que se manejaban los aduaneros paraguayos, los dos ciudadanos europeos —uno francés, y otro de origen holandés— llegó a su punto máximo cuando uno de los individuos compró un lujoso apartamento en el pozo, pagando la entrega y sucesivas cuotas con una tarjeta de débito.

El desarrollador inmobiliario, quien había actuado de buena fe, terminó cancelando el compromiso de compraventa y devolviendo el dinero recibido.

En ocasiones, los comerciantes concretaban las ventas a través de las tarjetas aunque no contaban con stock en sus depósitos.

Dos empresarios, al ver el filón, llegaron a armar empresas fantasmas para poder participar de esas transacciones. Al enterarse que habían sido denunciados ante la Justicia Penal, disolvieron las empresas.

Según fuentes del caso, estos comerciantes también podrían incurrir en un delito de estafa.

En otros casos, los propietarios de los establecimientos se negaron a concretar las operaciones. Uno de ellos sospechó que había algo extraño cuando un ciudadano paraguayo pretendía comprar 48 televisores de 58 pulgadas, según señalaron a El País fuentes judiciales.

El pasado viernes 9 de mayo, el juez Valetti y el fiscal Gilberto Rodríguez procesaron con prisión al ciudadano holandés, que reside en Montevideo y a un aduanero paraguayo que se encontraba en nuestro país.

Al holandés, el magistrado le imputó un delito continuado de estafa y lavado de dinero por compras millonarias que no habían sido declaradas ante el Banco Central del Uruguay.

Fuentes de la investigación indicaron a El País que el procesado se construyó una casa en Pan de Azúcar, Maldonado, utilizando la tarjeta de débito para la compra de materiales, y pagó a un albañil con dinero y herramientas adquiridas con el plástico.

Varios comercios de plaza están en conversaciones, y otros ya han llegado a acuerdos, para cubrir el daño y evitar una millonaria reclamación civil.

Sin embargo, el expediente continúa en la esfera penal y la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol solicitará capturas internacionales de ciudadanos extranjeros involucrados en la grandiosa estafa.

La jueza de Lavalleja, Patricia Rodríguez indagará a un hacker brasileño que se encontraba preso en la cárcel de Campanero por intentar efectuar estafas en su país utilizando un celular de alta gama. El individuo fue derivado al Penal de Libertad.

Fuentes judiciales indicaron a El País que el caso, que es investigado por Policía Científica y el Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario (DIAP), podría abarcar a múltiples empresas brasileñas. El hacker norteño estafó a multinacionales al clonar tarjetas corporativas que utilizaban ejecutivos para viajar por el exterior. De esa forma, el joven brasileño llevó durante años una vida lujosa, ya que copiaba bandas magnéticas y las contraseñas de tarjetas de ejecutivos gracias a cómplices que trabajaban en hoteles y restaurantes de categoría internacional.

Mediante esta modalidad, el "pirata" informático efectuó decenas de estafas y retiros de dinero, lo que le permitió viajar por varios países de Europa, Estados Unidos y Asia.

Según estimó la Policía Federal de Brasil, este individuo clonó tarjetas y generó perjuicios por más de US$ 4 millones.

La maniobra, en varios comercios, generó perjuicios por US$ 42 millonesEDUARDO BARRENECHE / JOSÉ L. AGUIAR