LA REFORMA DE LA CAJA MILITAR

Propone subir las edades de retiro obligatorio y bajar las tasas de reemplazo.

El senador blanco Jorge Larrañaga envió una minuta a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, que ya analiza un proyecto de reforma del Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas ("Caja Militar"), para que se trate una iniciativa de su autoría que presenta algunas diferencias respecto a la que impulsa el oficialismo.

En la minuta, Larrañaga plantea que su alternativa ampara ciertos derechos adquiridos que él entiende que serían vulnerados por el proyecto a consideración del Parlamento y a su vez protege al Estado frente a eventuales accionamientos judiciales.

El senador plantea la existencia de dos regímenes distintos y para quienes ingresen a las Fuerzas Armadas plantea varios cambios. Por un lado, elimina el retiro con el grado inmediato superior y deja de considerar para el mismo los años cursados en el Liceo Militar y en el Preparatorio Naval. A su vez, incrementa las edades para el retiro obligatorio para extender la carrera militar y se proponen normas para evitar o disminuir el número de pases a retiro voluntario. Estos se asimilarían al régimen general y se requeriría para ellos contar con 60 años de edad y 30 años de servicios bonificados.

A su vez, se bajan significativamente las tasas de reemplazo (como se denomina al porcentaje con respecto al salario que representa la jubilación). El senador blanco propone que en ningún caso esa tasa supere el 85% del salario ni sea inferior al 50% cuando haya 30 años de servicios computados.

El proyecto prevé reducciones inmediatas de la asistencia financiera al servicio de retiros mediante incrementos ordinarios y extraordinarios de los aportes patronales, el vertido de fondos provenientes de los Recursos de Afectación Especial y otros tributos, lo que sumado a proyecciones demográficas que determinan un cambio progresivo de la relación activo/pasivo a favor del servicio redundarán en una reducción de las transferencias hacia la "Caja Militar" del orden de un 40% a 50% entre 2030 y 2035.

El proyecto, que tiene 64 artículos, pretende reducir el desequilibrio de las cuentas del servicio que el gobierno calcula en algo más de US$ 400 millones anuales. La administración del presidente Tabaré Vázquez le asigna prioridad al asunto.

En los considerandos de su proyecto, Larrañaga señala como motivo del desfinanciamiento que las reducciones periódicas de la fuerza efectiva del personal activo han hecho disminuir los aportes al servicio, haciendo que la relación activopasivo sea casi de uno a dos. Desde el año 1985 hasta ahora, esta reducción fue superior al 30%. También menciona el profundo deterioro de los salarios militares. Como ejemplo cita que los integrantes de las Fuerzas Armadas ganan un 40% menos en promedio que el personal del Ministerio del Interior y que esto incide sensiblemente en los aportes al sistema.

"El desfasaje de los ajustes de las pasividades militares en relación a los salarios en acti-vidad (las pasividades aumentan por Índice Medio de Salarios y los sueldos de los activos, aumentan por Índice de Precios al Consumo) provoca que la incidencia de los aportes de los activos sea cada vez menor en relación al monto del total de las prestaciones servidas", advierte Larrañaga.

Para el senador blanco hay "inequidad" en cuanto a las tasas de aportación (aporte patronal). "Ha existido un tratamiento desigual por parte del Estado del personal en actividad amparado por el servicio (la tasa de aportación estatal es del 15%), en relación al resto de los empleados públicos amparados por otros sistemas (tasas de aportación: al Banco de Previsión Social y a la Caja Policial, 19,5% y a la Caja Bancaria, 25,25%)", apunta el legislador.

Por este motivo, Larrañaga propone que la tasa de aportación patronal se eleve del 15% al 19,5%, para que sea coherente con la vigente para el resto de la Administración Central y que la de los aportes personales de los funcionarios activos se suba de 13% a 15%. Y se propone un aumento nominal de remuneraciones sujetas a montepío, en el porcentaje que sea necesario para que las remuneraciones líquidas no se vean disminuidas por la suba de los aportes.