Son dos corredores de bolsa y dos abogados acusados de participar en maniobras de lavado de dinero.

El fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó a la jueza especializada María Helena Mainard la citación de cuatro profesionales acusados de integrar la red de corrupción originada en Brasil conocida como "Lava Jato".

Las convocatorias serán para dos abogados y dos corredores de bolsa uruguayos sospechosos de haber participado en maniobras de lavado de dinero de coimas pagadas por Petrobras para facilitar contratos. El caso es conocido en Brasil como "Lava Jato" (Lavado a presión de autos) porque una investigación de la Policía Federal constató que políticos y directivos de Petrobras utilizaban una red de lavaderos de autos y estaciones de servicio para "blanquear" dinero de coimas.

En Uruguay la investigación se desarrolló por un reporte de un caso sospechoso de lavado de activos hecho por un abogado al Banco Central del Uruguay (BCU).

El profesional, al ver su nombre reflejado en la prensa brasileña a principios de 2015, concurrió a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU y brindó información sobre la compraventa de un apartamento de lujo realizada por el exdirector del Área Internacional de Petrobras, Néstor Cerveró.

En abril de 2009, utilizando la sociedad anónima Jolmey, creada en 2007 y presidida por el abogado uruguayo, Cerveró adquirió un apartamento por US$ 689.000 en Río de Janeiro. El inmueble fue luego remodelado por otros US$ 700.000.

Con los datos aportados por el profesional uruguayo, la UIAF comenzó a investigar. Poco después, sugirió a las autoridades del Banco Central que ameritaba la presentación de una denuncia penal.

Otro abogado y dos agentes de bolsa también son investigados por la Justicia Especializada en Crimen Organizado por triangulaciones de dinero hechas en Uruguay a través de sociedades anónimas.

La jueza Mainard y el fiscal Pacheco también investigan si políticos y empresarios brasileños adquirieron bienes en Uruguay de "coimas" pagadas por Petrobras.

Al igual que el abogado, los otros tres acusados presentaron reportes sospechosos de lavado de dinero ante el Banco Central al ver sus nombres manejados por la prensa brasileña.

"La Justicia deberá dilucidar si el reporte tardío es un delito o no", dijo a El País una fuente del caso.

La denuncia contra el exjerarca de la Petrobras que fue presentada por la Fiscalía brasileña a la Justicia de la ciudad de Curitiba en febrero del año pasado, indica que el apartamento de lujo hoy vale 7,5 millones de reales (US$ 2,1 millones) y pertenecía desde el comienzo a Cerveró.

Según el Ministerio Público, el objetivo de la maniobra era simular un contrato de arrendamiento del inmueble como forma de ocultar la propiedad real del bien y así evitar que Cerveró fuera investigado por enriquecimiento sin causa y corrupción. El 26 de abril de 2015, el juez federal de Brasil, Sérgio Moro, condenó a cinco años de prisión a Cerveró por el delito de lavado de dinero.

Cuatro exhortos envió en 2015 la Justicia brasileña a la Justicia Especializada en Crimen Organizado, con el objetivo de conocer maniobras de dinero por parte de brasileños.

En uno de los exhortos, se solicitó la declaración del abogado uruguayo, titular de Jolmey, que adquirió el apartamento de lujo en Río de Janeiro que pertenecía al alto directivo de Petrobras.

En su escrito, el abogado señaló que no le llamó la atención el patrimonio de su cliente norteño ya que este demostró que ganaba US$ 100.000 por mes más bonos. "Mi actuación fue conforme a Derecho. No existía sospecha de actividad ilícita. Por el contrario, se verificó que los fondos para hacer frente a la compraventa del apartamento habían sido declarados al fisco brasileño", señala el escrito.

El "Lava Jato" es calificado por operadores brasileños como la mayor operación contra la corrupción en América. Afecta directamente a, al menos, seis países de América Latina y el Caribe.

Debido a las denuncias, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bandes), suspendió el desembolso de US$ 3,6 mil millones para 16 proyectos de infraestructura en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala. Los proyectos suman un total de US$ 5,7 mil millones.

Los 13 años del Partido de los Trabajadores en el gobierno brasileño se cerraron en agosto pasado, con la destitución de la presidente Dilma Rousseff. Los principales líderes del partido están bajo investigación, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, responsable de la política de acercamiento con América Latina y África.

Siete países de América Latina y el Caribe ya han presentado solicitud al Departamento de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República de Brasil (PGR) para recibir los documentos y la información recogidos por la Operación "Lava Jato": Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay. En total, se han recibido 28 solicitudes de colaboración de 18 países. En Argentina, las sospechas recaen sobre ministros de la expresidente Cristina Kirchner.

Los países más afectados por la red de corrupción Lava Jato son también los que recibieron más recursos del Bandes en los últimos tiempos. El mayor beneficiario, Venezuela, tendrá que renegociar cinco grandes proyectos, entre ellos la ampliación del metro de Caracas, cuyas obras recibieron US$ 1,28 mil millones de dólares del Banco de Desarrollo de Brasil, y el astillero Astialba destinado a la fabricación de los navíos petroleros de Pdvsa, la petrolera estatal venezolana. La República Dominicana, el segundo país de la región en el volumen de recursos, tiene seis proyectos cuestionados por el banco en obras viales, proyectos de riego y la millonaria termoeléctrica de Punta Catalina, con una financiación prevista de US$ 656 millones. Todas las obras estaban siendo ejecutadas por cinco de las empresas constructoras más grandes de Brasil que participan en la operación del "Lava Jato": Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvão y OAS. Cuatro de ellas ya han tenido a sus líderes condenados por el juez Sérgio Moro, del Tribunal Federal, de 13 de Curitiba. El Lava Jato ya ha tenido 82 condenados en primera instancia, de los cuales 25 se convirtieron en informantes de la trama de corrupción.

EDUARDO BARRENECHE

CONEXIÓN URUGUAYEDUARDO BARRENECHE