El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, confirmó que este lunes el presidente enviará el proyecto de ley al Parlamento.

Carlos Tapia

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó hoy un proyecto de ley de Salud Mental, que promueve otras formas de tratamiento de los pacientes y en uno de su artículos advierte la "prohibición de nuevas internaciones en las estructuras asilares existentes", como ser las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi.

Según informó el ministro Jorge Basso, el presidente Tabaré Vázquez enviará hoy mismo el proyecto al Parlamento.

El proyecto, al que accedió El País, apunta a generar redes de atención comunitaria, como las que ya se están implementando a través de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que consisten en hogares donde residen pocos pacientes y en los que se manejan diferentes niveles de atención según la gravedad de los casos.

El artículo 37 del proyecto de ley advierte "el progresivo cierre de las estructuras asilares y monovalentes y su sustitución por estructuras alternativas tales como centros de atención comunitaria, casas u hogares asistidos y de medio camino, y centros de rehabilitación e integración psicosocial, todos los recursos que no excluyen otros que se consideren hábiles para fomentar la inclusión y la autonomía de las personas con trastorno mental".

Entrevistada por El País este fin de semana, la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, advirtió: "Si me preguntan si voy a cerrar las colonias y el Vilardebó, yo tengo que decir que no". Y reconoció: "Es algo difícil de hacer. Tenemos pacientes que hoy son adultos mayores pero que están allí desde niños. Hay uno que entró cuando tenía apenas siete años. Es muy difícil sacarlos de ese lugar y que no se desorienten. Entonces la idea es humanizar la atención con una red de estructuras de atención comunitaria y rehabilitación".

ASSE ya hizo un llamado a proveedores para generar esta Red. Esta estará formada por Casas de mediocamino (una estructura sanitaria de rehabilitación con equipo técnico las 24 horas y para estadías que van de seis meses a dos años), Residencias asistidas ( con personal que permita una supervisión de 24 horas, para personas con trastornos mentales graves), Hogares protegidos (también con personal los 24 horas, para personas con trastornos graves, pero que necesitan una supervisión moderada) y después las Viviendas supervisadas (que es para pequeños grupos de personas con patologías psiquiátricas, pero que solo necesitan de un apoyo técnico no residente).

El plan advierte también que "las hospitalizaciones involuntarias merecen mayores recaudos" y sobre la voluntarias también se fomenta un "especial cuidado respecto a la obtención del consentimiento informado".

El proyecto fomenta un nuevo abordaje en los tratamientos de salud mental, garantizando los derechos humanos de los pacientes, y en este sentido incluye estos tratamientos dentro del Sistema Nacional Integrados de Salud (SNIS), por lo cual cada prestador, tanto público como privado, deberá diseñar estructuras y capacitar personal, para tratar a estos pacientes.

Se aclara, además, en uno de los artículos que el "consumo problemático de sustancias psicoactivas legales o ilegales debe ser abordado como parte integrante de las políticas de salud mental".

El consumo problemático de sustancias es definido mediante cuatro variables, que va desde la afectación de la salud física o psíquica de los pacientes, de los cambios en sus relaciones sociales primarias (familia, pareja, amigos íntimos) y secundaria (espacios de socialización como el trabajo, estudio y recreación) y el relacionamiento con la ley.

El proyecto establece que los prestadores de salud públicos y privados, además de tener que capacitar al personal para atender a pacientes con patologías psiquiátricas, deberán generar "programas y planes" que sirvan a "garantizar la inclusión social" de los mismos y el respeto de sus DDHH.

Hace dos semanas El País informó que la unidad de Operaciones Especiales K9 de la Guardia Republicana, con su plantel de perros policía, fue 29 veces a las colonias Etchepare y Santín Carlos Ross, y no pudo atrapar a siete perros de la jauría original que mató a un hombre en abril pasado. Sobre esto, la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que tiene a su cargo estos centros, Susana Muñiz, reconoció que "es terrible lo que pasa" y que "hasta ahora no se ha podido controlar".

"Ahora estamos haciendo un cerco doble perimetral. Es que la gente sigue tirando perros a las colonias", sostuvo la jerarca, quien añadió que el pasado jueves encontraron a una perra rodeada de cachorros. "Creo que hay un tema que hay que trabajar, que no corresponde a ASSE, y es la tenencia responsable de mascotas. La Intendencia de Montevideo ya empezó a hacer algo, pero faltan que se tomen medidas en otros lugares". Puntualmente, las colonias se encuentran en el departamento de San José. "Es muy difícil atrapar a los perros, no sé si la cerca va a servir para terminar con el problema, pero es un intento", remató.

plantean un cambio