Gobierno asegura que la norma busca actualizar lo vigente, pero en el Pit-Cnt genera desconcierto.

Desde la esencialidad en la educación no había tanto malestar en el Frente Amplio con una medida del Poder Ejecutivo. El nuevo decreto antipiquetes fue calificado de "inadmisible", "inapropiado" e "innecesario" por parte de legisladores oficialistas que advirtieron sobre la "legitimación de la represión".

El decreto en cuestión otorga potestades al Ministerio del Interior para intervenir en acciones de protesta que incluyan el corte de calles, caminos o carreteras. Desde el gobierno explicaron a El País que el decreto se está trabajando desde el año pasado, y "no se presentó por ningún hecho puntual". El objetivo fue "ordenar la normativa y actualizar el lenguaje, además de establecer el protocolo de actuación para el Ministerio del Interior".

Ayer se implementó por primera vez cuando funcionarios policiales detuvieron a uno de los camioneros en la zona de Conchillas. El vocero del Sindicato Único de Transportistas de Carga y Ramas Afines (Sutcra), Pablo Perdomo desmintió en declaraciones a Inicio de Jornada, de radio Carve, que un trabajador haya atravesado el camión en el anexo de la ruta y denunció la "actuación policial arbitraria".

El hecho no pasó inadvertido para la bancada de gobierno que reaccionó con sorpresa frente al decreto del presidente Tabaré Vázquez. Consultado sobre el tema el coordinador de la bancada del Frente Amplio en Diputados, Jorge Pozzi, se limitó a decir: "He recibido la preocupación de muchos compañeros y me voy a informar sobre el asunto".

El sector Casa Grande, de la senadora Constanza Moreira, fue uno de los primeros en marcar su preocupación por el decreto. "Advertimos que la discrecionalidad que se le da al aparato represivo para actuar sobre asuntos políticos suele volverse en contra de la izquierda, y que legitimar la represión como forma de solución de conflictos en el largo plazo solo puede ser funcional a fuerzas conservadoras", señala el comunicado del sector. El vocero de Casa Grande, Gabriel Delacoste, señaló a El País que el decretó tomó por sorpresa al grupo y se preguntan "por qué es necesario hacer esto en este momento (...) Si alguien está cortando una calle, entendemos que lo primero no es facultar al Ministerio del Interior para actuar. Lo primero es ver qué esta pasando y cómo lidiar con eso. Que en todo caso las decisiones que se tomen sean políticas y no delegadas en los aparatos policiales", alertó.

En el Partido Comunista tampoco comparten el decreto. "Es inapropiado e innecesario y otorga un conjunto de potestades a las fuerzas represivas que no corresponden", concluyó el diputado Gerardo Núñez. A su entender, la norma también "genera un panorama de incertidumbre del campo popular, sin que haya explicaciones concretas que ameriten este tipo de decretos".

El legislador entiende que el decreto "genera un desgaste con un sector de la sociedad", por lo que el camino "debe seguir siendo el del diálogo".

A su vez, el diputado y exdirigente sindical Óscar Groba manifestó su desacuerdo con "las limitaciones" a las protestas sociales. "Estoy muy molesto, porque se restringe el derecho social de manifestarse y en desacuerdo con estas detenciones de trabajadores", admitió.

"No vine a camuflarme a ocupar una banca. Mi posición la conoce toda la bancada y pienso que es inadmisible el decreto porque cercena la posibilidad de manifestaciones sociales que no sean violentas y es muy injusto", subrayó.

Groba se mostró preocupado por las condiciones laborales de los trabajadores del transporte de carga, cuyos convenios entiende que "se fueron violando sistemáticamente". Según dijo, planteó este problema a las autoridades de gobierno, incluido el director de Trabajo Juan Castillo, antes de que asumiera en el cargo.

"Además estoy muy preocupado por la planta de UPM, porque uno de los que no cumplen los acuerdos laborales es el transporte forestal que trabaja para UPM. Sé que las empresas que están instaladas hoy y sus fleteros de transporte forestal tienen dificultades en las relaciones laborales", advirtió.

En la opinión del diputado Felipe Carballo (lista 711) el decreto del Ejecutivo "no debe afectar a los trabajadores en el marco de relaciones laborales".

"Primero que nada confío en el criterio que tiene el presidente que hasta ahora ha sido el de proteger los ámbitos de expresión en forma libre y pacífica. Pero también creo que el Ministerio del Interior debe utilizar esta herramienta de la mejor manera en el marco de la Constitución y de los Derechos Humanos". Carballo dijo tener "toda la sensación de que el decreto fue mal aplicado porque hay trabajadores agremiados y el Ministerio tiene que hacer las consultas".

En el Pit-Cnt la normativa generó desconcierto. Al principio conformó a los dirigentes ya que respetaba el derecho de huelga. Tras lo sucedido con los camioneros, el decreto preocupó a los sindicalistas. El integrante del Secretariado del Pit-Cnt José Lorenzo López dijo que perjudica. "Es un avance más de la represión del Ejecutivo contra las organizaciones de trabajadores. El gobierno ha actuado así: cobrando al grito, surge algo en algún lado y encajan un decreto", dijo a El País.

El abogado laboralista Diego Viana, del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana, Brause, criticó el decreto presentado por el gobierno en el que se limitan los piquetes. "El Gobierno ha perdido una excelente oportunidad de aclarar que los piquetes sindicales deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de ingresar en las instalaciones de la misma", dio el experto a El País.

Para él limitar los piquetes callejeros no tienen que ver con el derecho de huelga; una de las principales reivindicaciones de la central sindical. "El derecho de huelga no es impedir el uso de las calles, caminos o carreteras ni interrumpir u obstaculizar el tránsito en la vía pública", dijo Viana. La normativa presentada no tiene elementos que configuren medida ni modalidad de huelga. Por eso explicó que el Poder Ejecutivo no puede reglamentarlo por decreto. El artículo cuarto del decreto dice expresamente que las medidas previstas no serán aplicadas ante lo planteado en el artículo 57 de la Constitución de la República. Allí es donde está declarada la huelga como un derecho gremial.

"No todas las medidas integran en el concepto de huelga, se requiere una ley que reglamente su ejercicio y efectividad para evitar prácticas abusivas respecto de otros derechos", dijo.

P. S. FERNÁNDEZ / V. GIL

POLÉMICA MEDIDAP. S. FERNÁNDEZ / V. GIL